Un "error" en la notificación de la tasa de residuos en el Vallès abre la veda a reembolsar cientos de recargos ejecutivos

La comarca catalana del Vallès Occidental sigue a vueltas con la nueva tasa de residuos que ya ha irrumpido en grandes ciudades del área de Barcelona. Desde que el territorio alumbró movilizaciones ciudadanas y recogidas de firmas críticas con el tributo, los defensores ciudadanos locales han reprochado a las administraciones públicas falta de transparencia. Ahora, una nueva resolución de oficio de la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, arroja que cientos de recargos ejecutivos sobre la tasa por pagarse ésta fuera del plazo voluntario son susceptibles de ser reembolsados a la ciudadanía al no haberse producido la notificación tributaria como correspondía, tal y como ha podido confirmar EL PERIÓDICO.

La base para justificar la veda abierta de la devolución de los recargos, confirmada a este diario por el Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) de la Diputación de Barcelona (DIBA) —tiene delegada únicamente la recaudación del tributo—, es un "error" en su notificación, tal y como afirman a este diario los síndicos locales de Sabadell y Rubí, Josep Escartín y Carles Aluju. Los defensores ciudadanos critican que en sus ciudades la liquidación del alta en el padrón de la tasa debió notificarse individualmente vía aviso certificado y no a través de carta ordinaria.

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La resolución de la Síndica de Greuges de Catalunya, a la que se remitió previamente el Síndic de Rubí, se expresa en ese mismo sentido: "La liquidación correspondiente al alta del padrón debe notificarse individualmente", reza el texto. Que concluye en sus recomendaciones: "No se podrán aplicar los recargos de la vía ejecutiva [por no pagarse en periodo voluntario] si la administración no acredita que ha notificado la liquidación de forma individual y que los obligados al pago hayan dispuesto del plazo establecido para efectuar el pago".

Este periódico ha podido confirmar que son cientos los pagos de la tasa pendientes de abono. El síndico Escartín también habla de "cientos" de abonos pendientes. Son esos centenares de derramas las que serán susceptibles de devolución al aplicárseles, por no haberse efectuado en plazo voluntario, el correspondiente recargo ejecutivo. Fuentes del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVO), que tiene cedida la competencia del tratamiento de los residuos en las ciudades de la comarca, apuntan a que la tasa ha sido pagada en periodo voluntario hasta la fecha por una proporción de contribuyentes próxima al 80% —un 85% en Sabadell; un 81,5% en Rubí— a estas alturas. En total, el ente remitió al ORGT de la DIBA unos 260.000 recibos para ser enviados en todo el Vallès Occidental, eminentemente Sabadell, Rubí y Terrassa. Desde el CCVO agregan además que un grueso de los recargos susceptibles de reembolso pueden no haber sido cobrados todavía por estar pendientes de ser enviados.

Fuentes del ORGT de la DIBA ratifican que el ente "tramitará la devolución" en caso de que "algún contribuyente haya pagado estos recibos con recargo". Además, a la luz de la resolución de la Síndica de Catalunya, el ORGT también "devolverá los recibos pendientes de pago al CCVO, para que proceda a aprobar las liquidaciones individualizadas que correspondan, y que posteriormente serán notificadas por parte del ORGT a los contribuyentes. En estas notificaciones se dará a los contribuyentes un nuevo plazo de pago en plazo voluntario", afirman desde el ORGT a consultas de este diario.

Ante este intrincado escenario, se darán tres tipos de casuísticas para tasas incorrectamente notificadas. El ciudadano que haya pagado en periodo voluntario la tasa incorrectamente notificada no tendrá ningún tipo de afectación. El vecino que no haya pagado en periodo voluntario y esté en plazo tendrá igualmente un nuevo plazo para pagar, ya que el ORGT devolverá el recibo y volverá a notificar su pago. Y, por último, el vecino al que se le cobre recargo ejecutivo por no haber pagado en plazo voluntario tendrá derecho a la devolución únicamente del importe relativo a la 'sanción' ejecutiva.

Crítica a la tramitación de la ordenanza de la tasa

En una actuación de oficio emitida este pasado verano, el Síndic de Greuges de Sabadell ya alertaba de la problemática que ahora emerge. "Muchos barrios aún no han sido notificados”, señalaba Escartín, que insistía en que, al tratarse de una nueva tasa del CCVO, debería haberse notificado mediante aviso certificado. Los defensores ciudadanos de Sabadell, Rubí y Catalunya coinciden en que el artículo 102.3 de la LGT exige la notificación individual de la liquidación para este tipo de tasas.

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“No cuestionamos la obligatoriedad del pago, sino la manera en que se ha gestionado y comunicado”, explica a este diario Escartín. El defensor de Rubí, Carles Aluju, respalda conceptualmente la tasa por su relevancia en la gestión de residuos y el medioambiente, pero enfatiza la necesidad de un sistema de pago "más equitativo".

La citada resolución de la Síndica de Catalunya también pide explicaciones al CCVO sobre la tramitación de la ordenanza que sustenta la tasa de tratamiento de residuos (aprobada inicialmente en octubre del 2023). Específicamente, la defensora se interesa por la fecha en que se publicó el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia de Barcelona y en qué diario se hizo. La ausencia de este trámite, afirma la Síndica, supondría "la nulidad de pleno derecho de la ordenanza" que sustenta la tasa. Sin embargo, este periódico ha podido contrastar que el anuncio de aprobación inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa se publicó el martes 24 de octubre del 2023 en las ediciones en papel del 'Diari de Sabadell' y del 'Diari de Terrassa'. Esta circunstancia exime el escenario de nulidad al que apunta la defensora ciudadana.

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La tasa del 'quien contamina, paga'

La nueva tasa de residuos que los municipios deben implementar por mandato europeo está provocando un choque de placas tectónicas en grandes ciudades de la región metropolitana de Barcelona, tal y como ya publicó este diario. La casuística es heterogénea porque la tramitación depende de cada ayuntamiento: unos consistorios ya la han empezado a cobrar, algunos únicamente la han aprobado en sus ordenanzas municipales y otros muchos todavía tienen pendiente que entre en vigor.

La ley española que transpone la correspondiente directiva europea determina que los ayuntamientos —de los 8.132 municipios de toda España— deben establecer la nueva tasa antes del 10 de abril del próximo 2025 —tres años desde la entrada en vigor de la ley—, un plazo que exige que las aprobaciones iniciales de las regulaciones locales se produzcan a finales de este 2024. El propósito pedagógico del tributo es desarrollar en las ciudades el conocido como principio de 'quien contamina, paga', según el cual debe ser el productor de los residuos quien sufrague los costes de gestionarlos en función de qué proporción de desecho genere ('pago por generación).

En el área de Barcelona, la concienciación sobre recogida selectiva de residuos está en el foco de las políticas públicas porque las grandes ciudades están muy por debajo del estándar europeo del 50% de recogida selectiva. Los últimos datos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) reflejan que sólo ocho pequeños municipios estuvieron por encima del umbral en 2022, quedando relegados a proporciones próximas al 30% grandes urbes como Barcelona (40,7%); L'Hospitalet de Llobregat (28,5%); Badalona (30,6%); o Santa Coloma de Gramenet (27%). Por los enormes costes que representaría, en estas grandes urbes es especialmente complejo el desarrollo sistematizado del ya referido 'pago por generación'.

Algunas de estas grandes ciudades son, de hecho, las que ya han implementado la nueva tasa para los residuos de uso doméstico, ámbito comercial aparte. Es el caso de Badalona, que ya ha empezado a cobrar un recargo anual de unos 100 euros por vivienda. O el caso de L'Hospitalet, que recaudará de media a partir del 2025 otros 100 euros anuales por hogar, confirman fuentes municipales, con base a su nueva ordenanza, recientemente aprobada.

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