El último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior vuelve a señalar a Barcelona (+15%), L'Hospitalet de Llobregat (+13,6%) y el Prat de Llobregat (+13,9%) como los grandes municipios de la región metropolitana en los que más aumenta la delincuencia. En el extremo contrario, ciudades como Rubí (-8,1%), Sabadell (-6%), Santa Coloma de Gramenet (-3,5%), Sant Cugat del Vallès (-3,1%), o Badalona (-1%) protagonizan los más destacados descensos de la criminalidad registrada.

El pasado 28 de junio, el Consell Esportiu de L’Hospitalet puso punto y final a su relación laboral con M. Hernández, quien, además de ser ahora exempleada de la entidad, es la principal testigo del ‘Caso Consell Esportiu’, la causa judicial que investiga una presunta trama de malversación y desvío de subvenciones en la entidad. La dirección del Consell justificó a Hernández su despido por “causas organizativas”, tal y como consta en la documentación relativa a una demanda de la exempleada contra la entidad a la que tuvo acceso EL PERIÓDICO.

A partir de 2025, los barrios del centro de los nueve municipios que conforman la asociación de municipios del Arc Metropolità (Sabadell, Terrassa o Mataró, entre otros) quedará restringida para aquellos vehículos más contaminantes. Las urbes de la segunda corona metropolitana presentaron los criterios comunes para su propia Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La propuesta sigue el modelo de Barcelona con respecto a los horarios, si bien es más flexible en cuanto a sus excepciones.

La campaña de Navidad, que empezará con el 'Black Friday', es la más importante del año para los tejidos comerciales de las grandes ciudades de la región metropolitana de Barcelona. Conocedores de ello, los ayuntamientos apuran las semanas previas para poner a punto las ciudades, que cada vez más asumen el modelo que en Vigo (Galicia) ha popularizado su alcalde, Abel Caballero, caracterizado por importantes inversiones y espectacularidad mediática, especialmente en lo referido a su enorme árbol de Navidad.

La influencia del incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) en las nuevas ordenanzas fiscales de los ayuntamientos de cara al 2024 ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los alcaldes de la región metropolitana de Barcelona. Aunque con incrementos dispares, la tendencia de los consistorios está siendo elevar la presión fiscal. La justificación que esgrimen los alcaldes es que, sumada la actual inflación a las dificultades endémicas que llevan años lastrando las haciendas municipales, la subida de los tributos locales es la única manera de sufragar gastos y salvaguardar la estabilidad financiera ante la que consideran que es una "situación límite".