Entidades ecologistas mantienen el pulso a un gran plan urbanístico de Gavà y denuncian el riesgo de inundación

El plan de Gavà para construir 4.896 viviendas entre espacios agrícolas y forestales que separan su principal núcleo de población del de Castelldefels, el Pla de Ponent, levantó asperezas con el ecologismo desde que empezó a plantearse, hace ya cerca de 20 años. Las asociaciones que apuestan por la preservación del territorio argumentan que el sector del plan es el único corredor biológico que queda entre el macizo del Garraf y el delta del Llobregat, y que levantar los cuatro barrios ideados por el consistorio truncaría los ritmos normales de centenares de especies.

La plataforma que canaliza la oposición a este proyecto urbanístico, Aturem el Pla de Ponent, y que ya en 2022 presentó un recurso en un juzgado de lo contencioso administrativo para solicitar la nulidad del plan urbanístico y el proyecto de urbanización, mantiene el pulso al planeamiento y ha reforzado sus advertencias de cara a que muchos de los pisos estén proyectados en zonas indudables. Esto se debe a que en los terrenos del Pla de Ponent fluyen varias rieras como la de los Canyars. De hecho, tanto el paso de la tormenta Gloria como las fuertes lluvias de la DANA que azotaron el sur de Barcelona el noviembre pasado causaron inundaciones en el centro de Castelldefels y en la C-32, algo que ha puesto en alerta a los ecologistas, quienes advierten de que la urbanización del entorno puede conllevar una impermeabilización del entorno que contribuya a ese riesgo de inundación.

Los ecologistas, que sustentan sus reclamaciones en un dictamen elaborado por el geólogo Josep Maria Mallarach, aseguran que se han reducido un 62% las medidas de mitigación de los efectos de las inundaciones en comparación a lo que se planteó en los primeros años del plan. Aunque ecologistas y vecinos contrarios al plan han manifestado desde un inicio las dificultades de detener el desarrollo del plan por la vía judicial, apuntan su intención de aportar el informe al procedimiento para reforzar su argumentario. El recurso de 2022 fue admitido, pero el juzgado todavía se encuentra en proceso de estudiar las pruebas aportadas por las distintas partes y decidir si hay o no causa de nulidad, explican fuentes de la entidad.

La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, asegura que ha trabajado con los distintos agentes que poseen terrenos en el ámbito donde se construirán las viviendas, para priorizar que se urbanicen las rieras. Esto, explica, incluye la construcción de tres balsas de contención que tienen que cortar el paso de la corriente de las rieras y evitar inundaciones en la zona durante periodos de lluvia a "500 años" vista. Badia insiste en que, "por mucho que haya quien diga que no", esta actuación también "ayuda a los problemas de inundabilidad que pueda haber en Castelldefels". El propio consistorio ha divulgado en los últimos meses parte del contenido de un informe de la consultora SPESA Ingeniería que también apuntaba que las balsas de laminación blindarían la zona de anegaciones durante 500 años. De hecho, Badia asegura que su propuesta cuenta con el visto bueno de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y está a la espera de recibir el informe por escrito que acabe de avalarla definitivamente.

Las medidas, cuestionadas

Por su parte, los ecologistas aseveran que todas las modificaciones que ha recibido el proyecto urbanístico hasta el momento se han basado en un único estudio de inundabilidad de la ACA que se realizó entre 2003 y 2004 que presenta "grandes carencias", como "mapas que contradicen sus propias conclusiones". La plataforma afirma, con relación al dictamen de Mallarach que, con el tiempo, las medidas contra inundaciones propuestas para el Pla de Ponent no solo se basaban en documentos desactualizados, sino que "fueron a menos". En concreto, aseguran que, de las tres balsas de laminación que pedía la ACA en 2004, solo quedaban dos —y de tamaño reducido— en las últimas modificaciones sobre el Plan que se aprobaron el año pasado.

Respecto al informe de SPESA y a las actuaciones ya previstas, el consistorio dice que, para evitar ese riesgo de inundabilidad y rehabilitar el corredor, se prevé también derribar construcciones abandonadas o limpiar restos de "vertidos incontrolados", entre otras actuaciones, en los ámbitos de la riera de Canyars y del torrente del Calamot, que quedarán integrados en dos nuevos parques que, además, pasarán a ser de titularidad pública, de modo que el consistorio pueda intervenir de forma directa. El ayuntamiento considera que, con estas medidas y las balsas de laminación previstas para almacenar agua, ya se logra reducir el riesgo de inundaciones.

La plataforma ecologista insiste en que el informe, por el momento, "no ha sido publicado ni integrado oficialmente" en el plan, por lo que "se desconoce si cumple con los requisitos normativos" para seguir adelante. De un modo similar responde Badia a las quejas de los ecologistas: "Yo esos datos no sé de dónde han salido. En cualquier caso, como administración que somos, y creo que transparente y abierta, si nos las quieren facilitar, les escucharemos". "Los informes que yo tengo no dicen esto. Los informes que tenemos nosotros son informes a 500 años de episodios de lluvias", defiende la alcaldesa de Gavà, que recuerda que el informe de la ACA que apuntala la visión del consistorio "lo hemos pedido porque hemos querido, no porque lo necesitemos".

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