Gavà empezará en 2026 la construcción de 2.700 viviendas de uno de los planes más ambiciosos del área de Barcelona

El Ayuntamiento de Gavà vislumbra, casi 20 años después de que el proyecto empezara a dibujarse, la materialización del sector del Pla de Ponent, en el tramo sur de la ciudad. Este plan urbanístico, que prevé levantar un total de 4.896 viviendas y una veintena de equipamientos entre los espacios agrícolas y forestales que separan los núcleos de Gavà y Castelldefels, empezará a tomar forma sobre el terreno a partir del 2026, según ha confirmar EL PERIÓDICO. Se trata de uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos de todo el área de Barcelona.

La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia (PSC), explica a este diario la novedad de que el año que viene está previsto que empiecen las obras de los dos nuevos barrios adyacentes a la C-245. Se trata de los barrios de Ca n'Horta y Canyars Sud. Badia apunta a que el primero, llamado así en referencia a una de las masías presentes en el área, mantendrá su nombre, mientras que el segundo se rebautizará para no confundirse con el barrio de Canyars de la vecina Castelldefels. La alcaldesa señala que el futuro nombre también podría venir dado por otra de las masías cercanas, como Can Rosés.

La construcción de estos dos nuevos barrios supondrá la creación de 2.760 nuevas viviendas, algo más de la mitad de las que proyecta el conjunto del plan. De estos casi 3.000 pisos, 1.082 serán de protección oficial, es decir, con precios por debajo del mercado. Se prevé que los primeros vecinos reciban las llaves el 2029, apunta Badia, quien recuerda también que todos los pisos protegidos serán de titularidad pública y de alquiler. Estarán gestionados por el propio consistorio o por entidades supramunicipales como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) —a través del IMPSOL— o la Generalitat —a través del Incasòl—, a las que el Ayuntamiento ha cedido ya terrenos o edificios. Badia asegura que la gestión de alquileres de protección oficial supone "un gasto añadido" para el consistorio por lo que es "mucho más fácil" ceder terrenos a entidades como el Incasòl o el IMPSOL.

Pese a que el plan ha contado desde hace años con una fuerte oposición de entidades ecologistas, incluso con predicamento en los tribunales, ha seguido adelante y el gobierno local confía ahora en que el proyecto permita oxigenar el tensionado mercado de la vivienda del municipio, con precios de alquiler que rondan los 1.000 euros de media al mes.

El problema de acceso a la vivienda

Los dos primeros edificios que se construyeron en el Pla de Ponent —ubicados en el nuevo barrio de Can Ribes—, están gestionados por el AMB. Los inquilinos recibieron las llaves de esta primera promoción a finales de 2022. Aunque el volumen de viviendas total del plan ha supuesto críticas por tener una dimensión metropolitana antes que local, entre las condiciones del sorteo para acceder a uno de estos pisos se priorizó a los habitantes de Gavà, a personas que habían tenido que irse a vivir fuera de la localidad y a personas que trabajan en el municipio, en este orden. "Lo que conseguimos fue que en absolutamente toda la promoción viva gente de Gavà", asegura Badia, que prevé extender estas condiciones al resto del plan. La alcaldesa cifra en 2.500 las personas solicitantes de vivienda pública en su ciudad, de las cuales 800 vehiculan su petición a través del propio consistorio y otras 1.700 a través del registro de la Generalitat.

Para que los edificios de la primera promoción del Plan, los de Can Ribes, pudieran ser íntegramente de protección oficial, el consistorio tuvo que redibujar la distribución de pisos protegidos del conjunto del proyecto. Esto deja ahora en manos municipales dos fincas que tendrán que ofrecer sus viviendas en el mercado libre. La alcaldesa remarca que hacer que estos pisos estuvieran también protegidos implicaría una reforma íntegra del primer proyecto de reparcelamiento de los terrenos, que ya en 2008 estableció en un 40% — unos 1.959 pisos— el porcentaje de viviendas protegidas del plan.

Para evitar el calvario burocrático y las negociaciones con los demás propietarios que implicaría tal modificación, el Ayuntamiento venderá su parte de los terrenos adjudicados para que sea un privado quien edifique y oferte las viviendas. Con el beneficio que saque, el consistorio planea "pagar la carga que supone urbanizar" todo el sector. "Estas fórmulas son las que nos permiten crear vivienda protegida", asevera Badia, que pone a Viladecans, Sant Boi o Cornellà como ejemplos de otros municipios que también han optado por vender terrenos libres para poder asumir costes de urbanización.

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Viviendas de lujo

Más allá de las viviendas protegidas, el proyecto también conlleva un negocio millonario. El Pla de Ponent se planteó poco antes de que se dejaran notar los efectos de la crisis del ladrillo de 2008 y, con el estallido del 'boom' inmobiliario, varias de las empresas propietarias de terrenos de la zona, como la inmobiliaria Vertix Procam, desaparecieron. Aprovechó la ocasión el fondo inversor Kronos Home, que adquirió hasta el 38,79% de la superficie edificable del plan, lo que se traduce en unas 1.900 viviendas.

En las primeras promociones que prevé construir el fondo, también en el barrio de Can Ribes, se ofertan viviendas de lujo a partir de 390.000 euros por un piso de dos habitaciones de 75 metros cuadrados. Tal y como el propio fondo publicita en su web, ya hay al menos 17 pisos todavía sobre plano reservados. Los más caros superan el medio millón de euros. El fondo, además, también disfruta de derechos sobre los dos únicos terrenos hoteleros que prevé el plan urbanístico. Uno de ellos, compartido al 50% con un particular, estará en el futuro barrio de Canyars Sud. El segundo, que tendrá una superficie de 8.429 metros cuadrados, está previsto que se construya durante la segunda etapa de construcción del Pla de Ponent donde hoy hay una hípica abierta desde 1960. En el edificio todavía viven algunas familias que, según la alcaldesa, "saben perfectamente" que "están en precario".

La alcaldesa no cree que la construcción de los hoteles en el Pla de Ponent —ni tampoco los que están previstos en la zona de Can Torelló— vaya a tensionar aún más los precios de la vivienda en Gavà ni que vayan a entrañar ningún problema de convivencia. "No creo en absoluto que el modelo de ciudad de Gavà tenga que ir hacia una explotación turística como la de Castelldefels o Barcelona. Nosotros ni tenemos la capacidad [para hacerlo] ni la queremos", asevera Badia.

Las rieras

Más allá de la crisis económica, otro de los elementos que ha mantenido en vilo el plan ha sido la oposición que recibe el proyecto por parte de entidades ecologistas, la mayoría de ellas reunidas en la plataforma Aturem el Pla de Ponent, que aseguran que los nuevos barrios cortarán el último corredor biológico que existe entre el delta del Llobregat y el macizo del Garraf. Estos últimos años, y desde la llegada de Manu Reyes (PP) a la alcaldía, el plan también ha recibido la oposición frontal del Ayuntamiento de Castelldefels, que teme que la proximidad de los nuevos barrios al centro de su municipio colapse sus servicios.

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Badia asegura que, desde su llegada a la alcaldía en 2021, ha trabajado con los distintos agentes que poseen terrenos en el ámbito donde se construirán las viviendas, para priorizar que se urbanicen y regenerar las rieras y se adecúen tanto los espacios naturales como los servicios básicos de los futuros barrios antes de empezar a construir los edificios en sí. "Hicimos un análisis de flora y fauna y vimos que el estado de degradación era bastante fuerte", asegura Badia, que también destaca la importancia de que los terrenos agrícolas y forestales del sector —ahora en manos privadas— pasen a ser públicos para poder actuar directamente y "naturalizar todo el espacio" que rodeará a las viviendas.

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