Confirman la pena a siete cargos del PDeCAT de Esplugues por exigir a un concejal desviar fondos del grupo municipal

La Audiencia de Barcelona ha confirmado la condena a siete exdirigentes del PDeCAT de Esplugues de Llobregat en el 2016 a tres meses de prisión y casi 900 euros de multa por los delitos de proposición a la malversación e intento de coacciones. Según la sentencia, a la cual ha tenido acceso la Agència Catalana de Notícies, los hechos se remontan a febrero del 2017. Miembros de la ejecutiva local del PDeCAT se reunieron con un concejal del partido y le exigieron que transfiriera a la formación parte de la asignación que recibía el grupo municipal.

La presión, según la sentencia, se hizo a pesar de saber que las dotaciones otorgadas por el Ayuntamiento a los grupos municipales (en aquel momento, 650 euros por grupo y 380 euros por cada miembro cada mes) no se podían destinar a financiar el partido.

La sentencia también considera probado que los condenados, "con conocimiento claro de la normativa contraria a sus pretensiones", solicitaron al concejal Albert C.N., líder del grupo municipal de su mismo partido en el 2015, tener acceso a parte del dinero proveniente de las arcas públicas municipales "para sufragar las necesidades particulares o privadas del partido político PDeCAT, incluidas las de organizar una campaña electoral". En la reunión también estaba el asesor del grupo municipal y la madre de este, que no intervinieron. El edil no accedió a la petición y puso los hechos en conocimiento de los órganos del partido pocos días después de la reunión y de los juzgados de Esplugues en julio del 2017.

Reunión grabada

El relato de hechos probados recoge la grabación de la conversación que se produjo en aquella reunión, algunas de las cuales aludían a la manera "como se financiaba este partido en otras épocas", así como al hecho que se habían tenido que cambiar "una serie de cosas por la ley de transparencia". La reunión tenía como dos de los cinco puntos del orden del día la financiación del partido a nivel local y la financiación de los asesores del grupo municipal. En el encuentro, los miembros de la ejecutiva local dejaron claro al regidor que el partido necesitaba financiación para afrontar, entre otras, la campaña electoral local del 2019, y afirmaron que, a raíz de la ley de transparencia, todas las formaciones están buscando la manera de conseguir que las asignaciones de los grupos municipales lleguen a las formaciones.

Josep B.C. le dijo: "Tú no has visto a mi lado que haya funcionado nunca así; queremos volver a la época antigua y esperamos contar con vosotros, así de claro, por eso estamos aquí". "Tú sabes que el dinero que recibía el grupo municipal en función de los gastos iba parte al partido, y los manejaba el partido, esto es lo que queremos volver a hacer", le explicitó.

"No tenemos ni para pipas"

Otro dirigente, Pedro R.S., dijo que en las elecciones municipales del 2015 el partido se había gastado más de 11.000 euros en Esplugues. En el 2017 solo tenían 1.000 euros. "Cuando llegue la campaña no habrá ni para pipas, y una campaña sin pipas, pues no lo sé, algo se tendrá que hacer", argumentó.

El presidente del partido a nivel local, Pere C.Q., relató: "Todo esto es la legalidad y hacemos lo que hace todo el mundo; igual que hemos comentado con equipos locales de nuestro entorno, cómo lo hacen, y al final el dinero acaba llegando al partido. Cada cual lo hace como cree que se tiene que hacer, hablando con los interventores, con los secretarios, al final el dinero acaba llegando al partido".

Una de las fórmulas que se proponían es que el grupo municipal tuviera un asesor "a sueldo del Ayuntamiento" para, después, "sacarle todo el rendimiento" tanto para el mismo grupo como para el partido, "porque esto es lo que pasa de manera habitual en todas partes con el tema de asesores". "Cómo todo, los reglamentos existen, todos sabemos que las leyes las tenemos que cumplir al 100%, tenemos que ser puristas, y conocer el riesgo que corremos cuando no la cumplimos", dijo, pero a continuación añadió: "No veo gente que vaya a la prisión porque el dinero del grupo municipal vaya no sé dónde, si van a prisión será por otras cosas; cuando todo el mundo tiene los mecanismos para poder hacerlo, nosotros los tenemos que utilizar, los tenemos y lo tenemos que hacer".

Amenazas

La sentencia también recoge que uno de los acusados amenazó el regidor, ante el silencio del resto de condenados, con la expulsión del partido si no accedía a la petición. Le dio tres opciones: marcharse del partido si no estaba de acuerdo, que la ejecutiva local del partido controlara directamente la asignación del Ayuntamiento al grupo municipal como se había hecho anteriormente o: "Te echamos del partido directamente". Además, también le exigieron que el gobierno municipal contratara un asesor que en realidad también trabajaría para el grupo municipal y el partido.

El concejal no cedió a la amenaza de la ejecutiva y fue expulsado del partido el 26 de octubre del 2017, el día antes de la declaración unilateral de independencia en el Parlament de Catalunya. El 22 de enero del 2018 fue expulsado del grupo municipal y pasó a ser regidor no adscrito. La ejecutiva local del partido cesó en octubre del 2020 y muchos de sus dirigentes se dieron de baja de la formación.

Por todo esto, el juzgado penal número 8 de Barcelona los ha condenado a tres meses de prisión y de inhabilitación para cargo público local por un delito de proposición a la malversación de fondos públicos, con la atenuante de dilaciones indebidas, además de una multa de 176 euros. También los condena a 720 euros de multa por un delito menos grave de intento de coacciones, y a pagar conjuntamente 4.000 euros de indemnización al regidor represaliado por daños morales. La fiscalía y la acusación particular pedían inicialmente dos años de prisión, pero al final del juicio rebajaron la petición a la mitad.