Más de tres fincas enteras por mes caen en manos de fondos de inversión en la Esquerra de l'Eixample

Hace menos de cuatro años, la Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample certificó que 44 bloques de viviendas del barrio habían sido adquiridos por fondos de inversión o, lo que es lo mismo, que cientos de residentes habían sido expulsados de sus hogares o estaban en proceso de gentrificación. El pasado enero radiografiaron de nuevo la situación. Los bloques eran ya 68. Los han vuelto a hacer y en medio año se han sumado 22 nuevas fincas a esa osteoporosis inmobiliaria, una cifra mayúscula, pues revela que cada mes que pasa, esos fondos de inversión compran de media más de tres edificios con todo tipo de intenciones (especular, expandir la mancha de los ‘colivings’, ofertar viviendas de lujo…) y, lo que más sorprende, a la asociación de vecinos, con la inacción, cuando no la ayuda, de las administraciones públicas.

El desembarco de los fondos de inversión en la ciudad tuvo como primer puerto la Dreta de l’Eixample, y ahí ya fue noticia en su día que, de media, una finca entera cada mes caía en ese lado de la balanza. L’Esquerra de l’Eixample, con esos 22 edificios adquiridos solo desde enero, bate esa preocupante plusmarca. Es más, el problema, ya que se trata del sector inmobiliario, recuerda la asociación vecinal que no tiene techo. En el barrio hay 859 propiedades verticales más, un yacimiento de oportunidades inmenso que, en caso de que sea aprovechado, aunque sea solo parcialmente, amenaza con transmutar de forma irreversible la demografía de esa parte de la ciudad. Solo para subrayar lo que esa amenaza representa, basta con recordar el estudio que a finales de 2025 elaboró la Universitat de Barcelona sobre cómo la Dreta de l’Eixample ha comenzado a entrar en una nueva fase de consecuencias imprevisibles, la hipergentrificación, en la que los nuevos dueños de los pisos ni siquiera compran esas viviendas como primera residencia, sino solo para estancias ocasionales a lo largo del año.

La denuncia sobre cómo galopa al trote la compra de propiedades verticales en la Esquerra de l’Eixample la han presentado conjuntamente la asociación de vecinos y el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya en un lugar muy simbólico, frente al gigante bloque de viviendas de Tarragona 84-92 que el grupo Finques Gallardo pretendía convertir íntegramente en apartamentos turísticos y en el que, la movilización de los afectados, dejó ese propósito a medio cumplir. Allí han presentado los últimos datos del problema, que calculan que afecta a unos 3.000 vecinos del barrio ya con las 90 fincas compradas desde hace cuatro años, pero, sobre todo, han repasado, en todos los sentidos de la expresión, el papel de las administraciones.

Por una parte, han recordado el sinsentido del desahucio judicial que ejecutaron los Mossos d’Esquadra el pasado 20 de mayo en el número 60 de la calle de Buenos Aires. La empresa propietaria de la finca es el fondo New Amsterdam Developers (NAD), que echó de su hogar a una mujer y sus tres hijos. Lo que indigna a los sindicatos y a la asociación de vecinos es que NAD es una sociedad que adeuda más de 200.000 euros a la Agencia Tributaria, que le ha embargado incluso el cobro de las mensualidades de los inquilinos que viven en sus propiedades, a los que a corto, medio o largo plazo pretende expulsar. Solo con lo que costó el despliegue policial para ejecutar ese desahucio se podrían pagar muchos meses de alquiler, denuncian. “Una vez más se es fuete con los débiles y débil con los fuertes, añaden.

El otro varapalo se lo ha llevado el Ayuntamiento de Barcelona, poque, según los sindicatos y la asociación vecinal, ha dejado sin resolver los expedientes sancionadores que se iniciaron durante el anterior mandato municipal en aplicación de la ley de la vivienda y que podían conllevar multas de hasta 900.000 euros a algunos de esos fondos de inversión. Con esa inacción, dicen, se ha desdeñado la oportunidad de enviar un mensaje claro a esas empresas de que no son bienvenidas en la ciudad. Admiten que, en contrapartida, se han abierto algunos expedientes basados en la ley de urbanismo, por licencias obras inadecuadas, pero que comportan sanciones muy menores y perfectamente asumibles por parte de las empresas.

Por último, los afectados han denunciado el papel crucial de los bancos, que financian la compra de fincas a los fondos de inversión, que, después, retornan sin problema el préstamo a través de los beneficios que obtienen de la gentrificación.

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