El calvario de Rosario, la única vecina fija en un bloque de Barcelona reconvertido en 'coliving' de estudiantes extranjeros

Calle Entença, 69. Rosario Castelló es a estas alturas de la historia la única vecina original de las 11 viviendas de la finca, un edificio levantado en 1936, casi esquina con Diputació. Vive en uno de los dos pisos principales. El resto de los apartamentos son lo que eufemísticamente y en inglés se llama hoy un ‘coliving’, vamos, lo que antaño era una pensión, habitaciones de alquiler, pero sin conserje alguno. Cada uno de los pisos ha sido transformado en habitaciones para (eso dicen) estudiantes internacionales, casi siempre procedentes de Estados Unidos.

Con dos habitaciones dobles y tres individuales en cada antigua vivienda, los residentes temporales son siete por apartamento, en total, unos 70 en toda la finca cuando todas las camas están alquiladas. Ahí no hay viernes y sábados, dice, Rosario. Todos los días parecen ser vísperas de festivo. Ruido a cualquier hora de la madrugada, botellas y otras basuras en el vestíbulo y la escalera, un entrar y salir constante de repartidores de Glovo… El piso de Rosario tiene un pequeño balcón y una terraza posterior, donde recoge colillas, comida, bragas y unos pequeños recipientes de plástico que al principio no sabía que eran, pero siempre se aprende algo. Son una suerte de fundas de ‘porros prêt-à-poter’. Los venden incluso en Amazon. Portaporros, les llaman. En mitad de todo ese berenjenal, sin embargo, quien se enfrenta a la justicia es Rosario. La empresa que adquirió la finca, Vandor Real State, quiere que se vaya. Su negocio es el ‘coliving’, no el alquiler. Asegura esta firma que jamás desea finales traumáticos para los antiguos residentes y que, en esta ocasión, ha planteado a la afectada una mudanza también al centro de la ciudad.

La respuesta más detallada de Vandor ante este episodio figura al final del texti. La cuestion, antes, es que el caso fue debatido en la última audiencia pública del Eixample, un órgano de participación ciudadana donde las molestias ocasionadas por los apartamentos turísticos, legales o no, monopolizaban hasta hace bien poco las quejas vecinales relacionadas con la vivienda. También tenían su cuota de protagonismo los alquileres de temporada, que, a día de hoy, son en algunas zonas del distrito más del 75% de la oferta disponible, a precios inasumibles, claro. Eso está cambiando. Esas audiencias públicas son el canario de la mina. Sirven a su manera para predecir hacia donde se encaminan los problemas. El caso de Entença 69 ya no es la punta de un iceberg. Cerca de ahí, la Casa Fajol o Casa Papallona va camino de convertirse, como se publicó hace pocos días en este diario, en la nueva Casa Orsola de la ciudad. También el propósito del fondo inversor que compró ese edificio es reconvertirlo en una colmena de habitaciones y no precisamente baratas.

Odisea para ver los expedientes

Pero el caso de Rosario tiene una característica especial, y no es solo porque sea la última residente fija de la finca. Vandor, el fondo inversor en este caso, tiene otras 12 fincas más en la ciudad, en Balmes 335, Nàpols 206, Rocafort 219, avenida Madrid 110, Muntaner 448, Concòrdia 12, Consell de Cent 538, Consell de Cent 222, Còrsega 396, Amigó 26, Petritxol 4 y Avenir 62. Los afectados están uniendo sus fuerzas.

Los del inmueble de la calle Avenir, afiliados por su problema al Sindicat de Llogateres, acudieron también a la audiencia pública del Eixample. Habló en su nombre Jordi Sala. Fue una intervención ovacionada. Desde hace un año, los vecinos de las fincas de Vandor reclaman una batería de expedientes al Ayuntamiento de Barcelona porque tiene el convencimiento de que la empresa se ha saltado trámites administrativos y ha incurrido en infracciones urbanísticas para llevar a cabo sus planes. Con solicitudes de obras simples para un par de pisos se ejecutan reformas integrales y más amplias. En el caso de Entença 69, por ejemplo, el Sindicat de Llogateres considera que Rosario debería poder permanecer en su casa por la simple aplicación de la reserva del 30% de alquiler social que la empresa se habría saltado ante la indiferencia municipal.

Hasta la audiencia pública, solo el distrito de Sarrià-Sant Gervasi había facilitado parte de la información requerida. En su intervención, Sala reclamó una vez más esa documentación, en este caso al concejal del Eixample, Jordi Valls, con el argumento de que si la autoridad municipal no hace su trabajo, como mínimo que permita que lo hagan los vecinos. Valls prometió que en una semana tendrían esos expedientes. Ha cumplido su palabra. Ya los tienen.

La incógnita de la ley

La nueva legislación aprobada el pasado diciembre en el Parlament debería atajar, se supone, la sangría gentrificadora de los ‘colivings’, porque, en principio, la suma del alquiler de todas las habitaciones de un piso no puede superar el precio de referencia de rentar una vivienda de esas características y lugar. El blindaje final, no obstante, depende del Congreso de los Diputados, tanto en esta materia como la de los alquileres de temporada. Depende de Junts, recuerda el Sindicat de Llogateres. En caso de voto afirmativo a la nueva ley de arrendamientos urbanos por parte de esta formación, los responsables del sindicato creen que por fin esta sería una embarcación sin vías de agua como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

En el caso de Barcelona, no hay mes o quincena en la que algún concejal del gobierno municipal o el propio alcalde Jaume Collboni no recuerde que el ayuntamiento pretende extinguir las 12.000 licencias de apartamentos turísticos que operan en la ciudad. Si ese plan resiste la embestida jurídica que ha anunciado la patronal de ese sector, el Sindicat de Llogateres opina que lo importante será lo que sucederá después. Se trata, dice una portavoz de esa organización, de que esos 12.000 apartamentos regresen al mercado clásico del alquiler, no que incrementen aún más la oferta de ‘coliving’.

A todo esto, ¿cuál es el punto de vista de Vandor? "Nuestro modelo de negocio busca profesionalizar un segmento históricamente informal, aportando una oferta legal y de calidad para perfiles temporales que, de otro modo, tensionarían aún más el mercado residencial convencional. El 94% de nuestros acuerdos con inquilinos preexistentes se resuelven de forma amistosa mediante compensaciones, soluciones habitacionales o apoyo logístico", subraya la empresa a través de un comunicado. Añade también que "Vandor desarrolla su actividad bajo el más riguroso respeto a la normativa vigente", un principio que incluye el respeto a los índices de precios correspondientes y a la "tramitación impecable de todas las licencias administrativas y permisos de reforma". Sobre esto último, el Sindicat de Llogateres insiste en que será el examen de los expedientes municipales lo que arrojará más luz sobre este apartado.