Victoria vecinal en Tarragona, 84: la inmobiliaria renueva contratos de alquiler en la finca de las 120 licencias turísticas

Diez familias del número 84 de la calle de Tarragona, o sea, la más conocida y simbólica primera línea de combate contra los apartamentos turísticos en Barcelona, han conseguido renovar sus contratos de alquiler. Iban a extinguirse en 2026. Han logrado una prórroga de tres años, poco tiempo, según se mire, pero que sitúa el nuevo final más allá de la fecha en que se pretende poner fin a todos los pisos turísticos de la ciudad. Parece a todas luces un punto de inflexión y no solo para los residentes en esa dirección postal.

El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) se puso en su día al servicio de los vecinos afectados de esta gigante finca de 120 viviendas (de ahí su carácter simbólico, por su tamaño) y a través de un comunicado ha anunciado ahora lo que, no solo desde su perspectiva, es una victoria. “Tras meses de negociación, la propiedad se ha visto forzada a prorrogar todos los contratos que caducan en 2026”. La propia existencia de una negociación ya es una victoria, pues, lo común en estos casos, es que los dueños de los apartamentos no vayan más allá del contacto a través de burofax. Tras el anuncio, el teniente de alcalde Jordi Valls ha calificado el hecho de "magnífica noticia, para los vecinos afectados, por supuesto, pero también para toda la ciudad". "Es una señal de que las cosas están cambiando", ha celebrado.

Fue en abril de 2023 cuando saltó la noticia: un juez obligaba al Ayuntamiento de Barcelona a aceptar como válidas 120 licencias de apartamento turístico en Tarragona, 84. Desde 2014 no se concedían nuevos permisos de este tipo que, con un simple pago de 230 euros, convertían una vivienda en un lucrativo negocio. El error de partida al aprobarse la norma era más que evidente. Nadie hizo caso de las advertencias. En 2004 había en Barcelona 81 pisos turísticos. En 2014, cuando se cerró la ventanilla de peticiones, ya eran 9.606. El PEUAT, la norma municipal que regula esta actividad, fue llevada ante la justicia y ahí, sin que entonces lo supieran los vecinos, nacieron los futuros problemas del bloque de la calle Tarragona.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declaró nulo el PEUAT y a la carrera hubo que corregir y aprobar una nueva versión del texto. Fue en ese paréntesis administrativo cuando no pocos propietarios inmobiliarios, los más bien asesorados, solicitaron de nuevo licencias. El grupo Gallardo logró así que las 120 viviendas de su finca de Tarragona, todas hogares familiares, fueran declaradas turísticas. No fueron las únicas de Barcelona. En total, la justicia obligó a validar unos 900 casos.

Con estas cifras sobre la mesa, la renovación de 10 contratos podría parecer anecdótica. No lo es. En la finca hay hoy 35 apartamentos turísticos en activo, es decir, algo más de una tercera parte de las puertas. Para los residentes es un sinvivir. Enrique Núñez, por ejemplo, vive en una suerte de bocadillo, en el que las rebanadas son dos apartamentos mal insonorizados y por los que el paso de visitantes es incesante. Tiene 83 años y lleva un cuarto de siglo en la finca. Le consta, dice, que otra vecina del inmueble lleva dos semanas de mal dormir porque le han tocado en suerte, al otro lado de la pared, turistas que regresan de fiesta de madrugada y que la continúan en casa.

Eso sucede con ‘solo’ 35 apartamentos turísticos. En su momento, el ayuntamiento recurrió a una treta para suspender una parte de las licencias que la justicia le obligaba a dar por buenas. Consideró que, pasado un plazo razonable, la licencia de obras para transformar una vivienda en apartamento turístico caducaba. La propiedad solo podía llevar a cabo ese cambio si antes echaba los vecinos. Tenía que esperar a que se extinguieran los contratos de alquiler o a que, cansados por las molestias y las incertidumbres, los inquilinos se fueran. Vamos, los llamados desahucios invisibles.

De un tiempo a esta parte, así, lo que ha crecido en el bloque de Tarragona es la presencia de alquileres de temporada, otro error de cálculo legislativo, que al menos no molestan tanto, como dice Núñez, pero que por sus precios tienen también un indeseado efecto gentrificador.

Aval constitucional

En su comunicado, el SHSC se coloca todas las medallas. Subraya que la negociación ha culminado con la renovación de los contratos sin la mediación de los políticos. De hecho, sitúan al gobierno municipal en el mismo bando que la inmobiliaria. Es su punto de vista. Es cierto que este sindicato fue el que capitaneó la ocupación de las oficinas de la inmobiliaria cuando esta se oponía a entablar ningún tipo de conversación con los vecinos, pero desde entonces el telón de fondo es otro. El gobierno municipal ha repetido con insistencia que en 2028, la fecha que como muy pronto les permite la ley, anulará todas las licencias de piso turístico de la ciudad. Será, es verdad, tras las próximas elecciones municipales de 2027. Sin duda será uno de los ejes de la campaña.

Ante esa amenaza, el lobi que representa a los apartamentos turísticos movió ficha, pero, por el momento, el Ayuntamiento de Barcelona ya tiene un primer aval de sus intenciones, nada menos que del Tribunal Constitucional. La incógnita de la ecuación, que quizá ha comenzado a despejarse con este triunfo del SHSC, es qué sucederá de aquí a 2028. Por lo pronto, 10 viviendas de Tarragona consolidan el uso residencial durante tres años más. Los contratos se han firmado, además, en vísperas de la reforma de la ley que regula los alquileres de temporada, para cerrar al menos en parte el grifo, pues en barrios como la Esquerra de l’Eixample apenas se ofertan ya alquileres convencionales. El 80% de los anuncios de los portales son alquileres por meses a precios inasumibles para residentes permanentes. Los 10 contratos ahora renovados en Tarragona, 84 cobran un especial significado en este contexto.

El ayuntamiento no solo se ha alegrado por la renovación de los contratos a 10 familias, sino que considera que, cara al mercado, lo sucedido es una señal inequívoca de que las reglas del juego están cambiando. "Los inversores saben que tienen que modificar su modelo de negocio, saben que en esta ciudad ya no son bienvenidos quienes compran pisos para obtener rentabilidades del 22%", ha subrayado Valls. Su posición no coincide, desde luego, con la del sindicato. El ayuntamiento insiste en que el sector privado es un actor indispensable para resolver la crisis habitacional, pero solo si está dispuesto a percibir por ello beneficios adecuados, no a que las reglas de la ciudad sean las de un Monopoly. En esa línea, Valls ha añadido que los alquileres de temporada de la finca de la calle Tarragona tendrán también que ajustarse a las normas de la nueva norma. Se trata de una zona tensionada y, por eso, hay límites en las rentas.

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