La Sagrada Família aborda su pérdida de vida vecinal y su incapacidad de generar otra nueva

Como mínimo 19 fincas completas del barrio de la Sagrada Família han sido compradas este año con fines especulativos y solo una, por la potestad municipal del tanteo y retracto, ha terminado en manos del Ayuntamiento de Barcelona. Abundan en el barrio los pisos turísticos, no todos con licencia, y el alquiler sin escrúpulos de habitaciones ha comenzado a dar pie a una forma de abuso inmobiliario peor, el alquiler de camas por horas. Son cuestiones estas tres que fueron abordadas la noche del lunes en el Consell de Barri de la Sagrada Família, en una sesión casi monográfica en la que la asociación de vecinos presentó las conclusiones de un estudio con el que pretendía dar respuesta a dos preguntas: ¿por qué se va gente del barrio? y ¿por qué hay quien quiere y no puede venir a vivir en él? Algunas de las respuestas fueron predecibles, pero el presidente de la asociación, Gabriel Mercadal, subrayó como mínimo dos razones que a menudo se orillan.

Entre los motivos obvios o sobradamente conocidos está que las personas mueren o que, ya ancianas, terminan en residencias, y también que la compra de viviendas o de fincas completas para reformarlas como pisos de lujo comporta una expulsión de vecinos de toda la vida. Eso, lo evidente, quizá eclipsa lo menos subrayado, dijo Mercadal, como el hecho de que la ética profesional de una parte de los administradores de fincas deja mucho que desear cuando “aprietan con formas muy agresivas a los inquilinos” y, también poco destacado, que las llamadas rentas vitalicias que amablemente se anuncia por televisión no son más que una gentrificación con efecto retardado.

Entre los motivos por los que tan difícil es afincarse en la Sagrada Família está, a la cabeza, los precios de los alquileres, y en segundo lugar la desconfianza de los propietarios a la hora de aceptar inquilinos, un temor que en ocasiones va más allá y es directamente racismo inmobiliario, pesa más el color de la piel que la nómina mensual de la empresa.

La sesión era, lo dicho, un consejo de barrio, es decir, un encuentro cara a cara entre vecinos y representantes municipales, y para la ocasión el Ayuntamiento de Barcelona llevó a su comisionado para cuestiones de vivienda, Ramon Riera. Quizá no convenció a la mayoría de los presentes, pero algunos de los datos y opiniones que expuso fueron interesantes. Pese a que persiste el escepticismo de los afectados, insistió en que el ayuntamiento pretende retirar en 2028 todas las licencias de apartamento turístico de la ciudad, unas 10.000. Defendió que la regulación de los alquileres por parte de la Generalitat ha sido beneficiosa en barrios como la Sagrada Família y que el siguiente paso será poner coto a los abusos en el alquiler de habitaciones y, después, regular el mercado de la compra y venta de viviendas.

Apuntarse al registro de pisos sociales

La meta, dijo, es que 2040 el 15% de todo el parque de viviendas de Catalunya sea público, un objetivo para el que, en el caso de Barcelona, el ayuntamiento debería alcanzar más pronto que tarde un ritmo de producción de 1.000 nuevos pisos por año. Pero, tal vez, lo más interesante de su intervención estuvo entre líneas. Reconoció que apenas hay oferta de alquiler que no sea de temporada en los portales inmobiliarios que estos últimos años han copado esa tarea. Es un problema y, según vino a decir, una oportunidad para que esos portales pierdan esa posición de dominio que muy a menudo han utilizado para sobrecalentar los precios del alquiler. Una parte de los propietarios han vuelto a confiar en las pequeñas agencias de barrio, pero, en su opinión, lo más importante sería que al finalizar los estudios todos los jóvenes que crean que tendrán problemas para acceder a una vida independiente se inscriban en el registro de solicitantes de vivienda pública. No es una solución ni mágica ni inmediata, pero, según Riera, a medio plazo será eficaz.

El turno de intervenciones del público, eso sí, ha sido después un baño de realidad. Pau, Adoración, Sara, Gerard y varios vecinos más del barrio han contado sus respectivos casos sobre lo que supone vivir en la Sagrada Família y han planteado en algunos casos remedios que, perfectamente argumentados, no parecían nada absurdos. ¿Un ejemplo? ¿Por qué se necesita una mayoría de tres cuartos en una comunidad de vecinos para modificar los estatutos de la finca y vetar así los apartamentos turísticos? Debería bastar que un vecino se opusiera a ello para que así fuera, dijo una de las voces, pues debe prevalecer el derecho a conocer quiénes son las personas con las se comparte la vida cotidiana.

Suscríbete para seguir leyendo