La justicia ha legalizado 543 apartamentos turísticos en el Eixample de Barcelona desde 2023 y puede llegar a los 628

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado de alta desde febrero de 2023 en el Eixample, por orden judicial, no por voluntad propia, 543 nuevas licencias de apartamentos turísticos, prevé que en breve esa cifra ascienda a 599 y que, en el peor de los casos, la cantidad total termine por alcanzar un techo de 628. Son las cifras que dio el pasado jueves por la noche el teniente de alcalde Jordi Valls durante la audiencia pública vecinal del distrito del Eixample.

No hay sesión mensual de estas reuniones en que las molestias que causan los apartamentos turísticos en las comunidades de vecinos no salgan a colación, y, por enésima vez y sin matices, Valls insistió en que el propósito del equipo de gobierno es poner fin totalmente a este tipo de negocio en la ciudad a partir del 2028, que es cuando normativamente podrá el Ayuntamiento encarar ese reto.

“El Ayuntamiento de Barcelona hace años que no da voluntariamente ninguna licencia de apartamento turístico!”, explicó el concejal. El problema, recordó, es que en el breve lapso de tiempo en que quedó invalidada la primera versión del PEUAT por orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y se aprobó una nueva norma que corregía defectos de la anterior, los propietarios que estuvieron alerta aprovecharon esa brecha para presentar solicitudes en las dependencias municipales. Ocurrió en septiembre de 2019. En apenas unas horas de oficina se presentaron unas 1.000 solicitudes. Desde entonces, los tribunales han ido resolviendo los recursos y contrarecursos de ambas partes, hasta llegar a día de hoy a esos 543 casos validados por los jueces.

En Barcelona hay 10.442 apartamentos turísticos legales. Los recién autorizados, desde el punto de vista municipal, no hacen más agravar un problema enquistado, tal y como resulta evidente en las audiencias públicas y en los turnos de palabra de los plenos de distrito. En el del jueves, por ejemplo, una vecina, harta del ruido de los aires acondicionados mal instalados y de las fiestas en la terraza de un apartamento turístico, expresó su decepción ante el hecho de que hasta ahora la única medida que haya podido llevar a cabo el ayuntamiento sea imponer una sanción de 500 euros, una cifra ridícula en comparación con los beneficios que reporta este tipo de actividad.

Sentencias desconcertantes

Fue en ese momento en el que, aunque la lluvia de recursos y causas judiciales se da por hecho que será torrencial, Valls revalidó el compromiso del gobierno municipal de reducir a cero el número de apartamentos turísticos de la ciudad. Pero admitió que hasta entonces lo previsible es que se sigan validando los que aprovecharon la brecha del 2019.

Con todo, el teniente de alcalde puso sobre la mesa un dato, como poco, curioso. Se refirió al conocido caso de la calle de Tarragona. Allí, en el número 84, la justicia legalizó en 2023 de una sola tacada 120 apartamentos turísticos, lo que implicaba echar a la calle a 120 familias tan pronto como se extinguieran sus contratos de alquiler. Los técnicos municipales encontraron una fórmula imaginativa para parar aquel golpe.

En los casos en los que la empresa propietaria ya había transformado los pisos en apartamentos turísticos no encontró solución, pero en los otros, 85 en total, denegó de nuevo la licencia con el argumento de que había caducado, visto que no habían comenzado las obras y seguían siendo pisos residenciales. La empresa, por supuesto, recurrió. La sorpresa es que hasta ahora la justicia ha resuelto 30 de esos casos, 20 a favor de los intereses del ayuntamiento y 10 a favor de los dueños de la finca. Como guinda final, Valls comparó ese caso con el de las sentencias judiciales sobre los ejes verdes, en las que algunos tribunales consideran que se tramitó mal su ejecución y otros dicen exactamente lo contrario.