En su conferencia en Foment del Treball
Balmón invoca dos grandes pactos metropolitanos sobre Zonas de Bajas Emisiones y vivienda: "El diálogo nos conecta"
El dirigente del AMB y alcalde de Cornellà invita a la Generalitat a dialogar sobre la regulación de la movilidad sostenible
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Antonio Balmón (PSC), vicepresidente ejecutivo del AMB, en su conferencia en Foment del Treball. / Jordi Cotrina

La regulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y el acceso de la vivienda han estado en el foco de los dos grandes pactos metropolitanos que Antonio Balmón (PSC), vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y alcalde de Cornellà de Llobregat, ha invocado en su conferencia en la patronal catalana Foment del Treball de este 13 de febrero.
A juicio del dirigente metropolitano, se trata de los dos retos que más apremian a la Barcelona metropolitana, donde la burbuja del alquiler sigue agrandándose y donde han surgido en los últimos tiempos destacadas tensiones por la regulación de la movilidad sostenible.
En términos de vivienda, el dirigente metropolitano ha puesto de relieve la necesidad de "acelerar en la construcción de un gran pacto" que implique a "todo el mundo": promotores, entidades y sociedad civil, ha citado, sin monopolizar el debate con la construcción, ha seguido puntualizando, "ya que tenemos mucho trabajo hecho en materia de rehabilitación y ayudas".
En cuanto a las ZBE, Balmón ha reconocido estar siguiendo el debate entre los grandes municipios del Arc Metropolità (sólo entre Sabadell, Terrassa y Mataró a suman más de medio millón de habitantes) y el Govern de la Generalitat en torno al nuevo decreto sobre ZBE que impulsa el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.
"Compartimos que tenemos un problema: coordinar la movilidad pública y la privada", ha admitido Balmón. "Muy bien, pues hablemos: creemos un espacio para llegar a un gran acuerdo", ha apuntalado el alcalde de Cornellà, que incluso ha abierto la puerta a que "en el AMB hablemos también de cómo incorporar al sector privado a toda nuestra reflexión", enfatizando que la administración supramunicipal, pionera en la regulación de las ZBE, no quiere "atacar al coche privado".
La posición del AMB sobre las ZBE
El AMB, de hecho, está alineada con el Govern en lo concerniente a las restricciones de circulación a los vehículos con 'etiqueta B' (amarilla) a partir del año 2026 (una de las principales quejas de las ciudades de la segunda corona metropolitana). Si bien no fue ello óbice para que, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, reprochara por carta al ejecutivo catalán no incluir en su proyecto normativo la singularidad de la ZBE metropolitana, algo que a ojos del AMB puede suponer "regresiones" e incluso un "riesgo" ante futuros contenciosos judiciales.
A ello se ha referido también veladamente Balmón en su conferencia en Foment. "Al Govern le hemos dicho: nosotros tenemos experiencia en esta materia, ¿por qué no habláis con nosotros? Está muy bien hacer decretos, pero hay que hablar para que una parte de tu comunidad no quede fuera", ha argumentado el vicepresidente ejecutivo del AMB. "El diálogo nos conecta", ha sentenciado el vicepresidente ejecutivo del AMB, aludiendo al cuatripartito (PSC, Junts, 'Comuns' y ERC) que gobierna en el AMB pese a la mayoría absoluta socialista.
La conversación pública sobre las ZBE se intensificó territorialmente más allá de la ciudad de Barcelona cuando en diciembre del 2022 el Gobierno español aprobó el Real Decreto que las regula, el cual obliga a la creación de ZBE permanentes en municipios de más de 50.000 habitantes. Hasta la fecha, la principal normativa catalana sobre la materia es la que, bajo la coordinación del AMB como administración supramunicipal, se desplegó para los vehículos más contaminantes en las ciudades comprendidas en el ámbito de las Rondas de Barcelona, principalmente en la capital catalana y accesoriamente en L'Hospitalet, Cornellà y Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.
La ordenanza municipal de Barcelona al respecto, de hecho, fue anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que posteriormente fue confirmada por otra del Tribunal Supremo (TS) tras un recurso, si bien la normativa sigue vigente tras ser adaptada a principios del pasado 2023 a las exigencias de los tribunales.
Es ante la citada regulación estatal que las grandes ciudades catalanas de la región metropolitana de Barcelona se pusieron manos a la obra con sus respectivas regulaciones locales, sin que un grueso de importantes municipios llegasen a tiempo, y en algunos casos sigan sin hacerlo, de aprobar sus ordenanzas municipales durante el pasado 2023, tal y como contempla el decreto estatal.
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