Cómo gobernar la Gran Barcelona de 5 millones de habitantes

Por Manuel Arenas

Líderes de la región metropolitana, de Jaume Collboni a Lluïsa Moret pasando por Meritxell Budó o Ana María Martínez, opinan sobre el rumbo que debe tomar la gobernanza del principal núcleo poblacional y de generación de riqueza de Catalunya.

La reivindicación de una Gran Barcelona de 5 millones de habitantes, entendida como una realidad social y económica que trascienda el perímetro del actual Área Metropolitana de Barcelona (AMB) de los 36 municipios y los 3,3 millones de habitantes, ha redoblado su protagonismo estos últimos años. Desde que asumió la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni no ha dudado en izar la bandera de la Región Metropolitana de Barcelona una y otra vez. Le había precedido en la narrativa metropolitana la exalcaldesa Ada Colau, quien por la propuesta de ese nuevo sujeto político llegó a llevarse el plante de importantes alcaldes socialistas. Y al baile sobre la gobernanza de la Gran Barcelona se han sumado recientemente los agentes económicos, integrados también en el conocido como Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), que fue ideado bajo la alcaldía barcelonesa de Pasqual Maragall en 1988 para desarrollar el entorno de la capital aprovechando su impulso olímpico.

EL PERIÓDICO ha consultado a una veintena de voces para arrojar luz al debate. Se posicionan agentes económicos, sindicatos, asociaciones municipalistas, académicos, entidades supramunicipales y, sobre todo, los alcaldes de los municipios más poblados de la región metropolitana que han aceptado participar en el reportaje.

Primero fue el Cercle d'Economia el que explícitamente instó, en un profuso informe, a ampliar el perímetro del actual AMB para mancomunar políticas metropolitanas en torno a la vivienda, el transporte público o el desarrollo económico. Sólo el AMB genera más de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) de toda Catalunya, un 55,7%. Subsidiariamente, el Cercle deslizaba la alternativa de desplegar efectivamente la demarcación administrativa de la veguería de Barcelona, por la que optan diversos alcaldes. Esta circunscripción —117 municipios de las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental—, más limitada que la provincia —311 poblaciones—, encaja con el sujeto político al que apela Collboni.

El guante lo han recogido recientemente Foment del Treball y Barcelona Global, que representan los intereses empresariales y que tanto en un lucido acto como en este diario han escenificado la necesidad de "derribar las murallas administrativas y mentales" para vertebrar una nueva realidad metropolitana que afronte retos como las infraestructuras o la vivienda porque, aseguran, "existe un creciente consenso". En cualquier caso, el mundo local concurre en responsabilizar a la Generalitat del liderazgo de la gobernanza metropolitana. Y el Govern lo asume.

Pero el consenso no es tan evidente. Ni siquiera en el seno interno de las propias fuerzas políticas, de cuya voluntad depende el desbloqueo de la gobernanza metropolitana. Sí existe una sensibilidad compartida sobre el auge de retos estructurales que exigen una respuesta supramunicipal, y que los municipios de la segunda corona metropolitana sufren un agravio comparativo que merece ser resuelto, pero perviven diferencias sobre cómo concretar la respuesta.

La principal discusión pasa actualmente por cómo integrar en la gobernanza de la Barcelona metropolitana a importantes municipios catalanes de la segunda corona que, sin formar parte del AMB como tal, sí se ven directamente afectados —incluso perjudicados, defienden— por las políticas de la conurbación. Es el caso de Sabadell, Terrassa, Mataró o Rubí, que en 2021 se unieron en la asociación Arc Metropolità precisamente para influir en las dinámicas metropolitanas y "dejar de ser el patio trasero de Barcelona". Aunque hoy en día existen mecanismos de cooperación —por ejemplo, a través de la AMTU son parte del Consejo de Administración de la Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), pero sin decisión sobre la financiación o tarifas—, no dejan de ser limitados, especialmente en lo que a transporte público se refiere.

El sentir mayoritario de los alcaldes es contrario a ver como solución eficiente una nueva administración pública supramunicipal que aglutine a todos los municipios. Diversos ediles sí orientan el rumbo, aunque de manera genérica, hacia el desarrollo de la veguería, un territorio que hoy cubre la delegación territorial del Govern en Barcelona liderada por Pilar Díaz, exalcaldesa de Esplugues de Llobregat. Incluso académicos como el director del Institut Metròpoli, Ricard Gomà, apuestan por la veguería como alternativa de gobernanza que pueda sustituir a la actual Diputación. Y muy pocos alcaldes se atreven a sugerir tímidamente la ampliación territorial y competencial del actual AMB, que no deja de ser una institución joven (su ley es de 2010 y echó a andar en 2012).

Esta última alternativa es, de hecho, la que genera mayores discrepancias: al tiempo que Collboni —además de alcalde de Barcelona, presidente del AMB— apunta hacia ella, destacados responsables metropolitanos, sin ir más lejos el vicepresidente ejecutivo —y líder del día a día— del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, han expresado pública y repetidamente que "no es el momento". A las divergencias internas en el PSC se suman simbólicos posicionamientos como el de Xavier Trias, quien como alcalde fue el primer presidente de la entidad metropolitana. Al dejar la política, el exdirigente de Junts hizo un ilustrativo llamamiento a "consolidar el AMB antes de hacer inventos". Y a esa misma corriente se suman otros responsables de pequeños municipios metropolitanos que tampoco están por la labor. Su principal argumento se basa en que, en un potencial AMB ampliado, sus ciudades recibirían menos financiación y quedarían diluidas en la inmensidad de Barcelona y las otras grandes urbes de la región.

"El debate no ha de centrarse en la estructura administrativa, sino en cómo se puede vertebrar este territorio para ganar eficiencia, generar oportunidades y redistribuir la riqueza", explica Xavier Amor, secretario de Governs Locals de la Generalitat. En la mencionada jornada organizada por el Cercle, Barcelona Global y Foment, el 'conseller' de Presidència del Govern, Albert Dalmau, ya instó a tomar consciencia de que la Barcelona de los 5 millones de personas "es la ciudad real".

También lo cree así Oriol Estela, coordinador general del PEMB, quien tampoco considera que la prioridad sea pensar en la creación de una nueva institución con estructura administrativa propia. "La ampliación del AMB no es la solución, porque la realidad metropolitana es dinámica y cambiante; nosotros abogamos más por trabajar acuerdos entre los sectores relevantes, sean los 50.000 pisos o las medidas de adaptación a la emergencia climática", agrega Estela. Gomà tampoco apoya la ampliación del AMB, de la que sí comenta que debería "transitar hacia un sistema de elección directa, por tal de superar el actual déficit de conexión con la ciudadanía". Sea como fuere, el responsable del PEMB afirma que la responsabilidad de la nueva gobernanza "cae sin duda del lado de la Generalitat".

El Govern asume ese liderazgo: "La Generalitat debería jugar un papel central en este proceso", considera el secretario Amor. Regidores como Collboni o Martínez critican la ausencia de política territorial del ejecutivo catalán los últimos años. Por su parte, el mundo local independentista también avala el protagonismo del Govern: "El debate es qué mecanismos de gestión conjunta encontramos entre los gobiernos locales y el Govern de la Generalitat", sostiene Budó. El presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, reconoce la reclamación local de una política metropolitana a la Generalitat, pero dice no estar seguro de que esto "pase necesariamente por que haya un responsable de acción metropolitana". Guardiola insiste en que la opción de ampliar el AMB territorial y competencialmente "es la que tiene más sentido y la que seguramente podría dar mejores resultados". En este sentido, los responsables sindicales consultados, Omar Minguillón (UGT) y Liliana Reyes (CCOO), no concretan tanto como los agentes económicos pero sí respaldan la hoja de ruta del PEMB hacia una Gran Barcelona de 5 millones de habitantes.

De la necesidad de ampliar el AMB que esgrimen los agentes económicos se desprende que consideran que las competencias y capacidad de la administración metropolitana han sido superadas por una realidad territorial que, sin dejar de apelarla, la trasciende. Si bien hay que tener en cuenta que el perfil técnico y de poco ruido político del actual AMB está íntimamente ligado a su origen institucional: no se puede pasar por alto la disolución en 1987 de su predecesora, la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB), al ser visto el liderazgo político del alcalde Maragall por la Generalitat de Jordi Pujol como una amenaza de contrapoder al Govern en Catalunya. Ello explica que en el ADN del actual AMB esté el consenso político: los cuatro partidos mayoritarios (PSC, con mayoría absoluta; Junts; Comuns; y ERC) comparten el cuatripartito metropolitano y se reparten las carteras del ente.

Tras disolverse la CMB, dos entidades sectoriales, la Entidad Metropolitana del Transporte y la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Aguas y Residuos, asumieron algunas de sus competencias. Posteriormente emergió la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana, integrada por 31 municipios y que precedió al actual AMB, que empezó a coger forma cuando Maragall asumió la presidencia de la Generalitat en 2003. "Durante el proceso de su diseño institucional, la principal voluntad de muchas élites políticas regionales y locales fue limitar el poder y la centralidad de Barcelona y rebajar el perfil político de la entidad metropolitana entrante", afirman los investigadores Marc Martí-Costa, Mariona Tomàs y Roger Barres en el libro 'Metrópolis sin gobierno. La anomalía española en Europa'. La obra señala como pecado original del AMB que "la voluntad de construir un gobierno metropolitano estuvo más relacionada con un interés pragmático por la coordinación de políticas y servicios que con el deseo de construir un poder político metropolitano".

Más allá de esa inicial fragilidad institucional, el AMB es hoy una administración supramunicipal única en España con el triple de presupuesto que cuando nació. Tiene competencia en urbanismo; gestión del agua; movilidad y transporte público; medioambiente; vivienda; políticas sociales o desarrollo económico, y cuenta con una autonomía fiscal articulada por un recargo propio sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) —el conocido como Tributo Metropolitano—, que es el único impuesto de este tipo recaudado por un ente local de segundo nivel en el Estado. El modelo metropolitano barcelonés, caracterizado por preservar la soberanía local de 36 ciudades y redistribuir los recursos de la capital catalana hacia su entorno, contrasta con el centralista modelo madrileño. El caso de la capital española es paradójico: pese a existir una realidad metropolitana, no hay configurada una institución homologable al AMB para gobernarla, de modo que es la propia Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) la que acaba concentrando competencias típicamente metropolitanas como las de movilidad y transporte público. En Barcelona sí existe una institución metropolitana cada vez más musculada, pero está por ver cuál es exactamente su horizonte.

Un reportaje de EL PERIÓDICO

Texto: Manuel Arenas
Coordinación: Rafa Julve