Quince años del trágico atropello de Sant Joan en Castelldefels: 12 víctimas y una larga lucha judicial

El tren procedente de Barcelona llegó a la vía 2 del apeadero de Platja de Castelldefels a las 23:23 h del 23 de junio de 2010. Cómo cada víspera de Sant Joan, el convoy venía abarrotado con centenares de personas que buscaban celebrar la noche más corta del año en la conocida playa de esta localidad del Baix Llobregat. Tanto era así que, en cuestión de segundos, la muchedumbre colapsó el paso subterráneo, el único camino seguro para salir de la estación. No ayudó a este colapso que la pasarela que pasa por encima de las vías, y que había sido la única manera de poder cruzarlas hasta pocos meses atrás, estuviera cerrada. Los pasajeros que intentaron salir por ese punto se vieron obligados a dar media vuelta y a recorrerse todo el andén antes de poder cruzar de manera segura al otro lado de los raíles. Tampoco mejoraba la situación el hecho de que no hubiera vigilantes de seguridad de Renfe, que iniciaban su jornada siete minutos después.

El tren que llegó a las 23:23 h empezó a retomar la marcha lentamente ante el gentío en los andenes. En ese momento, una treintena de personas se aventuró a cruzar las vías, con la mala fortuna de que por la vía 1, en sentido Barcelona, se acercaba a 139 kilómetros por hora un tren Alaris, procedente de Alicante. No sirvieron de mucho los pitidos de advertencia que pudo emitir el convoy, ni tampoco sus faros de luz, tapados por el tren de Rodalies que partía lentamente en dirección a Vilanova i la Geltrú. El Alaris, que circulaba 11 kilómetros por hora por debajo del límite de velocidad, embistió al grupo de personas y recorrió unos 800 metros en 39 segundos desde que empezó a frenar hasta que pudo detenerse completamente.

Murieron 12 personas, todas ellas muy jóvenes. Resultaron heridas otras 17. Entre los fallecidos había siete ecuatorianos, dos colombianos, dos bolivianos y una rumana. El estado de los cuerpos tras el arrollamiento era tal que durante varios días se pensó que el número de muertos ascendía a 13. La consternación por el accidente fue generalizada. El rey Juan Carlos suspendió la tradicional recepción de San Juan en la Zarzuela y el entonces president Montilla se desplazó junto a varios consellers hasta el lugar de los hechos para trasladar su pésame a las familias de las víctimas y declaró un día de duelo oficial. El presidente Zapatero también se interesó por la situación y llamó al entonces alcalde de Castelldefels, Joan Sau (PSC).

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Pugna judicial

Las familias de los fallecidos empezaron entonces una extenuante andadura judicial para demostrar que el gentío, la falta de personal y las condiciones de los andenes propiciaron que se produjera el accidente. Tras quince años de litigios, Adif y Renfe se acabaron imponiendo en los tribunales. El último abogado en asumir el caso fue Benet Salellas, que regresó esta semana a la palestra tras saberse que representará al ya exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Cómo explicó Salellas a EL PERIÓDICO el 2021, cuando la causa estaba en manos del Tribunal Supremo, la intención era llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras pasar también por las manos del Tribunal Constitucional, la causa llegó hasta Estrasburgo, pero los magistrados europeos consideraron "el caso inamidsible en entender que no hubo ninguna vulneración de los derechos humanos" en el accidente de Castelldefels, según explica el abogado. Sin más caminos a los que recurrir, la litigación ha acabado.

Antes de Salellas, también representaron a las familias afectadas, siempre de forma voluntaria y gratuita, los abogados Andreu Van den Eynde y Núria López. El primero, reconocido más adelante por representar a Oriol Junqueras y Raül Romeva durante el juicio del procés, intentó llevar el caso por la vía de lo penal. Fue archivado tres veces, aunque en un auto de 2014 la juez reconoció que el caso podía "merecer un reproche desde un punto de vista civil o administrativo”. La segunda lo intentó por la vía de lo contencioso-administrativo y elevó el caso a la Audiencia Nacional. Sin embargo, en un juicio celebrado el 2019 en Madrid, la magistrada volvió a responsabilizar el accidente exclusivamente "a la actuación imprudente y temeraria de las propias víctimas” y condenó a las familias, en su mayoría muy vulnerables, a pagar miles de euros por las costas judiciales del proceso.