Treinta personas desalojadas por el derrumbe de un edificio abandonado en Badalona

Treinta personas fueron desalojadas de sus viviendas este jueves por la noche debido al derrumbe del edificio abandonado en el número 22 de la calle Granada de Badalona, que no causó daños personales, informaron los Bomberos de Catalunya a través de su cuenta en X. El inmueble estaba deshabitado desde que el 10 de marzo de 2022 colapsase la terraza y apareciesen grietas en la fachada del edificio, lo que obligó a evacuar a las ocho familias residentes. En el mes de noviembre de aquel año el gobierno municipal comunicó a los vecinos que la rehabilitación del bloque era "inviable" y que se tendría que demoler.

Así, los vecinos de las dos fincas adyacentes (los números 20 y 24 de la calle Granada) y los del número 51 de la calle Lizst no han pasado la noche del jueves en sus viviendas por precaución, pese a que dichos inmuebles no sufrieron daños. Los Bomberos recibieron el aviso del hundimiento a las 20:46 h de este jueves y movilizaron a siete dotaciones.

"Oímos un golpe y se levantó polvo, salimos corriendo con pijama todos fuera del edificio pensando que era una explosión", ha relatado a la Agència Catalana de Notícies (ACN) una de las vecinas del edificio adyacente, Elena Navarro. Una vez en el lugar, los Bomberos tuvieron que realizar derribos preventivos de los elementos más inestables para evitar más derrumbamientos. "Hace cuatro años que pedimos que lo derriben, hemos hecho instancias y quejas al Ayuntamiento, en nuestro bloque han aparecido grietas y humedades, incluso vino un arquitecto y nos han puesto sistemas de sujeción", relata esta vecina.

Los Bomberos usaron también drones equipados con cámaras térmicas para comprobar que no hubiera personas atrapadas en el interior, ya que los vecinos señalan que se han producido entradas de personas que buscaban robar objetos como los electrodomésticos que los residentes no pudieron extraer cuando fueron evacuados. Algunos, como Miguel Agüera (que vivía en el 1º 2ª del inmueble afectado), afirman incluso que había personas que usaban el inmueble para dormir. Este vecino lamenta que pese a no estar viviendo en su casa, los propietarios de Granada 22 siguen pagando sus hipotecas, las tasas de basura y el IBI.

Inspección municipal del inmueble

Este viernes por la mañana, técnicos municipales han inspeccionado el edificio para determinar las posibles afectaciones en la estructura de los bloques adyacentes. "Vamos a activar una declaración de emergencia por ruina inminente, de manera que el ayuntamiento contratará a una empresa para derribarlo y evitar peligro en la seguridad de las personas", ha señalado el director de Urbanismo del Ayuntamiento, Ramón Díaz-Cano. Tras haberse realizado las inspecciones, el Ayuntamiento ha declarado que la mayoría de los vecinos desalojados podrá volver a sus casas, salvo cuatro pisos del número 24, que se alojarán en casas de familiares.

Diaz-Cano ha destacado que "los expedientes de restauración y la obligación de conservación y mantenimiento recaen en los propietarios del inmueble", y que así lo habían señalado en dos expedientes administrativos que se entregaron a los vecinos del número 22. Se trata de una situación análoga a lo ocurrido en el derrumbe mortal de la calle Canigó y las consiguientes obras de reforma que han de acometer los vecinos, pese a que muchos no disponen del dinero necesario para ello.

Dos expedientes anteriores

En un primer expediente, tras el colapso de 2022, se dibujaba un plan de fases para que los propietarios lo pudieran ir rehabilitando. En una primera fase se debía apuntalar la cubierta, para lo que se les daba un plazo de cinco días naturales. Posteriormente, se les pedía reforzar los forjados y, por último, una rehabilitación integral para evitar, sobre todo, filtraciones de agua. "No lo hicieron, lo que conllevó a otro expediente, de ruina económica", apunta Díaz-Cano. Este último tenía un plazo de dos años para o rehabilitar o derribar. Al no producirse ninguna de estas acciones, el Ayuntamiento realizó una inspección el pasado 24 de marzo para proceder definitivamente a su derribo pero no por vía de emergencia, sino mediante una licitación ordinaria. Ahora, el gobierno municipal tiene previsto proceder al derribo de forma subsidiaria, pero "evidentemente conllevará un reparto de costes hacia la propiedad", ha advertido.

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