"Afectación a los trabajadores"
Un sindicato denuncia ante la Inspección de Trabajo las "condiciones deplorables" de los Juzgados de Badalona
El CSIF identifica deficiencias como presencia de moho negro en el techo o "sellado precario de agujeros con espuma"
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El Poder Judicial da luz verde a los cuatro nuevos juzgados de refuerzo del plan contra la multirreincidencia en Barcelona
Moho en el techo de los juzgados de Badalona, denunciado por el CSIF. / CSIF
Por qué confiar en El Periódico El sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las "deplorables condiciones", aseguran en un comunicado, en las que desempeñan su labor los funcionarios en el edificio judicial de la calle Santa Bárbara, núm. 64 de Badalona. Según el sindicato, "a pesar del elevado volumen de trabajo que soportan estos juzgados, las instalaciones presentan deficiencias graves que la Administración no ha solucionado, afectando directamente a la seguridad y salud de los empleados".
La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, detalla deficiencias a raíz de una inspección a cargo del CSIF. Entre ellas se mencionan la presencia de moho negro en las placas del techo de la planta baja; "instalación de trampas para ratas y sellado precario de agujeros con espuma"; sistemas de climatización averiados desde noviembre de 2024"; humedades generalizadas; o cableado eléctrico "expuesto en zonas de paso, con riesgo de accidentes". Algunas de estas imperfecciones son ilustradas con fotografías de las instalaciones.
Humedades en los juzgados de Badalona, según la denuncia del CSIF. / CSIF
La organización sindical pide "una solución inmediata para garantizar unas condiciones laborales dignas". A sus ojos, la situación se ha agravado tras la rotura de una tubería de agua el pasado 10 de marzo, "lo que provocó filtraciones en el techo del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 6, dañando puestos de trabajo, equipos informáticos y cableado eléctrico".
En su comunicado, el CSIF recuerda que "las administraciones tienen la obligación de garantizar la seguridad en los puestos de trabajo, cumpliendo con la normativa vigente para proteger la salud y el bienestar de los empleados públicos". En este sentido, destacan la garantía legal del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, incluyendo aquellas necesarias para garantizar un entorno seguro, evitando riesgos para los empleados.
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