El Síndic de Greuges de Barcelona reclama alternativas residenciales antes de desalojar el asentamiento de La Sagrera

El Síndic de Greuges de Barcelona reclama que no se desaloje el asentamiento de la calle Gran de la Sagrera hasta que se garanticen alternativas residenciales adecuadas, estables y suficientes para las aproximadamente 66 personas que viven allí. La institución considera que, por ahora, no existen garantías de que estas alternativas estén disponibles para todas las personas afectadas y recomienda suspender el desalojo hasta que se pueda garantizar un realojo adecuado.

La Sindicatura considera que se trata de una situación compleja que requiere una respuesta especialmente cuidadosa por parte de las administraciones. En el asentamiento viven menores, mujeres, personas con problemas de salud y personas en situación administrativa irregular. También hay personas con una larga trayectoria de vida en Barcelona y su área metropolitana.

La institución alerta de que una parte importante de las personas afectadas participa actualmente en procesos de inclusión social, seguimiento profesional y acompañamiento especializado relacionados con la salud, la educación, el asesoramiento jurídico o la inserción social. Por ello, considera que un desalojo sin una alternativa residencial adecuada podría interrumpir estos procesos, dificultar el acceso a servicios esenciales y debilitar los vínculos sociales y comunitarios consolidados a lo largo de los años. Hasta ahora, las principales alternativas ofrecidas se centran en recursos temporales de emergencia. Según la Sindicatura, estas opciones no permiten considerar que se haya garantizado un realojo adecuado para las personas afectadas.

La Sindicatura reconoce las deficiencias de seguridad, salubridad y habitabilidad recogidas en los informes municipales sobre el asentamiento. Sin embargo, considera que el caso no puede abordarse únicamente como una cuestión urbanística o patrimonial, ya que también afecta a derechos relacionados con la vivienda, la salud, la educación, la dignidad y la inclusión social. La institución también alerta de que las actuaciones centradas únicamente en la desaparición física de los asentamientos, sin ofrecer alternativas suficientes, no solucionan las causas de la exclusión residencial y pueden acabar reproduciendo el problema en otros espacios de la ciudad.

Ante la presencia de menores, la Sindicatura pide además valorar específicamente el impacto que cualquier actuación puede tener sobre su escolarización, salud, estabilidad residencial y desarrollo personal. También recuerda que el derecho a la vivienda y los estándares internacionales de derechos humanos establecen que los desalojos deben tener carácter excepcional y que las administraciones deben evitar que sus actuaciones generen nuevas situaciones de sinhogarismo o de exclusión residencial severa.

La Sindicatura inició esta actuación de oficio en abril de 2026 después de tener conocimiento, a través de Amnistía Internacional y Amics del Moviment del Quart Món, del «inminente» desalojo del asentamiento. Más allá de este caso, la institución reclama reforzar las políticas públicas de prevención y erradicación del sinhogarismo y la exclusión residencial severa.