La vuelta a casa de tres bloques afectados por el socavón del Puxet se retrasará hasta el 2027 por seguridad

Más de un tercio de vecinos afectados por el socavón ocasionado por las obras de la L9 del metro en el barrio del Putxet el pasado 7 de julio llevan todo el verano sin poder volver a sus casas. La última noticia que recibieron, antes de que empezara agosto, fue que una nueva grieta encontrada en el subterráneo del número 2 de la calle Rubinstein retrasaría hasta al menos este septiembre su retorno. Este viernes, Pilar Díaz, delegada del Govern en Barcelona, ha anunciado que una de las cuatro fincas que quedaban por volver podrá hacerlo en unas cinco o seis semanas, pero el resto deberá esperar hasta principios de 2027.

Así lo ha explicado este viernes en declaraciones a medios junto a Ramón Ramírez, Director General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, y Sebastià Massagué, director de Bombers de Barcelona, quienes han desvinculado la nueva grieta hallada a finales de julio con el retraso del regreso de los vecinos. En concreto, tienen luz verde para volver entre finales de septiembre y principios de octubre 15 viviendas y un local ubicados en el bloque 5 de la calle Teodora Lamadrid, mientras que los números 2 y 4 de la calle Rubinstein y el 3 de Teodora Lamadrid no tendrán más noticias hasta las puertas del año que viene.

"Se tienen que hacer todas las tareas de consolidación del terreno, y eso no depende estrictamente de los recursos que pongamos sino de la cantidad de material que el terreno acepta", ha argumentado para apuntalar la seguridad de los afectados Ramírez, quien ha especificado que hasta principios de año no se podrá establecer una fecha de retorno concreta para los afectados.

De hecho, durante este verano se han realizado todo tipo de trabajos para garantizar la solidez del terreno, con sistemas de excultación e inspección para que los desperfectos se reparasen lo antes posible. Sin embargo, la Generalitat no tomará una decisión apresurada sin tener antes el visto bueno de los técnicos.

Durante este periodo, "los trabajos han avanzado con buen ritmo" y la situación se mantiene "estable" desde el punto de vista de la excultación y de los sistemas de control de movimientos que tiene la Generalitat sobre todos los edificios afectados que están en observación antes de la vuelta de los vecinos.

El túnel de la L9, retrasado "meses"

Hasta este viernes, 54 de las 87 viviendas afectadas tenían el visto bueno de los técnicos y el 38% restante había quedado a la espera de más novedades. Ahora, con el anuncio de este viernes, quedarán sin volver a corto plazo un total de 18 viviendas y siete de los 16 comercios afectados. Pero la estimación del tiempo que conlleva consolidar el terreno y, por ende, el retraso viene tras "muchas horas de inyección de cemento". Por ello en casos como el del número 2 de la calle Rubinstein, uno de los edificios con más daños más estructurales, se necesitará un proceso de reparación aún más largo.

Ramírez también ha recordado también que la tuneladora que se encuentra debajo de los edificios tiene que salir de la vertical hacia la calle antes de la entrada de los afectados. Y una vez extraída la máquina, se realizará un análisis retrospectivo de las causas del incidente y se revisarán los protocolos de trabajo y las medidas de control antes de reanudar la perforación, algo que también condiciona el calendario de retorno.

Con el escenario sobre la mesa, ha admitido que el proceso retrasará "meses" la finalización del túnel de la L9, inicialmente estaba previsto que llegara a Lesseps este año y del cual le queda un kilómetro de obras.

Ayudas

La delegada del Govern en Barcelona ha asegurado que continuarán trabajando para reforzar la oficina de atención a las personas y comercios afectados, en especial a las 18 familias que tendrán que estar más tiempo de lo esperado fuera de sus casas. La oficina de atención también estará abierta a asesorar con los trámites para los anticipios económiocs y "cualquier ayuda que puedan necesitar durante este tiempo".

Pero por su lado, como ya explicó este diario, al menos la mitad de los vecinos se organizaron y contrataron precisamente a la abogada que llevó el mediático caso del hundimiento del Carmel en 2005, Carmen Pérez-Pozo Toledano, CEO y fundadora de Grupo Pérez Pozo. Ese accidente obligó a desalojar a 1.289 personas de 530 viviendas y se saldó con el pago de unos 100 millones de euros en indemnizaciones. Algunos de los afectados tardaron más de dos años en volver a sus casas, otros no lo hicieron nunca.

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