Denuncian el riesgo de "parálisis" de ayuntamientos pequeños con la toma de posesión de nuevos secretarios e interventores

La Associació de Micropobles denuncia el riesgo de "parálisis" de ayuntamientos pequeños con la toma de posesión este agosto de 31 nuevos secretarios e interventores habilitados por el Estado. Irán a consistorios que ya disponen de un secretario interino, que tendrá que dejar su puesto. Temen, además, "no ser suficientemente atractivos" y que los últimos en llegar opten por ir a un ayuntamiento más grande, con comisión de servicios, de manera que volverían a quedar sin una figura "clave" para su funcionamiento. Admiten que cada municipio es una realidad y reclaman un "acompañamiento". La Generalitat, a través de la Direcció General d'Administració Local, admite la problemática y asegura que ya trabaja con las diputaciones para buscar una alternativa con la creación de bolsas de opositores.

La frase popular de 'desnudar un santo para vestir otro' podría aplicarse a lo que está pasando estos días con los nuevos nombramientos de secretarios e interventores en Catalunya. Son profesionales habilitados por el Estado que ocuparán la plaza que durante años han ocupado secretarios interinos, conocedores del día a día municipal. Desde la Associació de Micropobles denuncian que la falta de secretarios es un problema "estructural" en las zonas menos pobladas y alertan que la medida puede agraviar la situación en localidades donde ya estaba resuelta. Han pedido una reunión urgente con la Generalitat para buscar soluciones para cada caso, que está prevista para esta semana.

"Tanto en un micropueblo como en una ciudad de 100.000 habitantes, el secretario o interventor son figuras clave porque son los que dan fe de todo, para hacer los pagos o para poder convocar el pleno", explica a la ACN el presidente de la Associació de Micropobles, Joan Solà. No tenerlos supone la "paralización" del día a día y la gestión de los servicios. En lugares como por ejemplo Collsuspina (Moianès), estuvieron un año sin poder convocar plenos ordinarios por la falta de esta figura. "Es un bloqueo total porque los municipios pequeños vivimos básicamente de subvenciones y necesitamos el secretario para tirarlas adelante", remarca su alcaldesa, Laia Oller.

El problema de los nombramientos publicados por el Estado

Collsuspina es un ejemplo de los esfuerzos que se han hecho durante años para solucionar la falta de secretarios. Durante 14 años tuvieron uno interino, que acabó marchándose. Después optaron por una persona externa, nombrada por la Generalitat en 2023, que también dejó el puesto. Finalmente, consiguieron implantar la fórmula de agrupación, compartiendo secretario con Tavèrnoles (Osona). Hace pocos días, el 8 de agosto, el Boletín Oficial del Estado publicaba 31 nombramientos de secretarios-interventores habilitados con destino en Catalunya y, entre ellos, se encuentra el de Tavèrnoles, localidad en que ahora tendrá que dejar su puesto el secretario interino. Y, de rebote, también quedará vacante el puesto en Collsuspina, municipio con la que comparten agrupación.

"Sabemos que la persona viene con ganas de trabajar y que tiene voluntad, pero estamos preocupados porque estas personas habilitadas han pasado un examen muy duro en un nivel muy alto de oposiciones y nos da miedo que, siendo un municipio de menos de 400 habitantes, no resultemos suficientemente atractivos", detalla. Si al final pide una comisión de servicios, se tendrá que "volver a empezar de cero" después de haber encontrado ya una solución, afirma Oller. Cree que debería existir la opción de recuperar los antiguos secretarios en caso de que los nuevos habilitados no se quieran quedar. "Necesitamos un acompañamiento", reclama la alcaldesa.

Desde la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat han explicado que estos nuevos trabajadores habilitados por el Estado no irán a ningún ayuntamiento donde hay una vacante, que sería seguramente lo que más urge en estos municipios, sino a plazas de interinos. Esto se explica, según el director general, Francesc Belver, porque se busca cumplir la normativa europea que obliga a rebajar la temporalidad de las plazas públicas. La norma, además, impide que los interinos puedan cubrir las comisiones de servicio.

La Generalitat remarca que "no pueden ir contra la norma", pero asegura que se está trabajando para buscar soluciones más flexibles mientras no se resuelva de forma estructural. "No vendrá ni en un año ni en tres y yo diría que ni en cinco", admite el director general, entre otras cosas porque en Catalunya faltan unos 900 profesionales habilitados para hacer este trabajo. Hasta hace poco, de los 1.582 lugares de funcionarios con habilitación nacional que había, solo estaban cubiertas 632 plazas. El resto eran interinos o funcionarios que lo hacen de forma accidental.

Una bolsa de opositores como solución temporal

En declaraciones a la ACN, Belver ha explicado que este otoño firmarán convenios con las cuatro diputaciones catalanas para crear una bolsa de opositores que dé asistencia a los municipios que lo necesiten. La Diputació de Barcelona ha hecho una prueba piloto, con un curso becado, que ha dado buenos resultados. También se trabaja con las universidades para dar a conocer la figura del secretario-interventor y despertar vocaciones. Para hacer "más atractivos" a los pueblos pequeños, el Govern también ultima "garantizar unos mínimos" en las condiciones salariales que ofrecen a los secretarios-interventores.

El presidente de la Associació de Micropobles, Joan Solà, teme que los últimos nombramientos no solucionarán el problema "estructural". De entrada, se muestra muy crítico por el hecho que la toma de posesión se tendrá que hacer en agosto, en plenas vacaciones, lo que a su tenor demuestra un "desconocimiento" de la realidad de los ayuntamientos pequeños. El coste de posibles indemnizaciones también inquieta mucho al mundo local. La Generalitat, sin embargo, asegura que no tendrán que asumirlo porque son plazas de interinos.

Las situaciones son muy diversas y los alcaldes se quejan de falta de seguridad jurídica y de "incertidumbres". En el Moianès, el Ayuntamiento de Santa Maria d'Oló nombró el 13 de julio a un secretario después de un proceso de selección. El BOE de agosto, sin embargo, ha publicado la asignación de otro secretario, que ahora ocupará esta plaza.

La precariedad de no tener secretario

En peor situación están municipios como Vilalba Sasserra (Vallès Oriental), de 790 habitantes y sin secretario. "Teníamos uno, facilitado por la Generalitat, pero el máximo permitido son tres años". "Se le rescindió el contrato; esta persona se quedó en el paro, y nosotros sin la figura del secretario", ha explicado su alcalde, Joan Pons. Con diez trabajadores, no tienen ningún funcionario que puedan habilitar para hacer las funciones de secretaría-intervención. Contactaron con otros ayuntamientos para ver si algún secretario quería hacer unas horas en su municipio, pero no tuvieron éxito. Hace ocho meses que no pueden celebrar un pleno ordinario. Han hecho alguno, extraordinario, con la ayuda de la Diputació de Barcelona, que les ha facilitado un secretario para poder tirar adelante acciones urgentes, como por ejemplo el desbloqueo de ayudas y subvenciones.

Este mayo, la Generalitat, a través de la Direcció General d'Administració Local, adscrita al Departamento de la Presidencia, aprobó la creación de 540 plazas de secretario, interventores y tesoreros para reforzar el funcionamiento de los ayuntamientos más pequeños. Se destacó el hecho que era la primera oferta pública aprobada íntegramente por la Generalitat después de recuperar recientemente las competencias. Un proceso que no ha concluido y que prevé 432 plazas de acceso libre y las 108 restantes, de promoción interna. Por tipología, casi la mitad son plazas de secretaria de intervención (242); 168 de intervención-tesorería y 130 de secretaría.

Mientras Estado y Generalitat trabajan en la implementación del traspaso de la competencia, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local Estatal, ha interpuesto un recurso con medidas cautelares contra la oferta pública y la Generalitat. "Lo que no queremos es quedarnos estancados mientras no se resuelve", ha afirmado Belver. Por eso, han pedido una reunión este mes de septiembre con este colegio para exponer los motivos de la Generalitat y poder seguir con la convocatoria que busca abordar la falta de profesionales en Catalunya.