Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental

Los ayuntamientos dan de baja cada año a decenas de miles de personas de sus padrones municipales. Por motivos muy heterogéneos: defunciones, cambios de residencia, caducidades. Y es sólo una porción de esas bajas la que atribuyen a fraudes, bien por falsificación documental, bien por suplantaciones de identidad. En Catalunya, el explosivo cóctel entre la embestida política de la extrema derecha y las alarmas en torno a la inmigración ha provocado que algunos consistorios pongan el padrón en el ojo del huracán. Es el caso de Sant Cugat del Vallès, bastión catalán de Junts, que el año pasado atribuyó 324 bajas padronales a la actividad delictiva de una mafia. Datos recabados por EL PERIÓDICO revelan ahora que ayuntamientos tan importantes como el de Barcelona, especialmente, o los de Sabadell y Santa Coloma de Gramenet, en menor medida, también proceden a 'expulsar' de sus padrones a personas cuyos registros conectan con el fraude.

En el último año y medio, el Ayuntamiento de Barcelona ha 'expulsado' de su padrón a 4.230 personas que se dieron de alta "mediante la exhibición de documentación presuntamente fraudulenta vinculada a la acreditación de la disponibilidad de la vivienda", describe un informe municipal remitido a este diario en una solicitud de acceso a información pública. De todas esas bajas padronales, 3.145 corresponden a expedientes generados en 2025 y otras 1.085 a casos tramitados la primera mitad de este 2026.

El consistorio precisa que se trata de "expedientes abiertos, no de fraudes confirmados", y que "representan menos del 0,2% del conjunto de residentes de la ciudad", que a efectos del 1 de enero del 2026 son 1,7 millones de habitantes. No obstante, fuentes conocedoras de los entresijos del padrón municipal en Catalunya apuntan hacia la preocupación de los técnicos municipales de Barcelona sobre el auge de irregularidades vinculadas al padrón barcelonés, en un contexto en que las enormes dificultades para acceder a una vivienda digna son terreno fértil para la proliferación de mafias orientadas a hacer negocio con la ciudadanía vulnerable. Este diario ya explicó hace dos meses que la Guardia Urbana investigaba casos en Gràcia.

Las bajas por fraude deben contextualizarse también entre el total de 'desempadronamientos' que realiza el Ayuntamiento. En 2025, Barcelona dio de baja de su padrón municipal a un total de 162.643 personas. 68.825 de ellas causaron baja por cambio de residencia; 24.662 por caducidad; 14.563 por defunciones; 139 por duplicidades; y otras 54.454 por la conocida como 'inclusión indebida'. Es esta última categoría, que funciona como cajón de sastre, la que incluye los fraudes, pero también otras casuísticas singulares. Por ejemplo, peticiones de baja de antiguos residentes que ya no viven en una dirección y que ahora actualizan sus datos. O bajas por falta de confirmación de residencia por parte de estrangeros comunitarios. O por menores de edad inscritos solos en un domicilio. En cualquier caso, las delicadas bajas por inclusión indebida se han ido incrementando año tras año, pasando de las 99.173 del 2020 a las 162.643 del 2025.

La colaboración entre ayuntamientos y Policía Nacional

A la documentación falsa la complementan como irregularidad vinculada al padrón municipal las suplantaciones de identidad. El Ayuntamiento de Barcelona ha procedido en el último año y medio a dejar sin efecto 42 inscripciones registrales por ciudadanía que ha denunciado suplantación de identidad al ser dadas de alta en un domicilio por terceras personas exhibiendo una delegación de trámites que, declaran, fue falsificada.

Las irregularidades sobre el padrón tienen tres posibles orígenes: verificaciones realizadas por el propio ayuntamiento; comunicados de los cuerpos policiales en el marco de sus diligencias de investigación; o denuncias particulares presentadas por afectados. El consistorio combina actuaciones propias de comprobación con su "extrecha colaboración", señalan fuentes municipales de Barcelona, con la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, a la cual traslada los indicios que puedan ser constitutivos de fraude para que sean investigados policialmente.

Esa cooperación institucional, agregan desde el Ayuntamiento de Barcelona, "ha permitido detectar y desarticular diversas prácticas fraudulentas relacionadas con el uso indebido del empadronamiento". Y lo ejemplifican con un operativo de septiembre del pasado 2025 que permitió desmentelar una red que hacía un uso fraudulento del empadronamiento y del registro de matrimonios para obtener ilícitamente la residencia legal en España.

Las 'expulsiones' del padrón en otros municipios

Otros municipios catalanes relevantes detallan también, aunque a escala muy menor a la de Barcelona, haber dado de baja últimamente a personas en sus padrones municipales a consecuencia de detectar fraude. Es el caso del Ayuntamiento de Sabadell, que precisa 66 bajas padronales este 2026 por "documentación presuntamente fraudulenta" detectada el año pasado.

O del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que registra 28 bajas "vinculadas con denuncias o investigaciones policiales e inspecciones" el pasado 2025, una cifra que se ha mantenido en torno a la veintena los últimos años a excepción de las 40 y 41 bajas consignadas en 2021 y 2020, respectivamente. O del Ayuntamiento de Mollet del Vallès, que identificó 8 contratos falsos en 2024.

Luego hay otros consistorios que, pese a no ofrecer indicadores estadísticos, asumen la existencia de actividad fraudulenta en torno a sus padrones. Como el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat: "La casuística más habitual es la falsificación doumental o el intento de suplantación de identidad", acota el consistorio en un informe. Consultadas por este diario, fuentes municipales de L'Hospitalet aseguran que el objetivo municipal en esta materia pasa por "evitar el fraude y garantizar que todas las personas que viven en el municipio puedan disfrutar de sus servicios públicos y, a su vez, contribuyan a su mantenimiento". Estas mismas fuentes cuentan que los últimos años "se han detectado intentos de fraude" y que la administración local trabaja por incrementar su capacidad inspectora para este tipo de casos, muy especialmente en la mitad norte del Samontà.

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