Barcelona empadronó el pasado 2025 a unos 13.000 vecinos vulnerables sin un domicilio fijo

El último recuento oficial del Ayuntamiento de Barcelona sitúa a 2.171 personas sin hogar durmiendo al raso en la ciudad el pasado mes de mayo. Paralelamente, datos obtenidos por EL PERIÓDICO reflejan que el consistorio empadronó el año pasado a 13.239 personas con la fórmula del denominado empadronamiento sin domicilio fijo, una ficción jurídica diseñada precisamente para registrar en inmediaciones municipales a vecinos vulnerables sin hogar o que malviven en infraviviendas como chabolas, caravanas o cuevas. La información que destila el padrón municipal muestra cómo las necesidades sociales derivadas de la crisis de la vivienda van a más año a año. Y no sólo en la capital: aunque más paulatinamente, este tipo de empadronamientos crece también en municipios como Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Lleida o Mataró.

El año del último lustro que más personas ha empadronado sin domicilio acreditable el Ayuntamiento de Barcelona fue el 2023, cuando 23.168 ciudadanos fueron dados de alta. En total, el consistorio contempla que cerca de 50.000 personas están empadronadas a día de hoy sin domicilio fijo, categoría que implica que no cuentan con contrato de alquiler o escritura de propiedad. La comparativa entre 2024 y 2025 refleja un incremento de unas 3.000 altas en Barcelona, pese a que del 2023 al 2024 hubo ni más ni menos que 13.000 altas menos.

"La situación del padrón está mucho peor que dos años atrás", lamenta Laia Costa, abogada de la red de entidades sociales Padró X Totes. La jurista entiende que "el drama es el realquiler de habitaciones", porque quienes se hallan en esa situación "reciben la amenaza de que, si se empadronan, los echan", señala Costa, quien critica que "sólo Barcelona empadrona hoy sin domicilio fijo". Un supuesto de ese tipo de negativas es el de Fabio Fernández, quien explicó a este diario sus dificultades para darse de alta en un bajo compartido con otras siete personas.

Los datos muestran que este tipo de altas padronales han crecido en otros municipios que, eso sí, están a años luz de la capital estadísticamente. Un ejemplo es Santa Coloma de Gramenet, que entre 2023 y 2025 ha duplicado los empadronamientos sin domicilio fijo: de 346 ha pasado a 734 al año. En 2020, hace cinco años, el consistorio tan sólo registró cuatro casos. O Sabadell, Lleida y Mataró, que en 2025 rebasaron los 300 empadronamientos ficticios por primera vez, con una variación más elevada —el doble entre 2022 y 2025— en la capital del Maresme.

"Detectamos un cambio de criterio restrictivo"

La ficción jurídica del empadronamiento sin domicilio fijo pervive, de hecho, como el gran caballo de batalla entre los ayuntamientos y las entidades sociales. Al tiempo que estas denuncian insistentemente trabas para acceder al padrón, e indirectamente a la atención de los Servicios Sociales de las ciudades, los consistorios sostienen que cumplen con la obligación de empadronar en equipamientos municipales.

La abogada Costa interpreta que, a medida que "más a tope está el tema migratorio", menos empadronan los ayuntamientos. "El entorno de Barcelona empadrona sólo donde la persona vive, pero no en domicilio ficticio. De hecho, la gente ya ni siquiera lo pide porque sabe que no la empadronarán", critica, apuntando a especiales dificultades en ayuntamientos como "Olot, Figueres, Martorell o Sant Cugat del Vallès". Estos dos últimos consistorios, de hecho, están entre los que no han ofrecido datos sobre empadronamientos sin domicilio fijo ante la consulta de este diario.

Otra voz autorizada en esta materia es la de Pepa González, Defensora de la Ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet y vicepresidenta del Fòrum de Síndics de Greuges. "Este último año hemos detectado un cambio de criterio para volver a ser más restrictivos con los empadronamientos sin domicilio fijo", asegura la Síndica, que lleva años haciendo públicas sus críticas sobre la gestión del padrón en la ciudad limítrofe con Barcelona.

Un ejemplo de municipio donde ha menguado la cifra de personas empadronadas sin domicilio fijo es L'Hospitalet de Llobregat: de las 150 altas del 2020 o 144 del 2021, el consistorio ha pasado a las 88 del 2024 o 114 del 2025. Fuentes municipales asumen que las altas en el padrón municipal "han experimentado desde la pandemia una curva ascendente", pasando de los 269.382 vecinos empadronados en 2020 a los 289.510 habitantes registrados del pasado 2025.

Santa Coloma sextuplica solicitudes en cinco años

Santa Coloma, eso sí, es el único ayuntamiento de la veintena a los que se han solicitado datos que ofrece indicadores consistentes sobre los empadronamientos finales en relación al total de solicitudes. De 1.412 solicitudes de empadronamiento sin domicilio fijo, el consistorio accedió en 2025 a empadronar a la mitad: 734 personas. En 2024, de 1.318 peticiones se empadronaron a 625 ciudadanos. Y, en 2023, de 839 solicitudes se empadronaron a 346 vecinos. Los registros muestran cómo las solicitudes casi se han sextuplicado en cinco años: de las 241 del 2020 a las 1.412 del pasado 2025.

Ante estos singulares empadronamientos suele aflorar la duda de hasta qué punto son de obligado cumplimiento para los ayuntamientos. Lo cierto es que la fórmula consta en una instrucción del Ministerio de la Presidencia que exige empadronar en "supuestos en que una persona que carece de techo reside habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales". A ojos de la defensora de Santa Coloma, "el problema es exigir que sean conocidos de Servicios Sociales, ya que precisamente suelen serlo a partir del momento en que son empadronados", pondera González.

Los juristas del Fòrum de Sindics de Greuges de Catalunya, que publicó un exhaustivo monográfico sobre el padrón, defienden que esa instrucción es de preceptivo cumplimiento para las administraciones locales. La realidad es que la minoría de casos que logran llegar a los tribunales acaban diluyéndose, a excepción de precedentes como un reproche judicial al Ayuntamiento de Premià de Mar en 2022 por intentar una "limpieza residencial", en palabras del juez, al limitar los empadronamientos en domicilio ficticio. Las entidades sociales, por su parte, concluyen que la extrema vulnerabilidad de quienes solicitan estas altas padronales constituye un obstáculo insalvable para que los casos prosperen judicialmente.

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