Cerco al alquiler turístico
Barcelona amplía las ayudas para prohibir pisos turísticos: hasta 2.500 euros por comunidad de vecinos
El ayuntamiento destina más presupuesto a las subvenciones y prolonga el plazo para solicitarlas
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Dos turistas llegan a un piso turístico en Barcelona. / Ferran Nadeu / Archivo

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este martes que ampliará las ayudas destinadas a las comunidades de propietarios que decidan prohibir los pisos turísticos en sus edificios, después de que la primera convocatoria haya recibido "más solicitudes de las previstas", según el consistorio. La Comisión de Gobierno ha aprobado dotar con más dinero el programa, que pasará de los 56.000 euros iniciales a 256.000 euros, y ampliar el plazo para presentar solicitudes hasta el próximo 31 de diciembre.
La medida permite a los vecinos seguir poniendo medidas para limitar la presencia de viviendas de uso turístico y reforzar la convivencia en sus edificios. Las comunidades pueden aprobar nuevos estatutos o modificar los existentes para restringir el uso turístico de las viviendas.
La iniciativa se enmarca en el acuerdo firmado el año pasado entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona y el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. El objetivo es facilitar que los edificios mantengan un uso principalmente residencial y que las normas de convivencia sean claras ante los problemas que puede generar el alquiler turístico.
Más solicitudes de las previstas
La primera convocatoria se publicó en febrero y, desde entonces, se han presentado más de 80 solicitudes. Aunque esto representa un pequeño porcentaje dentro del parque de vivienda que hay en la capital catalana, parece que la cifra ha superado las previsiones del ayuntamiento, que ahora ha decidido ampliar el problema.
El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha señalado que el objetivo de estas ayudas es "contribuir a la eliminación de los pisos turísticos en la ciudad".
¿Qué gastos cubren las ayudas?
Las subvenciones están destinadas a cubrir parte de los gastos de gestión que deben afrontar las comunidades de vecinos para modificar sus estatutos y limitar los usos turísticos de la finca.
En concreto, las comunidades pueden recibir hasta el 50% de los costes relacionados con este proceso, incluidos gastos de notaría, registro y honorarios profesionales. La ayuda puede alcanzar:
- Hasta 1.500 euros cuando se modifican unos estatutos que ya están vigentes.
- Hasta 2.500 euros cuando se crean unos estatutos nuevos.
Requisitos para solicitar la subvención
Para acceder a las ayudas, las comunidades de propietarios deben cumplir una serie de condiciones.
- Deben aprobar la creación o modificación de los estatutos para incluir expresamente la prohibición del uso turístico o de aquellas actividades económicas que puedan alterar la convivencia.
- Además, el texto aprobado debe ser homologable a la cláusula establecida por la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida y el Ayuntamiento.
- También es obligatorio elevar los nuevos estatutos a documento público e inscribirlos correctamente en el Registro de la Propiedad, un requisito necesario para garantizar su validez frente a terceros.
- La comunidad debe estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y la Generalitat, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Barcelona quiere eliminar los pisos turísticos en 2028
La ampliación de estas ayudas llega mientras el Ayuntamiento de Barcelona mantiene su decisión de no prorrogar las licencias de los más de 10.000 alojamientos de uso turístico (HUT) que existen actualmente en la ciudad más allá de 2028. Una decisión que, según el último barómetro municipal, cuenta con el apoyo del 75% de la población de Barcelona.
Además, un estudio del Institut d’Economia de Barcelona (IEB) realizado el año pasado calculó el posible impacto de la desaparición de los pisos turísticos y su retorno al mercado residencial. Según sus estimaciones, esta medida podría provocar una reducción de entre el 8% y el 13,4% en los precios de los alquileres y del 6,1% en los precios de compraventa, sin afectar al PIB de la ciudad.
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