Fabio y Sandra, dos rostros de la infravivienda en el área de Barcelona: "La propietaria me dijo que no podía empadronarme"

A medida que el hacinamiento en pisos del área de Barcelona se cronifica, las irregularidades en torno al padrón municipal y sus perjuicios para los vecinos más vulnerables también crecen. Los testimonios de Fabio Fernández y Sandra Milena dan cuenta de ello. Ambos de Terrassa (Vallès Occidental), cuentan a EL PERIÓDICO cómo los propietarios de pisos donde han residido les dificultaron empadronarse y, consecuentemente, acceder a derechos como la sanidad pública o la obtención del permiso de residencia.

En el caso de Fernández, uruguayo de 38 años, llevaba poco tiempo en Terrassa cuando se encontró con la negativa de una propietaria a ser empadronado. "La propietaria me dijo que no podía empadronarme porque tenía a mucha gente registrada en el piso y le subían los impuestos", lamenta. Vivía en un bajo compartido por ocho personas y dividido en siete habitaciones, por una de las cuales pagaba 450 euros al mes. Al no tener nómina, la propietaria le había exigido tres meses de fianza. En la vivienda, según explica, todavía constaban personas que ya no residían allí, porque entonces las bajas del padrón podían demorarse durante meses.

Fernández desconocía al llegar hasta qué punto aquel trámite podía condicionar su situación administrativa. Lo supo después, al informarse a través de conocidos: constar en el padrón era necesario para acceder a la sanidad pública y servía también para acreditar el tiempo de residencia en España, un elemento clave para futuros trámites de extranjería. Ante la negativa de la dueña, decidió ir a empadronarse con el contrato de alquiler y consiguió registrarse en esa dirección. "Lo hice aunque ella no quería, con el riesgo de que me echara", rememora.

Sandra Milena, por su parte, llegó de Colombia en noviembre de 2024. Su primera parada en España fue el piso que una amiga de su prima tiene en Terrassa. Se trataba de una estancia corta mientras Milena buscaba una habitación propia para poder quedarse. Quiso empadronarse cuanto antes. “No quería enfermar y no tener seguridad social”, resume. No tuvo que buscar demasiado, ya que su casera le ofreció —irregularmente— hacerle el trámite por 200 euros. “Me robó”, asume ahora, cuando se halla ya en otro piso de la cocapital vallesana y con su padrón en mano.

"Decía que podía perder una ayuda del Estado"

El agravio a Milena no se limitó a ese primer pago de 200 euros. Tres meses después de recibir su certificado de empadronamiento, la vecina cambió de piso y se marchó a una habitación. Cuando firmó el contrato con su nueva casera, supo que ella no estaba dispuesta a empadronarla. “Decía que si me empadronaba en su piso ella perdía una ayuda que le daba el Estado”, arguye. Sin embargo, como ya se había empadronado antes, no pensó que ese detalle importara.

La sorpresa le llegó cuando, en marzo de 2025, se acercó hasta las dependencias municipales para sacar una copia de su padrón y descubrió que su anterior casera le había dado de baja. Eso implicaba quedarse sin asistencia sanitaria, pero también sin la ayuda alimenticia que le daba el Ayuntamiento de Terrassa mientras su situación era especialmente vulnerable: había llegado sola de Colombia y, en situación irregular, no podía acceder a ningún contrato de trabajo.

Después de sendos tropiezos en situaciones de infravivienda, tanto Fernández como Milena lograron empadronarse regularmente. Él permaneció dos meses en la vivienda donde se empadronó furtivamente, aunque siguió figurando allí durante más tiempo hasta que la propietaria tramitó su baja. El episodio tuvo consecuencias más allá del alquiler: asegura que posteriormente vivió periodos en los que no pudo acreditar ante la Administración por no disponer de un registro continuado.

En cuanto a ella, estuvo varios meses intentándolo hasta que, finalmente, pudo cambiar a un tercer piso donde el propietario sí estuvo dispuesto a empadronarla regularmente. “Gracias a Dios”, repite varias veces. Además, asume que desconocía por entonces la opción del empadronamiento sin domicilio fijo o ficticio, prevista precisamente para personas sin hogar o que malviven en infraviviendas. Tampoco tuvo el suficiente asesoramiento, aqueja, para batallar su acceso a los Servicios Sociales más allá del registro efectivo en el padrón. Ahora, esta vecina espera también poder regularizar su situación a través del proceso extraordinario habilitado por el Gobierno. “Ya solo falta que me den la admisión a trámite para ponerme a trabajar”, celebra.

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