El AMB defiende a la incineradora de Sant Adrià ante su próximo juicio: “Tersa no contamina”

La incineradora de Sant Adrià de Besòs afronta un juicio en 2027 que puede ser decisivo para su futuro. Cuando menos, lo será para resolver si el sistema de cálculo para medir la temperatura a la que arde la basura ha sido preciso y ha garantizado que no se rebasaran los rangos de emisiones contaminantes o si el algoritmo para chequear un indicador clave para impedir la dispersión de dioxinas y furanos ha incurrido en inexactitudes, con peligro de que el proceso de combustión no resultase fiable para destruir compuestos tóxicos por completo.

El exjefe de explotación de la planta se enfrenta a una petición de la fiscalía y la acusación ejercida por la entidad Airenet de cuatro años de prisión en la vista que se celebrará del 1 al 15 de febrero, por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, con riesgo grave para la salud de las personas. A medio año del juicio que deriva de una investigación iniciada en 2018, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se pronuncia en defensa de la compañía y su central, de la que es su principal propietario junto al Ayuntamiento de Barcelona.

“Tersa no contamina, es un hecho, todos los contaminantes están controlados”, afirma con rotundidad el director de Acción Climática del AMB, Frederic Ximeno. Remarca que el procedimiento judicial no ha demostrado que se excedieran los umbrales de polución y que la cuestión a dirimir se centra en la validez de la fórmula matemática con que la planta supervisa su operativa.

El ente afirma que le tranquiliza que la Generalitat valide la fórmula para controlar la operativa de la central, sobre la que existe controversia

“Estamos tranquilos en ese sentido”, afirma Ximeno. “Hemos preguntado por activa y por pasiva a la autoridad ambiental de Catalunya, que es la Generalitat, si la manera de calcular que usamos es la adecuada y si considera que damos los datos bien, y dice siempre que sí asegura una combustión correcta, también lo ha manifestado en sede judicial”, postula.

Un pleito "muy importante"

En todo caso, Ximeno concede que el método con que se evalúan las condiciones en que arden los desechos queda a expensas de la sentencia. “Este juicio es muy importante para nosotros -expresa-. Si el juez nos dice que no es correcto, cambiaremos la forma de control de la combustión, porque hemos de asegurar que no hay riesgo para la salud”. Dice que, en ese caso, el AMB preguntará a la Generalitat cuál es el sistema apropiado.

A su vez, responde que es “imposible de sensorizar” con un aparato dentro de un horno a altísimas temperaturas que los gases derivados de la incineración se elevan hasta 850 grados durante al menos dos segundos tras la última inyección de aire de combustión. Esta es la condición que se exige para evitar emisiones a la atmósfera con elevadas cantidades de compuestos nocivos. “No se puede hacer una monitorización directa, porque el sensor se funde, tiene que ser indirecta… Es una discusión muy técnica, en la que hay controversia”, apunta. De cómo se resuelva depende en buena parte el resultado del juicio.

El director de Acción Climática del AMB esgrime que, si hubiera dudas sobre el funcionamiento de la incineradora, estaría cerrada

De todos modos, Ximeno subraya que Tersa efectúa un seguimiento continuo de dioxinas desde 2009 y asegura que nunca se han apreciado incumplimientos. “Esta casa es la primera que quiere saber qué está pasando, pero lo que sí sabemos es que la incineradora no contamina; si no, estaría cerrada”, zanja el cargo del AMB.

Discrepancias entre estudios

La denuncia vecinal que desencadenó las pesquisas, los atestados de la Guardia Civil y el escrito de acusación de la fiscalía coinciden en citar y basarse en buena medida en estudios de 2014 y 2017 de la Universitat Rovira i Virgili (URV), encabezados por el catedrático emérito de Toxicología José Luis Domingo. De los informes, el Instituto Armado y el Ministerio Público destacan que las muestras recogidas en las inmediaciones de Tersa arrojaron resultados “notablemente más elevados que en las cercanías de otras instalaciones de tratamiento de residuos urbanos de Catalunya” y que se concluyó que “los habitantes de Sant Adrià tienen una probabilidad tres veces superior de desarrollar cáncer a lo largo de su vida que los residentes en Barcelona y Badalona”.

Ximeno señala que los análisis que originaron la sospecha sobre la planta no llegaron a resultados concluyentes. Enfatiza que “solo una de 12 muestras de tierra” del trabajo de campo observó presencias preocupantes de dioxinas que, según el responsable del AMB, “pueden ser de orígenes diversos” y superiores a otras incineradoras “sin ciclos combinados ni una ronda [en referencia a la ronda Litoral] en su entorno”.

Los estudios que el AMB y Tersa blanden niegan que exista riesgo de cáncer o mayor mortalidad en torno a la central

El responsable añade que “hay otros informes que no coinciden con la URV”. Menciona estudios datados entre 2016 y 2019 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Agència de Salut Pública de Barcelona y la Universitat Politècnica de Catalunya. Se trata de tres dictámenes que la defensa del directivo encausado de Tersa también esgrime. En síntesis, sostienen que las concentraciones detectadas de dioxinas en el aire y el suelo fueron bajas, negaron niveles de alerta por riesgo cancerígeno y no hallaron un índice de mortalidad por encima de la media en la zona de Barcelona próxima a la central.

“Sabemos seguro que no está contaminando y lo decimos con toda la confianza del mundo”, remacha Ximeno. Asimismo, dice que comprende la inquietud vecinal por la salud: “La tecnología y los sistemas deben ser los mejores, es el compromiso del AMB. Necesitamos esta incineración pero se debe hacer en las mejores condiciones. El control es permanente. Si no tuviéramos datos fehacientes y diarios de que se trabaja sin contaminar, no la estaríamos haciendo”.

Suscríbete para seguir leyendo