Barcelona se enfrenta al pago de 109 millones de euros por haber denegado permisos a nuevos hoteles

Las administraciones públicas están expuestas a numerosos pleitos en los juzgados, incluidos los que les exigen compensaciones económicas, ya sean unos pocos euros o cuantías millonarias. El Ayuntamiento de Barcelona no es ajeno a ese patrón y hace frente a varias decenas de demandas, en las que están en juego desde devoluciones de multas o impuestos supuestamente indebidos hasta costosas indemnizaciones. Según figura en su última cuenta general, el consistorio clasifica 221 litigios que estaban por dilucidar a 31 de diciembre de 2025 en las categorías de riesgo probable y posible, es decir, casos que teme que acaben en sentencias desfavorables. Las reclamaciones ascienden en total a 152,23 millones de euros y el ayuntamiento tendrá que atenderlas en caso de encajar condenas.

El grueso del montante que se disputa en los tribunales y, a su vez, las solicitudes de reparación más elevadas corresponden a demandas interpuestas por distintos casos en que el ayuntamiento desechó adjudicar permisos de obras para la apertura de hoteles. En los contenciosos pendientes de resolución por establecimientos a los que no se otorgaron licencias de construcción se exige a Barcelona cerca de 109 millones de euros, casi tres cuartas partes de toda la cantidad que se requiere al consistorio en juicios pendientes. Así consta en el capítulo de provisiones y contingencias de las cuentas anuales municipales de 2025, consultadas por EL PERIÓDICO.

La reclamación más alta atañe a un proceso judicial que entronca con un largo desencuentro que acabó frustrando un proyecto de la cadena hotelera Praktik, que planeó erigir dos establecimientos de cinco estrellas en la parte baja del Raval, frente a las Drassanes. Por ese episodio, que se remonta al primer mandato de la exalcaldesa Ada Colau, se insta al ayuntamiento a sufragar 88,48 millones de euros. Solo en ese pulso se dirime el pago del 58,1% de todo el importe de los litigios que el balance del consistorio categoriza con resultado incierto y con posibilidad de que conlleven una salida de dinero.

Un pulso prolongado

La causa por la que se batalla por una compensación tan sustanciosa guarda relación con un par de terrenos contiguos en las calles Peracamps y Cid, en Ciutat Vella. Praktik pidió licencia en 2015 para levantar dos hoteles de lujo sobre ambos solares limítrofes en un tramo deprimido de Barcelona y que, años antes, se reservaban para pisos sociales. El proyecto -alumbrado antes de la moratoria hotelera en el núcleo turístico de la ciudad- movilizó a una parte de los vecinos, que alertaron de que se cernía la amenaza de la gentrificación, y generó un encontronazo entre el gobierno de Colau y el promotor, que acusó al ejecutivo de bloquear los permisos.

Las reclamaciones por diferentes asuntos a las que el ayuntamiento hace frente ascienden a 152,23 millones de euros

Fuentes del anterior ejecutivo local recuerdan que la empresa amenazó con demandar varias veces y que, a su vez, negoció con el departamento de urbanismo para transformar el proyecto. Defienden que el plan no encajaba con la regulación y explican que la compañía fue rebajando sus expectativas iniciales, hasta el punto de que desistió y reemplazó los hoteles por la construcción de residencias de estudiantes. La licencia se entregó durante el segundo mandato de la anterior alcaldesa y las obras de los alojamientos para universitarios están a punto de culminarse. De hecho, el edificio de Peracamps se estrenará en septiembre y el de Cid, en enero.

Aunque la edificación en los descampados de antaño podría dar a pensar lo contrario, lo cierto es que la pugna ha pervivido en el juzgado. El pleito se centra en la presunta desestimación de varias reclamaciones acumuladas de responsabilidad patrimonial dirigidas al ayuntamiento por las licencias de obras mayores solicitadas. Como en otros procedimientos mencionados en la contabilidad municipal, el consistorio se ha escudado en que se trata de un litigio en marcha para no ofrecer mayor información. Por su parte, Praktik ha declinado responder a EL PERIÓDICO.

Petición de 10 millones

Barcelona acumula otras cuatro causas por denegaciones de nuevos hoteles que califica con riesgo posible de condena. Tras el caso de Peracamps y Cid, sobresale una petición de 10,21 millones de euros por la negativa a conceder una licencia de obras para alzar un establecimiento en el cruce de la calle Pau Claris con la Gran Via.

Se suma otra demanda por 7,39 millones por una resolución contraria a autorizar la edificación de un hotel en el número nueve de la avenida Vilanova. Asimismo, el ayuntamiento hace frente a otra solicitud de reclamación patrimonial en el juzgado, por haber rechazado un permiso de obras mayores de cambio de usos para convertir un edificio en hotel, y una reclamación de indemnización de 955.708,65 euros, por supuestos daños por la imposibilidad de implantar hoteles.

El gobierno municipal afirma que son pleitos en los que tiene argumentos para ganar y evitar los desembolsos

Aparte, el ayuntamiento reserva 34.441,06 euros por un pleito en que se pide que retorne el dinero de un depósito por la concesión de una licencia de obras de 2009 para construir un hotel de tres estrellas en el número 172 del Paral·lel. Hace lo propio con otros 13.732 euros por una solicitud de devolución de ingresos presuntamente indebidos del impuesto de actividades económicas cobrados en 2020 a tres establecimientos de la cadena Serhs. Ambas provisiones se catalogan con riesgo “probable” de comportar un desembolso.

Más financiera que judicial

La gerente de presupuestos y hacienda de Barcelona, Montse Escoda, afirma que el grado de riesgo al que se encasillan las causas “no quiere decir que el ayuntamiento considere que no hay suficientes fundamentos jurídicos para obtener una sentencia a favor”. Sostiene que responde más a una valoración económica que jurídica ante un eventual dispendio. “Cuando se presenta una demanda, se determina si es de rango remoto, posible o probable, pero no significa que los servicios jurídicos consideren que no se tienen suficientes fundamentos jurídicos para una resolución favorable”, puntualiza Escoda.

Las cuantías aprovisionadas por procesos de todo tipo en que el ayuntamiento percibe probabilidad de un resultado desfavorable suben a 19,82 millones de euros. Abarcan cuatro procedimientos en que se dirime el abono de 7,85 millones y 200 pleitos más en los que se disputan menos de 600.000 euros por causa, aunque juntos elevan las reclamaciones a 11,97 millones de euros. En el último ejercicio, se reservaron 2,3 millones por un recurso interpuesto por Nissan Motor Ibérica contra las liquidaciones del impuesto de actividades económicas entre 2012 y 2015 y otros 2,52 millones por desavenencias en las liquidaciones de impuestos por la ocupación de 1.250,40 metros cuadrados frente al edificio Estel mientras se reformaba entre 2020 y 2023.

Cuestión aparte son los pasivos contingentes, cuantificados en 132,40 millones en el balance municipal por 17 casos por enjuiciarse. A diferencia de las provisiones, el pronóstico de sentencia contraria se reduce a "posible" y no se asignan fondos para responder a un eventual fallo judicial, sino que se añade un apunte a la contabilidad a modo de advertencia.

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