Multas incobrables o indebidas en Barcelona: anulados casi 50 millones de euros en sanciones municipales en 2025

Sean por infracciones de tráfico, incumplimientos de ordenanzas o quebrantos de obligaciones urbanísticas o comerciales, miles de multas se dictan al año en Barcelona por un valor total que supera siempre los 100 millones de euros. La imposición de los castigos no siempre conlleva que se paguen de inmediato ni en poco tiempo, aunque se descuente la mitad del importe en caso de abonarse en unos 20 días. Cuando la Guardia Urbana, los inspectores del ayuntamiento u otros agentes municipales levantan una denuncia que comporta una amonestación, se inicia un trámite que puede alargarse unos años y, a la postre, que las arcas del consistorio no reciban ningún ingreso. De hecho, la capital ha de renunciar a recaudar sanciones por incobrables o indebidas que ascienden a decenas de millones de euros por cada anualidad. Según los últimos datos disponibles, rozaron casi los 50 millones solo en 2025.

El ayuntamiento dejó sin efecto multas por un montante de 48,34 millones de euros el año pasado, tal como figura en la cuenta general de la corporación. La cantidad dobla la de 2024, en que se revocaron sanciones que ascendían a 24,6 millones de euros. A su vez, la última condonación es inferior a la que se efectuó en 2023, cuando se eliminaron amonestaciones que sumaban 66,83 millones de euros.

En los tres últimos ejercicios, Barcelona ha tenido que desistir de percibir 139,77 millones en penalizaciones por supuestas faltas. La deuda acumulada por distintos motivos en sanciones de años pasados no es pequeña: el consistorio clasificó 515,13 millones de euros en ingresos pendientes de impuestos y multas como provisión de dudoso cobro a finales de 2025.

Los castigos que el ayuntamiento acaba por disculpar no se suelen suprimir en menos de un año. El gerente del Instituto Municipal de Hacienda (IMH) de Barcelona, Josep Medrano, afirma que en gran parte se trata de multas pendientes de pago que se han arrastrado de un ejercicio a otro. Pueden colear durante varios años, hasta que el expediente se cierra, ya sea porque se han resuelto las alegaciones dando la razón al solicitante o se ha constatado que resulta imposible ingresar los importes exigidos. "Hay situaciones legales que nos obligan a hacer estas anulaciones", comenta el cargo municipal.

El consistorio cuantifica 515 millones de euros pendientes en impuestos y multas de dudoso cobro

Cuatro grandes motivos

Medrano manifiesta que existe una “serie de conceptos muy variados” por los que se rescinden multas. No obstante, destaca “cuatro grandes conceptos” a los que atribuye que el grueso de los 48,34 millones en sanciones revertidas en 2025 quedasen en nada.

El primer supuesto que menciona es que los infractores demuestren que son insolventes. "Tramitamos las multas, las notificamos, la gente las puede pagar o no y, en caso de que no las pague, hacemos todo un procedimiento ejecutivo y nos podemos encontrar con personas que no tengan ningún bien que les podamos localizar”, explica Medrano.

En cualquier caso, la renuncia al cobro en esa hipótesis no es definitiva y puede volver a requerirse al deudor. “Si declaramos a una persona insolvente, porque se han hecho todas las actuaciones legales y el crédito se considera fallido, ponemos aquella multa en ‘stand by’ y se podría recuperar si hay solvencia sobrevenida”, precisa el responsable.

Medrano señala que otro motivo de anulación son las prescripciones, al superarse los márgenes en que debe procederse a la notificación o la liquidación de las penalizaciones. El gerente del IMH aclara que los términos no son uniformes y varían de acuerdo a la ley, dependiendo del tipo de multa. Por ejemplo, las sanciones de tráfico que se declaran firmes por vía administrativa prescriben a los cuatro años, aunque los plazos pueden interrumpirse por las gestiones que se practiquen para conseguir el cobro, sin perjuicio de los recargos que correspondan.

Aparte de insolvencias y errores, también hay un número "relevante" de cancelaciones por fallecimientos de infractores

Aparte, hay derogaciones por defunción del infractor. “Parece que no, pero también tenemos una parte relevante de esos casos”, repara Medrano. “También tenemos cancelaciones si la persona quiere sustituir la sanción por una medida alternativa”, prosigue el gerente. La ordenanza de civismo contempla la posibilidad de sustituir el desembolso por cursos y prestaciones a la comunidad, conocidas como “medidas sancionadoras alternativas”.

“Después también hay un volumen de circunstancias en las que nos hemos podido equivocar”, reconoce el responsable de hacienda. Alude a errores en la identificación de los infractores, ya sea por confusiones de la Guardia Urbana o de cualquier estamento del consistorio. El recurso pertinente y la comprobación que le sigue al abrirse una revisión llevan a la abolición de esos castigos inexactos. En todo caso, no son impedimento para que se genere una nueva multa dirigida contra otra persona, la que se confirme que sí fue quien en realidad transgredió la norma.

114 millones en amonestaciones

El Ayuntamiento de Barcelona dictó sanciones en 2025 por un total de 114,31 millones de euros. Al acabar el año, había recaudado 44,52 millones, casi el 39% de la cantidad reclamada. Los 69,79 millones de euros restantes constaban pendientes de cobro al final del ejercicio. A su vez, recabó 21,01 millones de multas que se adeudaban de años anteriores, la cantidad más alta que ha logrado que se costee en los últimos seis ejercicios.

Barcelona recabó 21 millones pendientes de multas de años pasados en 2025, la cifra más alta de los últimos tiempos

Aun con fluctuaciones, la tendencia se asemeja a la de los ejercicios precedentes. De hecho, no existen diferencias muy pronunciadas con los cursos previos. La cuantía de las multas registradas el año pasado es inferior a 2020 (entonces se anotaron amonestaciones por valor de 122,97 millones de euros), 2021 (133,34 millones) y 2024 (115,80 millones). En cambio, el montante de las penalizaciones que en 2025 se despacharon en Barcelona superó el de 2019 (105,61 millones de euros), 2022 (102,82 millones) y 2023 (101,96 millones).

Las amonestaciones impuestas sin sufragar al término del ejercicio suben a unos 60 o unos 70 millones de euros anuales. La morosidad en 2025 fue superior a la de 2019 (65,43 millones de euros), 2022 (55,58 millones) y 2023 (60,91 millones), mientras que quedó por debajo de la de 2020 (77,39 millones), 2021 (79,99 millones) y 2024 (71,19 millones).

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