Los futuros centros comerciales de Barcelona tendrán menos aparcamientos a raíz de una nueva regulación

Barcelona pondrá límites a la creación de plazas de aparcamiento en los centros comerciales, oficinas y equipamientos. Se trata de un giro completo de la normativa urbanística, que tradicionalmente ha obligado a los promotores a crear un mínimo de plazas para asegurar la accesibilidad en coche a los nuevos espacios. El objetivo es dejar de poner en el centro al vehículo privado y favorecer el transporte público, el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Para ello es necesario evitar lo que se conoce como movilidad inducida, es decir, los desplazamientos generados por la existencia de una amplia disponibilidad de plazas. El AMB, que ha aprobado inicialmente la modificación de las normas urbanísticas del Plan Generam Metropolitano (PGM) que regulan el sistema viario y el estacionamiento, enmarca esta limitación en el espacio urbano comprendido entre la Ronda de Dalt y la Ronda Litoral, al entender que cuenta con una oferta adecuada de transporte público.

La nueva norma indica que no podrá superarse una plaza de coche por cada 50 m² cuadrados construidos en oficinas, centros comerciales, industrias, almacenes y equipamientos sanitarios, culturales, religiosos o deportivos. Hasta ahora, el PGM no estipulaba ningún máximo y únicamente regía la obligación de un mínimo plaza de aparcamiento por cada 80 m² cuando la superficie comercial, sumadas todas las plantas comerciales del edificio, fuera superior a 400 m². Traducido en un ejemplo real: si hoy se construyera un área comercial similar al centro comercial de las Glòries, que cuenta con unas 3.000 plazas de aparcamiento, el nuevo límite de una plaza por cada 50 metros cuadrados reduciría potencialmente la oferta de aparcamiento en más de la mitad de la actual.

Como ocurre en el ámbito de la vivienda, las superficies comerciales del ámbito de fuera de las rondas, donde hay más carencias de transporte público, tendrá una regulación más laxa. En los casos donde el transporte público sea "accesible", la ratio de aparcamientos será de un mínimo de una plaza por cada 200 m² en establecimientos con más de 1.300 m² de superficie de venta comercial. En el resto de municipios más periféricos, el mínimo será aún más exigente: una plaza por cada 100 m² en establecimientos con más de 1.300 m² de superficie de venta.

El uso del coche para ir a trabajar es significativamente más bajo en distritos como Ciutat Vella o Gràcia debido a la falta de oferta de aparcamiento.

Probabilidad de uso de coche, cuadruplicada

Según un estudio de movilidad que sustenta el cambio normativo elaborado por Barcelona Regional, aún casi el 70% de los viajes en coche en Barcelona terminan en una plaza gratuita (ya sea en la calle o en un 'parking' reservado en destino), lo que demuestra cómo "la oferta actual subvenciona e induce" el uso del coche.

La simple existencia de una plaza libre en el destino es uno de los factores que más incentiva el uso del coche: el informe señala que si una persona sabe que tiene una plaza reservada o gratuita en su trabajo, la probabilidad de que elija el coche se cuadriplica. Mientras que el aparcamiento en casa influye en la tenencia del coche, el aparcamiento en el destino, sea en el trabajo o por compras, es el factor clave que determina si ese coche se mueve o se queda aparcado.Los datos locales de la Encuesta de Movilidad en Día Laborable confirman esta teoría: para los trabajadores ocupados, la dificultad de aparcar en el destino es el motivo principal (31% de las respuestas) en su elección de transporte público en lugar del coche. El uso del coche para ir a trabajar es significativamente más bajo en distritos como Ciutat Vella o Gràcia debido a la falta de oferta de aparcamiento. El objetivo final es que, al limitar también la infraestructura para el coche en el resto de zonas bien servidas por metro o bus, esa movilidad "inducida" por la facilidad de aparcar se traslade hacia modos sostenibles.

El cambio se debe a que la normativa vigente se considera del todo anticuada y no responde al modelo actual.

El cambio se debe a que la normativa vigente se considera del todo anticuada y no responde al modelo actual. El estudio de movilidad de la modificación del Plan General Metropolitano, elaborado este mes de mayo por Barcelona Regional, indica que hay que redistribuir los espacios públicos teniendo en cuenta que el uso del coche ha reculado un 19% entre 2003 y 2023 y supone el 23,2% de los desplazamientos. Por contra, el 55,2% son a pie, por lo que hay que aumentar la calidad del espacio para ofrecerlo al peatón, al transporte público en superficie y para la bicicleta.

Impulso a la bicicleta

En paralelo, la posesión de motocicletas se ha duplicado en la mayoría de municipios metropolitanos. La nueva normativa permitiría transformar un 25% de las plazas de coche autorizadas en espacio para las motocicletas, a razón de tres plazas de moto por cada una de coche. Es decir que si un nuevo equipamiento tiene limitado un máximo de 100 estacionamientos, podrá elegir crear 75 de coche y convertir los 25 restantes en 75 de moto.

Mientras se restringe el estacionamiento de coches, la normativa obliga a que oficinas y comercios de más de 1000 m2 construidos tengan una plaza de bicicleta por cada 100 m2 , una por cada 200 m2 en el caso de industria y 400 m2 en almacenes. En el caso de un centro cultural con más de 500 localidades deberán reservar una plaza por cada 15 asientos. Cada plaza de bicicleta o patinete deberá disponer de una superficie mínima de 1,5 metros cuadrados, y en caso de estacionamientos subterráneos, se recomienda situarlos en las primeras plantas para facilitar el acceso.

Asimismo, al igual que las nuevas viviendas no estarán obligadas a ir acompañadas de una dotación de plazas de parking, sí deberán disponer de dos plazas para bicicletas por unidad residencial. En alojamientos comunitarios o dotacionales se exigirá una plaza por unidad, aunque en las residencias de personas mayores la ratio se reduce a una plaza por cada diez habitaciones. Los establecimientos turísticos deberán habilitar una plaza por cada cuatro unidades de alojamiento.

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