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Obras de la L9

Una nueva grieta en un edificio desalojado por el socavón del Putxet alarga hasta septiembre el retorno del 38% de afectados

Los vecinos de un tercer bloque afectado por el socavón de la L9 vuelven a sus casas a partir de este miércoles

Los desalojados del Putxet fichan a la abogada del socavón del Carmel y piden técnicos independientes

Un camión de Bombers de Barcelona en la plaza Frederic Soler, cerca de la zona donde se produjo el socavón en el Putxet

Un camión de Bombers de Barcelona en la plaza Frederic Soler, cerca de la zona donde se produjo el socavón en el Putxet / ACN

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Judit Bertran

Judit Bertran

Barcelona
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Los Bombers de Barcelona han encontrado una nueva grieta en el subterráneo del número 2 de la calle Rubinstein, uno de los bloques afectados por el socavón ocasionado por las obras de la línea 9 de metro de Barcelona el pasado 7 de julio. Se trata de un cambio de paradigma, ya que hasta ahora las actuaciones habían permitido que un 62% de vecinos desalojados (los de los números 56 y 58 de la calle Sant Gervasi de Cassoles y del 6 de la calle Rubinstein) consiguiera luz verde para volver a sus viviendas después de un registro exhaustivo por parte de los técnicos. La tendencia positiva se ha truncado con este hallazgo: el 38% restante de los vecinos, de las cuatro fincas que quedan vacías, no podrán volver hasta septiembre.

Así lo han anunciado Ramon Ramírez, Director General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat; Pilar Díaz, delegada del Govern en Barcelona; y Sebastià Massagué, director de Bombers de Barcelona, este viernes por la mañana en declaraciones a medios. El hallazgo consiste en "una pequeña cavidad mucho más pequeña que la inicial" ubicada en bajo uno de los bloques que aún no tenía el visto bueno y donde se están haciendo trabajos de inyección y de estabilización. Ello imposibilita que los vecinos accedan puntualmente, algo que hasta ahora sí se podía hacer con acompañamiento de los bomberos.

Façana afectada pel forat al Putxet, el 7 de juny passat. | MARC ASENSIO CLUPÉS

Fachada de un local afectado por el socavón en el Putxet / MARC ASENSIO CLUPÉS

"Sabíamos que era la zona más afectada, y por ello se están haciendo trabajos para garantizar la solidez del terreno", ha explicado Ramírez. Ha destacado que para encontrar esa afectación han sido primordiales los sistemas de excultación e inspección diaria que se han llevado a cabo en los edificios, una tarea que estos días se ha intensificado para que los desperfectos se reparen lo antes posible.

Durante el mes de agosto se prevé que se hagan las tareas de comprobación del terreno y consolidación de toda el área afectada por el socavón. Y no será hasta finales del mes cuando empiecen a calcular las fechas de retorno de los demás vecinos.

Ayudas económicas

Pilar Díaz ha explicado también que a partir de este mismo viernes 48 vecinos empezarán a recibir un anticipo de las ayudas económicas para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados. Por otra parte, se ha ofrecido también la posibilidad de suspender el pago de los alquileres, una medida a la que casi una veintena de vecinos se han acogido. También se ha habilitado una línea de préstamos del Institut Català de Finances (ICF) para los 16 locales afectados en concepto de gastos ordinarios.

El precedente del Carmel

En cualquier caso, el giro de guion de este viernes carga de razones a la mitad de afectados que ya se había unido para reclamar conjuntamente las indemnizaciones y una inspección por parte de técnicos independientes. Como informó EL PERIÓDICO, han contratado precisamente a la abogada que llevó el mediático caso del hundimiento del Carmel en 2025, Carmen Pérez-Pozo Toledano, CEO y fundadora de Grupo Pérez Pozo.

Pérez-Pozo representó a un tercio de los vecinos afectados por el socavón de la L5 en el Carmel en 2005. Ese accidente obligó a desalojar a 1.289 personas de 530 viviendas y se saldó con el pago de unos 100 millones de euros en indemnizaciones: 42 millones en daños morales, 16 en facturas de hoteles y alquileres de pisos puente, 6,3 para indemnizar a los comerciantes y 32 para obra civil y la rehabilitación de edificios. Algunos de los afectados tardaron más de dos años en volver a sus casas, otros no lo hicieron nunca.

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