Los desalojados del Putxet fichan a la abogada del socavón del Carmel y piden técnicos independientes

El retorno gradual de los inmuebles desalojados por el socavón de ocho metros de diámetro junto a la estación del Putxet de Barcelona, originado por las obras de la L9 del metro, intranquiliza a los residentes y comercios afectados. Tres semanas después del gran susto, la mitad de los vecinos ya forman parte de una plataforma creada expresamente para presentar una reclamación conjunta a la Generalitat de Catalunya, promotora de les obras. Y para defender sus intereses han fichado ni más ni menos que a la abogada que llevó las reclamaciones por el hundimiento del Carmel hace dos décadas, Carmen Pérez-Pozo Toledano, CEO y fundadora de Grupo Pérez Pozo.

En total, el pasado 7 de julio se ordenó el desalojo de 93 viviendas del barrio de la Bonanova en las que habitaban unas 300 personas, un 40% de las cuales ya ha podido volver. Govern y Ayuntamiento de Barcelona han activado líneas de ayuda específicas y han avanzado el coste del realojamiento en hoteles a los afectados que lo solicitaran. Sin embargo, los adscritos a la plataforma consideran que los anticipos para las familias y los préstamos para los comerciantes son medidas puntuales y reclaman una solución global.

Pérez-Pozo representó a un tercio de los vecinos afectados por el socavón de la L5 en el Carmel en 2005. Ese accidente obligó a desalojar a 1.289 personas de 530 viviendas y se saldó con el pago de unos 100 millones de euros en indemnizaciones: 42 millones en daños morales, 16 en facturas de hoteles y alquileres de pisos puente, 6,3 para indemnizar a los comerciantes y 32 para obra civil y la rehabilitación de edificios. Algunos de los afectados tardaron más de dos años en volver a sus casas, otros no lo hicieron nunca.

Con ese precedente de referencia, los vecinos del Putxet no centran por ahora sus reivindicaciones únicamente en las posibles indemnizaciones, sino también en recuperar la confianza y contar con garantías sobre el estado de sus viviendas. En este sentido, piden que técnicos independientes valoren las medidas tomadas y los criterios para decidir quién puede volver y quién no, tareas que hasta día de hoy llevan a cabo por profesionales aportados por la propia Administración.

"Lo que estamos buscando es la seguridad y la tranquilidad de volver", asegura a EL PERIÓDICO como portavoz del colectivo. Ya representa a casi el 50% de los vecinos y poco a poco llegan más. Subraya que sus clientes han perdido la confianza en los técnicos oficiales y que se sentirían más seguros con el veredicto de especialistas que no dependan de la Generalitat y que tampoco estén vinculados con la obra.

Para ello, tienen previsto negociar con la Generalitat una respuesta rápida, social y por la vía extrajudicial que permita fijar cuándo, cómo y con qué indemnizaciones vuelven a sus viviendas y comercios. "Estamos haciendo una hoja de ruta para que todo el mundo esté tranquilo y sepa hacia dónde nos dirigimos", explica Pérez-Pozo.

"Hay mucha angustia generalizada"

Pese a que una parte de los afectados ha podido volver a sus viviendas y que el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un plan específico de ayusa y asesoramiento al comercio afectado, los afectados piden más transparecia y tranquilidad porque las reuniones semanales que les actualizan la situación les resultan difíciles de descifrar. En este sentido, el bufete se ofrece como intermediario y facilitador: "Hablar con nosotros va a ser bueno para todos, para que ellos puedan trabajar con tranquilidad, sin tanta presión, y para que los afectados estén más tranquilos".

La plataforma reclama una mesa de negociación para empezar a hablar de un acuerdo marco sobre líneas de indemnizaciones, compensaciones y seguridad para cubrir los daños materiales, personales y económicos. Después, en función de ese acuerdo, se cursarían las reclamaciones individualizadas, porque los daños y las circunstancias son diferentes en cada caso. La tramitación de todas ellas sí se haría de manera coordinada para que tengan un mismo origen e interlocutor. "Estamos en una situación incipiente, pero sí que es verdad que hay mucha angustia generalizada", apunta Pérez-Pozo.

En 2005 el Carmel, en 2026 la Bonanova

Pérez-Pozo, a diferencia de la Generalitat, ve similitudes entre el caso del Putxet y el del Carmel. "Aquello cogió por sorpresa a todo el mundo y se generó muchísima más alarma social porque había muchos más afectados", explica. Ha destacado también que las administraciones han actuado con más rapidez y han ofrecido antes asistencia a los afectados.

Con todo, considera que ambos casos comparten el mismo sentimiento de preocupación entre los vecinos por la seguridad de los edificios y la misma cadena de acontecimientos: "Aparece la tuneladora, no calculan bien, no planifican a nivel geotécnico, se encuentran con un suelo que en Barcelona está lleno de arcilla y agua, la tuneladora comete un error, se cae un edificio... Y a partir de ahí empezamos a movernos todos".

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