La Generalitat estudia la liberalización de un millar de pisos protegidos de Badia del Vallès tras meses de presión vecinal

La movilización de propietarios de viviendas protegidas de distintos municipios catalanes ha llevado a la Generalitat de Catalunya a estudiar una posible solución para 1.216 pisos de Badia del Vallès. Estas viviendas, que deberían haber pasado al mercado libre en febrero tras cumplir el periodo de 50 años por el que se firmaron los contratos de protección oficial, han quedado sometidos a este régimen por una ley catalana que entró en vigor a principios de este 2026.

Un total de 271 urbes contienen viviendas que se encuentran en esta situación. Se trata de municipios tensionados, es decir, ciudades en las que la Administración aplica medidas de contención de precios de los alquileres. Con todo, fuentes de Territori confirman a EL PERIÓDICO que el departamento está “estudiando el caso de Badia del Vallès” para que pueda salir de la zona tensionada y, consecuentemente, que todos sus pisos de protección oficial pasen a ser libres. El municipio, que se encuentra a unos veinte minutos de la capital catalana, es singular. Se construyó íntegramente con pisos de hormigón y vivienda protegida en 1975. Esto ha sigo origen de la división entre vecinos, ya que los bloques de todos ellos son prácticamente idénticos.

La diferencia de trato ha provocado el malestar de los propietarios afectados, que trasladaron al Ayuntamiento lo que consideran un "agravio comparativo demasiado fuerte". El consistorio ha respaldado sus reclamaciones y ha pedido a la Generalitat que estudie una solución conjunta que permita equiparar la situación de todas las viviendas del municipio. “Queremos garantizar que todos los vecinos y vecinas tengan las mismas oportunidades en uno de los grandes retos de país, como es la vivienda”, explica a EL PERIÓDICO el alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez (PSC).

Por el momento, la Generalitat no ha tomado una decisión definitiva. La revisión del caso, sin embargo, supone el primer movimiento de la Administración después de meses de protestas, reuniones y contactos políticos impulsados por propietarios de Badia, pero a los que se han sumado también vecinos de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma, Girona, Giosona afectados por la misma situación, fruto de la entrada en vigor de la Ley 11/2025. Los municipios se integran en una plataforma todavía en construcción pero que por ahora agrupa a unos 50 propietarios.

El singular contexto de la vivienda de Badia del Vallès

“¿Por qué yo no soy libre y el vecino de la calle de enfrente sí?” es una de las preguntas que más se repite entre los afectados. En este caso es Amalia Frutós, vecina y afectada de Badia del Vallès, quien explica que es "totalmente injusto" y que por primera vez ha conllevado "una división entre vecinos del municipio". Los propietarios de Badia denuncian que la diferencia no depende de la situación económica de las familias, de las características de los pisos o de las ayudas recibidas, sino de las fechas que constan en los expedientes de las distintas promociones.

Badia del Vallès tiene una historia singular. El municipio nació en 1975 como una gran operación de vivienda destinada a facilitar el acceso a un piso a miles de familias trabajadoras. En apenas un año y medio se construyeron unas 5.200 viviendas, todas ellas de protección oficial. En 2023, un total de 4.156 pisos quedaron liberados de este régimen, mientras que las 1.216 viviendas restantes debían seguir el mismo camino en febrero de 2026, una vez cumplidos los 50 años establecidos en sus escrituras. Sin embargo, la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado en 2024 ha impedido, por ahora, que esta última fase se complete.

Una ley en vigor desde el 1 de enero

El conflicto que atañe a Badia nació a raíz de la Ley 11/2025, de medidas en materia de vivienda y urbanismo, que entró en vigor el 1 de enero de 2026. La norma establece que las viviendas protegidas situadas en municipios declarados como zonas tensionadas seguirán siendo de protección oficial mientras se mantenga esa declaración. Esto afecta a pisos que ya tenían fijada una fecha para dejar de ser protegidos y pasar al mercado libre. No se trata, por tanto, de una protección necesariamente perpetua. Su duración queda vinculada a que el municipio continúe declarado como zona tensionada. Sin embargo, para los propietarios desaparece la fecha concreta a partir de la cual esperaban poder disponer de la vivienda como un piso libre.

La ley fue aprobada con los votos del PSC, ERC, los Comuns y la CUP. Su objetivo es evitar que miles de pisos construidos bajo algún régimen de protección se incorporen al mercado libre en un momento de graves dificultades para acceder a una vivienda asequible. Los propietarios movilizados no cuestionan la necesidad de ampliar el parque protegido, pero rechazan que la nueva regulación se aplique a viviendas compradas décadas atrás bajo unas condiciones que incluían una fecha de finalización.

Conservar la calificación de protección oficial no significa que los propietarios pierdan la titularidad ni que no puedan vender sus viviendas. Sin embargo, limita la forma en la que pueden disponer de ellas. El precio de venta y la renta máxima de alquiler continúan sometidos al régimen vigente cuando el piso fue calificado. La vivienda debe destinarse principalmente a residencia habitual y las operaciones de venta o alquiler están sujetas a las condiciones y trámites administrativos. Es decir, no se puede alquilar ilimitadamente.

Elena Malysheva, abogada especializada en vivienda, subraya que se trata puramente de una continuidad de la protección: "Ante la necesidad de vivienda asequible, que prácticamente no existe, una de las fórmulas que se ha encontrado es mantener la protección oficial”, explica. “No es una medida suficiente para detener por sí sola el aumento de los precios, pero evita que estas viviendas desaparezcan del parque protegido”. Asegura que, en determinadas promociones, los precios máximos de venta pueden acercarse a los valores reales del mercado de la zona. “En muchos casos, los precios son prácticamente de mercado, como es el caso de Badia del Vallès”, sostiene.

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