Suspendidos todos los desalojos del macrodesahucio de La Mina hasta septiembre

Nuevo capítulo en el macrodesahucio de 58 viviendas de titularidad pública ocupadas desde 2017 en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besos. El Consorci de La Mina --integrado por la Generalitat, la Diputació de Barcelona y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià-- ha pedido detener todos los lanzamientos ordenados por el juez en el bloque de la calle de Ernest Lluch. Eran cinco desahucios en total, programados para el mismo 29 de junio, el 8 de julio y el pasado lunes día 13, en los que los agentes tampoco se presentaron.

Así, ya no queda ningún otro desalojo programado hasta septiembre, tras la vuelta a la actividad de los juzgados después de su periodo vacacional. Si nada cambia, pues, se habrán producido en esta primera tanda un total de 11 desahucios: 10 entre el 18 y el 25 de junio --ante una fuerte presencia policial y con episodios de tensión con los vecinos--; y un último el pasado 2 de julio. A partir de septiembre, se prevén lanzamientos los jueves de cada semana al menos hasta diciembre. Hay días en que están programados tres o cuatro desalojos simultáneos.

Cuatro familias, eso sí, han reocupado los pisos en los que hacían vida tras retirar las puertas antiocupación colocadas por los Mossos d'Esquadra. En todos estos casos, el Consorci ha denunciado las reocupaciones y ha solicitado al juez su desalojo inmediato. La justicia, sin embargo, ha desestimado hasta ahora todas estas demandas. En la última resolución al respecto, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, un juez admite que el desalojo es la medida "idónea para recuperar la posesión", pero que "no aparece suficientemente acreditada su necesidad urgente, ni resulta proporcionado su adopción".

En resoluciones anteriores, la justicia había llegado a argumentar que  “la parte denunciante resulta ser una persona jurídica multipropietaria y la parte denunciada acredita hallarse en situación de vulnerabilidad habitacional”. El auto también alegó que “el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, por el momento, no ofrece una alternativa habitacional”.

Un "cambio de estrategia"

El Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs y la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya han asegurado en un comunicado tener "la convicción" que el parón en los lanzamientos "se lleva a cabo con la intención de orquestar un macrodesahucio único de todo el bloque en una única fecha en septiembre". Tanto las organizaciones sindicales como los propios afectados denuncian que los entes que forman el Consorci "no han mostrado voluntad de diálogo ni acercamiento con las familias" y reclaman sentarse en una mesa de negociación para regularizar la estancia de quienes demuestren condiciones de necesidad.

Por su parte, las administraciones implicadas han aducido desde el inicio de los desahucios que los casos en los que se acredite escasez de ingresos para afrontar el pago de una vivienda se derivarán a la mesa de emergencia de Sant Adrià de Besos. Sin embargo, algunas familias seguran haber recibido informes de vulnerabilidad de los servicios sociales en las últimas semanas, sin el margen suficiente para recurrir al juzgado para tratar de frenar sus lanzamientos.

Además, el Consorci aduce desde el inicio de los lanzamientos que los pisos que queden libres son “para poder realojar a otra familia del proyecto de expropiación de la calle Venus”. Se trata del bloque condenado al derribo desde el 2002, motivo por el que se erigieron los pisos públicos en parte ocupados. Los seis edificios donde se reparten los 58 hogares en disputa permanecieron deshabitados durante al menos siete años y fueron asaltados a la vez un mismo día de 2017.

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