Medio centenar de familias piden en el Parlament de Catalunya que sus viviendas de protección oficial pasen al mercado libre

“Nos han cambiado las reglas del juego a mitad de la partida”. Así resumen su malestar las familias agrupadas en una plataforma de propietarios de viviendas de protección oficial que este jueves llevaron su protesta al Parlament de Catalunya. Reclaman que sus pisos, comprados hace décadas con una fecha de descalificación fijada en las escrituras, puedan pasar al mercado libre cuando llegue el plazo previsto.

El conflicto nace de la Ley 11/2025 de medidas en materia de vivienda y urbanismo, aprobada por el Parlament y en vigor desde el 1 de enero de 2026. La norma, impulsada por el PSC, ERC y los Comuns, busca ampliar el parque de vivienda protegida en Catalunya, especialmente en los municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado. En la práctica, las viviendas protegidas situadas en estos municipios no pierden su calificación cuando llega la fecha de caducidad prevista, sino que continúan siendo de protección oficial mientras se mantenga esa declaración.

Para el Govern, la medida pretende reforzar el parque de vivienda asequible en un contexto de fuerte presión sobre los precios. Catalunya cuenta actualmente con 271 municipios declarados como zonas tensionadas y, tal como publicó este diario, el precio de la vivienda subió un 12,9% interanual en el primer trimestre del año. Pero los afectados denuncian que la norma se aplica de forma retroactiva y rompe las condiciones bajo las cuales compraron sus pisos.

“Nosotros no estamos diciendo que no tenga que haber vivienda protegida”, sostienen desde la plataforma. “El problema son los tiempos y a quién se aplica”. Según sus cálculos, la medida podría afectar a unas 33.000 familias en Catalunya, especialmente en municipios y barrios donde promociones enteras de vivienda protegida estaban cerca de completar el periodo de calificación.

La chispa prendió en Badia del Vallès, un municipio estrechamente ligado a la vivienda protegida. Allí, 1.216 pisos que debían quedar libres han visto prorrogada su condición de vivienda protegida. Desde una charla informativa celebrada en marzo, el movimiento ha ido creciendo y se ha extendido a otros puntos del área metropolitana, como L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, El Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà y, de forma más residual, Girona.

La plataforma está formada actualmente por unos 50 vecinos, aunque aseguran que cada día se suman nuevos afectados. El pasado 25 de junio ya protagonizaron una movilización y este 2 de julio acudieron al Parlament, coincidiendo con la votación de unas enmiendas impulsadas por el PP para revertir la afectación sobre las viviendas que ya tenían fecha de descalificación. Las enmiendas no salieron adelante.

Dorian Ros, presidente de la asociación de afectados en Badia del Vallès y una de las caras visibles de la plataforma, leyó un comunicado en la Cámara catalana. “Aquí no hay fondos de inversión, no hay fondos buitre ni hay especuladores. Somos familias trabajadoras”, afirmó. Ros defendió que los propietarios compraron sus viviendas “cumpliendo escrupulosamente la legalidad” y destinando a ellas “los ahorros de toda una vida”.

La crítica de los afectados se centra en el artículo 5.8 de la ley, que, según denuncian, impone una calificación indefinida a viviendas que tenían un régimen temporal. “Firmamos unas condiciones claras: los pisos tenían una fecha de caducidad como viviendas protegidas. Nosotros cumplimos nuestra parte del trato, pagamos nuestras hipotecas y respetamos los plazos. Ahora la Administración ha decidido borrar esa fecha”, sostienen.

Ros insiste en que el conflicto no se reduce al precio de venta. Entre las consecuencias que denuncian figuran la pérdida de libertad para vender o alquilar la vivienda, la obligación de cumplir determinados requisitos administrativos y las limitaciones para disponer del inmueble como patrimonio familiar. “No poder alquilar a quien tú quieras o depender de listas de demandantes también cambia la vida de muchas familias”, argumenta.

La plataforma advierte, además, de que las personas mayores son uno de los colectivos más afectados. Muchos propietarios contaban con que, una vez liberada la vivienda, podrían venderla, alquilarla o utilizarla como recurso económico durante la jubilación. Los afectados citan, por ejemplo, la dificultad de acceder a una hipoteca inversa si el piso continúa intervenido como vivienda protegida. “Para muchas familias, ese piso no es un negocio. Es el único patrimonio que tienen”, remarcan.

El Govern defiende que la medida permite conservar vivienda asequible en municipios donde el mercado libre se ha disparado. Pero los afectados replican que sus pisos ya están ocupados y que mantenerlos como protegidos no genera nuevas viviendas disponibles. “Intervenir nuestras casas no libera ni un solo piso para los jóvenes ni para las familias vulnerables que necesitan un techo”, denunció Ros.

Tras el rechazo de las enmiendas en el Parlament, la plataforma asegura que seguirá presionando por la vía política. Reclama que se tramite una nueva propuesta de ley para modificar el artículo 5.8 y eliminar la retroactividad en los casos de viviendas que ya tenían una fecha de descalificación fijada.

“La pelota sigue en su tejado”, advierten los afectados. Su exigencia, insisten, no pasa por eliminar la vivienda protegida, sino por respetar las condiciones firmadas por quienes compraron bajo una normativa anterior. “Esta lucha no es solo por un artículo de una ley. Es una lucha por la dignidad, por el respeto a los contratos y por la seguridad jurídica de miles de familias trabajadoras”.

Suscríbete para seguir leyendo