Casi 2.000 nuevas licencias de obra agravan el problema de las urbanizaciones sin servicios barcelonesas

Mientras se perpetúa la anomalía de que cientos de urbanizaciones catalanas resultan a la práctica inhabitables por la falta de servicios básicos como suministro de agua, asfaltado o alcantarillado, el crecimiento demográfico de estas áreas diseminadas no cesa. Ese incremento poblacional se ha producido los últimos años bien porque los vecinos han convertido su segunda residencia en primera, bien por las nuevas licencias de obra otorgadas. En la provincia de Barcelona, la Diputación de Barcelona (DIBA) concluye en un novedoso informe que un total de 61 ayuntamientos han otorgado 1.859 licencias de obra la última década, hecho que la propia administración provincial tilda de "problemático". Es el primer recuento oficial de los permisos otorgados para construir en el pantanoso terreno de las denominadas urbanizaciones con déficits, que se elevan a un total de 367 en la provincia.

El estudio provincial desarrolla literalmente que "resulta problemático comprobar que, en los últimos diez años, diversos municipios han concedido un nombre considerable de licencias para nuevas construcciones, pese a la irregularidad del proceso". Las comarcas barcelonesas con más licencias otorgadas son Osona (388), el Maresme (332) y el Baix Llobregat (201). Esas nuevas licencias agravan un problema que sólo en la provincia de Barcelona afecta a 88.629 vecinos empadronados —unos 120.000 en toda Catalunya— y que tiene en pie de guerra a casi un centenar de alcaldes, que reclaman al Govern soluciones urbanísticas y financiación.

La DIBA, de hecho, tilda curiosamente de "imposibilidad jurídica" la concesión de licencias de obra nueva en suelos con déficits urbanísticos, propios de estos núcleos de baja densidad. Eso lleva al organismo a concluir que "es razonable pensar que las 1.859 licencias otorgadas durante este periodo representan una parte del total de obras ejecutadas en los últimos años". Es decir, que la propia administración asume la factibilidad de que sean más las licencias otorgadas.

Consultada sobre los términos "irregularidad" e "imposibilidad jurídica" del informe provincial, Lorena Perona, técnica del área de Urbanismo de la DIBA, matiza que debería estudiarse caso por caso para sacar conclusiones específicas sobre la legalidad de cada licencia. "Las 1.859 licencias estudiadas son muy heterógeneas: por ejemplo, la Ley de Urbanismo permite otorgar licencias condicionadas a las obras de urbanización. Habría que ver cuáles están condicionadas y cuáles no", pondera la técnica.

El motivo de la presión vecinal

A consulta de EL PERIÓDICO, algunos alcaldes consultados y que piden anonimato argumentan que, pese al limbo jurídico en el que se hallan estas urbanizaciones, un motivo importante por el cual los ayuntamientos deciden otorgar licencias es algo tan elemental como la presión vecinal. La casuística más habitual, comentan los ediles preguntados, es la de vecinos que compraron los terrenos desconociendo su situación urbanística y que solicitan a los consistorios poder construir, un delicado escenario ante el cual diversas administraciones locales acaban cediendo.

Uno de los responsables municipales explica un ejemplo paradigmático. "Al poco tiempo de llegar al ayuntamiento me encontré con una pareja que nos dijeron que nos denunciarían si no otorgábamos licencia de obras. Era una pareja embarazada que había comprado la parcela, nadie les había dicho que no se podría construir y ahora nos decían que les íbamos a truncar su proyecto de vida. Personalmente, llegué a pensar que debían tener la licencia. Pero evidentemente hubiera sido gravísimo y a mí me hubieran podido inhabilitar", señala el edil.

La principal carencia que hace que estas urbanizaciones no se puedan considerar edificables, según la Ley de Urbanismo, es la falta de una red de saneamiento convencional. Sólo en la provincia de Barcelona, un total de 70.000 vecinos viven en urbanizaciones barcelonesas con alcantarillado deficiente o inexistente. La propia DIBA ha estudiado que el alcantarillado es "el servicio más deficitario" de estas áreas: la carencia golpea a ocho de cada diez (84%) urbanizaciones con déficits barcelonesas, lo que se traduce en que miles de ciudadanos llevan años obligados al uso fosas sépticas individualizadas o incluso mecanismos más rudimentarios como vertidos de aguas residuales a la vía pública.

El riesgo de incendio en las urbanizaciones

Otro factor que el análisis provincial subraya es que 326 de las 367 urbanizaciones estudiadas ya "tienen un grado de vulnerabilidad alto" en, al menos, uno de los ejes valorados. 248 de ellas tienen debilidades en varios aspectos. Por ejemplo, 173 áreas residenciales tienen una alta fragilidad en la accesibilidad a recursos de ámbitos tan importantes como la salud o la educación. Es decir, que las casas están lejos de cualquier escuela, hospital o centro sanitario. El informe expone también diferencias territoriales y destaca especialmente la situación de las comarcas del Garraf y la Selva, que "presentan vulnerabilidades en muchos ejes", tanto como para llegar a ser "el caso más crítico". "En estas comarcas se requiere una acción urgente, con un enfoque integrado que abastezca a todos los ejes de vulnerabilidad", advierte el informe.

El geógrafo Francesc Muñoz, director del Observatori de l’Urbanització, radiografía los múltiples problemas que encaran las áreas de baja densidad residencial, sobre todo aquellas construidas antes de los años 80. Una cuestión cada vez más presente a raíz de los efectos del cambio climático son los incendios: "Hemos desplazado tanto la frontera urbana con los crecimientos de urbanización que están fuera de las ciudades compactas, que se lleva el riesgo de incendio a zonas muy inflamables". "Hay urbanizaciones en medio de la nada, que están dentro del bosque. Esto es una bomba de relojería. Cuándo haya un incendio, los bomberos ya deben decidir si primero intentan apagar el fuego o evacúan a la gente. Porque toda esta vivienda están en lugares que no debería estar", explica Muñoz.

También ocurre el efecto contrario: muchas de estas áreas residenciales se encuentran en zonas inundables, una condición de riesgo que dejó patente la DANA de Valencia de 2024. El mismo dictamen provincial explicita que 158 urbanizaciones son vulnerables respecto al entorno natural que las enmarca. Más allá de las inundaciones, en un contexto en el que las sequías son cada vez más habituales, el director del Observatori de l’Urbanització también describe los problemas de sostenibilidad de estas urbanizaciones, que habitualmente incluyen casas con jardín y/o piscina. Muñoz concluye que los municipios donde predomina la baja densidad multiplican "por tres o por cuatro" el consumo de agua por persona y día respecto a los vecinos de áreas más densas como Barcelona, L'Hospitalet o Granollers.

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