El Ayuntamiento de Sant Adrià se blinda por la tensión con los desahucios en La Mina y renuncia a un pleno presencial

La tensión y las protestas por el goteo de desahucios de pisos públicos ocupados en el barrio de La Mina han llevado al Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs a reforzar la presencia policial en torno a su sede y renunciar a que el próximo pleno ordinario se celebre de manera presencial. El consistorio ha optado por que los 21 concejales de la corporación se reúnan en la sesión prevista para este lunes por vía telemática, conectándose a distancia, recuperando así la rutina propia de la pandemia del covid. Ese mismo día está previsto el desalojo de uno más de las decenas de domicilios que cargan con órdenes judiciales de lanzamiento en La Mina hasta finales de año.

El gobierno municipal alega motivos de seguridad ante el temor de eventuales altercados con las familias que empezaron a ser desalojadas la semana pasada, en un macrodesahucio de 58 viviendas de titularidad pública tomadas desde hace casi nueve años y que se está ejecutando a cuentagotas. Fuentes municipales cuentan que la decisión se ha tomado por recomendación de la Policía Local y de mutuo acuerdo con el secretario del ayuntamiento. Agregan que se lleva ya un tiempo hablando con la jefatura de la Policía Local para extremar las medidas de protección ante la ola de lanzamientos, que vienen programándose desde finales de 2025.

Algunos de los ocupantes y miembros del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs acudieron a un pleno extraordinario a principios de mes, antes de los primeros desalojos, y profirieron gritos y consignas en la recta final de la reunión. Explican que aquel día lograron conversar con responsables municipales, sin que llegasen a ponerse de acuerdo.

Por ahora, agentes antidisturbios de los Mossos d’Esquadra han desalojado 10 domicilios de un mismo bloque pertenecientes al Consorcio de La Mina, un órgano público participado por la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià. No obstante, dos pisos han sido reocupados por las mismas familias que han residido allí en los últimos años.

Una jueza ha denegado la petición de expulsión exprés que el Consorcio de La Mina formuló tras denunciar por usurpación a una madre de 21 años con un hijo de cuatro años y otro de siete meses a cargo, que volvió a acceder al domicilio que habita desde 2019 horas después de ser desahuciada. Los hogares permanecieron deshabitados y vigilados durante al menos siete años, hasta que todos fueron asaltados un mismo día de 2017. Se construyeron para realojar a residentes del degradado bloque de la calle Venus, pendiente de derribo desde 2002.

Críticas de la oposición

La portavoz del PP en Sant Adrià, Irene Pardo, ha criticado que el ejecutivo municipal del PSC haya decidido que el pleno de este lunes sea virtual. “Frente a las amenazas, pretenden que nos escondamos todos en casa”, ha reprochado en las redes sociales, en las que ha apreciado que “ni en los tiempos álgidos del terrorismo en España se suspendían los plenos en el País Vasco”.

“Las malas gestiones, la desidia y el mirar hacia otro lado a problemas complejos durante años ha desencadenado un grave problema en la ciudad”, ha observado Pardo. “Si no pueden garantizar la seguridad ni en el propio ayuntamiento, ¿qué pretenden hacer con la seguridad de uno de los municipios con la tasa de delincuencia más alta de Catalunya?”, remata la popular.

El portavoz de ERC, Rubèn Arenas, dice que el gobierno local les ha comunicado que el pleno será telemático sin consultarles. "Ciertamente, la integridad personal es lo primero pero nos parece un mal precedente", ha observado. "La administración no puede ceder ante la presión porque, si no, se convierte en una administración fallida", advierte el republicano. "En todo caso, entendemos la complejidad de la situación", puntualiza.

La portavoz de Sant Adrià en Comú, Irene Aldabert, enfatiza que el conflicto por las viviendas de La Mina se veía venir. "Era un problema que tenía día y hora, está enquistado desde hace casi 10 años y no se ha gestionado", evalúa. La concejala señala que "no se ha establecido un canal de diálogo ni una mediación que resulten satisfactorios para las dos partes".

Además, Aldabert pone el acento en la Generalitat: "En el mandato pasado y en esta legislatura, ha dejado pudrir este asunto hasta el punto que nos ha estallado en el territorio y aquí no tenemos capacidad para dar salida a todas las situaciones de vulnerabilidad que se puedan estar dando, que entiendo que no es el caso de todas". La miembro de los Comuns apostilla que "hay diversos tipos de ocupación y no todos han de tener la misma respuesta".

Patrullas policiales

Tras cada una de las tandas de desalojos de los últimos días, habitantes de los domicilios ocupados y activistas antidesahucios se han desplazado desde La Mina al centro de Sant Adrià para manifestarse ante el ayuntamiento. Días atrás, cortaron durante unos minutos el tráfico frente al consistorio.

Alrededor de la sede municipal se apostan estos días más patrullas policiales de lo habitual. El jueves por la mañana, cuando se practicaron tres desahucios, al menos un furgón y tres coches de los Mossos y la Policía Local permanecían estacionados al lado del ayuntamiento.

Durante los primeros tres lanzamientos del pasado 18 de junio, un grupo de personas arrojó piedras y huevos a la fachada del Consorcio de La Mina. También escribieron una pintada con un mensaje amenazante, que ya ha sido borrada. Aquel mismo día, y mientras se desalojaban los pisos, algunos de los concentrados se enfrentaron con una mujer que echó a correr por la calle y que los mossos tuvieron que proteger. Este jueves pasado, unos jóvenes extranjeros se burlaron de manifestantes y vecinos desde el balcón de un apartamento turístico en la rambla de La Mina, al mismo tiempo que se tapiaban los últimos pisos desahuciados. Hubo intercambio de improperios y lanzamiento mutuo de objetos.

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