Conflicto ciudadano
El Ayuntamiento de Barcelona reconoce un error y anula una multa a una persona con movilidad reducida
La Sindicatura de Greuges pide la revocación de una multa aplicada por un error material de carácter formal
El Parlament elimina la cita previa obligatoria y reconoce el "derecho al error" en la administración

Tarjeta de parking para minusválidos. / RICARD CUGAT

El Ayuntamiento de Barcelona ha anulado la multa que se le puso a una persona de movilidad reducida por no llevar la tarjeta de aparcamiento, el documento personal e intransferible para personas con discapacidad y movilidad reducida, aplicando de este modo el derecho de la ciudadanía a ratificar errores delante de la administración. La petición de revocación ha sido petición de la institución pública e independiente de la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
El organismo defensor ha detallado en un comunicado que el conflicto se originó cuando el ciudadano estacionaba su vehículo en una plaza reservada, la tarjeta le “cayó accidentalmente” y que el denunciante actuaba de “buena fe”. Por consiguiente, el Síndic ha afirmado que el castigo ha sido” desproporcionado”, además de poco respetuoso con los principios de la “proporcionalidad, la confianza recíproca y el derecho a una buena administración”.
Se ha sumado l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona, quien ha apuntado que se trató de “un error material de carácter formal”, ya que la persona denunciada disponía de la tarjeta de estacionamiento vigente y reunía los requisitos para utilizar la plaza reservada, y no cuenta con infracciones previas o posteriores parecidas en los últimos diez años. Además, en su resolución, ha asegurado que se cumplen las condiciones previstas en la regulación.
La Sindicatura de Greuges ha calificado de “relevante” esta resolución, puesto que el pasado mes de noviembre se aprobó la proposición de ley que, impulsada por el PSC, ERC y Comuns, reconoce el principio de confianza y el derecho de las personas a ratificar errores delante de la administración. De forma que, si un ciudadano comete un error involuntario en un trámite o formulario, tiene derecho a corregirlo antes que la administración lo sancione directamente.
La Sindicatura de Greuges ha valorado positivamente el desenlace del caso. Ha remarcado que el nuevo marco normativo permite revisar situaciones con una “visión más amplia y no solo desde un punto de vista estrictamente formal”.
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