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Más desalojos este lunes

Vecinos de La Mina reocupan dos pisos tras el inicio del macrodesahucio: "Hay que dar una solución; si no, iremos a una guerra"

El lanzamiento a cuentagotas de 58 viviendas públicas asaltadas en 2017 prosigue con la expulsión de cuatro viviendas, después de que los ocupantes hayan retomado dos de los tres domicilios tapiados la semana pasada

Los Mossos comienzan el macrodesahucio de 58 pisos ocupados en La Mina desalojando a tres familias

Tensión en La Mina por una nueva tanda de desahucios

Tensión en La Mina por una nueva tanda de desahucios / FOTO Y VÍDEO: ZOWY VOETEN

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Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

Sant Adrià de Besòs
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El macrodesahucio de 58 viviendas de titularidad pública ocupadas desde 2017 en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, continúa tras vaciarse tres domicilios el último jueves, en mitad de un ambiente crispado. Agentes de los Mossos d'Esquadra han desalojado este lunes cuatro pisos más, incluidos dos habitados por familias con hijos menores, entre los que se cuenta un niño autista de siete años. Está previsto que otros tres lanzamientos se practiquen el próximo jueves, a lo que seguirán más durante las próximas semanas y hasta diciembre.

Los siete desahucios dictados por usurpación pesan estos días sobre hogares de un solo bloque de la Rambla de La Mina, el mismo en el que los Mossos d’Esquadra sortearon los obstáculos que los ocupantes interpusieron en el portal la semana pasada y accedieron para que se tapiara la entrada de las primeras viviendas que dio por recuperadas el Consorcio de La Mina, el organismo formado por la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià. No obstante, los vecinos han retomado dos de los tres domicilios desocupados la semana pasada.

“Hemos recuperado dos pisos, uno se abrió el jueves y otro el sábado”, explica un habitante del inmueble, que también ha recibido una resolución de expulsión. Una fuente de una de las instituciones partícipes del Consorcio de La Mina confirma el dato y los Mossos d’Esquadra informan de una ocupación ocurrida este sábado pasado por la tarde. La propiedad ha interpuesto denuncias por ambos episodios. Las dos madres solas y con menores a cargo desalojadas el jueves han vuelto a instalarse en esos domicilios. Cuentan que a las familias se les ofrecía hospedarse en un albergue por tres noches. “No es un sitio seguro. ¿Tú llevarías a tus hijos a compartir techo con gente que no conoces, que quizá sean violadores?”, plantea un ocupante.

Durante el lanzamiento, los tres hogares fueron blindados con puertas antiocupación. Además, se quedaron unos vigilantes dentro de cada domicilio retornado a la administración para tratar que no se asaltaran de nuevo. No obstante, las medidas no han sido suficientes para que los ocupantes se resignaran a dar los pisos por perdidos. Se volvieron a apoderar del primero de ellos el jueves por la tarde, cuando ya se había levantado el dispositivo policial que ejecutó la primera tanda de desalojos y dispuso furgones en distintos puntos de La Mina.

“No hubo discusión”

Los vigilantes han desistido y ya no están, se han marchado todos y sin que haya habido discusión”, precisa uno de los moradores de la escalera. Recalca que no medió violencia con los guardias: “Les dijimos que hay familias vulnerables. Que, si querían, que nos abrieran y, si no, íbamos a abrir nosotros. Primero dijeron que no. Luego abrimos la chapa. ¿Si nos costó mucho? Unos cinco minutos”. Afirma que una de las madres que ha retornado al piso, Samira, dispone de informe de vulnerabilidad y tuvo que declarar en un juicio rápido el viernes. Asegura que el juez concluyó que no se le puede expulsar sin alternativa.

La acción se repitió el sábado por la tarde, con otra de las viviendas que se desocupó. En ambas ocasiones se personaron agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Local de Sant Adrià. El vecino relata que se entabló diálogo con los mandos que acudieron. Cuenta que los policías los instaron a cejar en su empeño; los ocupantes respondieron que no piensan abdicar y que reclaman sentarse en una mesa de negociación con la administración. Piden regularizar la estancia de quienes demuestren condiciones de necesidad.

Asimismo, atestigua que dieron su palabra a los responsables policiales de que no asaltarían este fin de semana el único piso que permanece tapiado desde el jueves pasado. Al mismo tiempo, rogaron que se frene el goteo de desahucios programados hasta finales de año. “Respetamos a las instituciones, pero hay niños detrás de las puertas… Hay que dar alguna solución; si no, iremos a una guerra”, advierte. Durante la intervención policial de la semana pasada, un grupo de personas lanzó piedras y huevos a la sede del Consorcio de La Mina, que denunció las ocupaciones hace nueve años. También dejaron escrita una pintada amenazante.

“El gato y el ratón”

El Departament de Drets Socials y el Ayuntamiento de Sant Adrià responden que los pisos recuperados se ofrecerán a vecinos del bloque de la calle Venus, pendiente de una demolición que acumula un enorme retraso desde que se planificó en 2002 y que ahora se quiere materializar en 2028. Las viviendas se construyeron hace casi dos décadas para trasladar a habitantes del edificio condenado a la piqueta, situado en una de las zonas más pobres del área metropolitana de Barcelona. Sin embargo, los pagos que se exigieron a las familias para canjear su hogar en la finca degradada por uno nuevo -a menudo superiores a los 40.000 euros- hicieron encallar la operación. Los domicilios edificados con fondos públicos permanecieron deshabitados durante al menos siete años antes de ser allanados, un mes después de que dejaran de estar vigilados.

La conselleria y el consistorio añaden que los casos en que se acredite escasez de ingresos para costear un techo se derivarán a la mesa de emergencia para estudiar que se les auxilie con la entrega de una vivienda asequible. Sostienen que hay casos bajo seguimiento de los servicios sociales y que en otros se ha comprobado que no se cumplen los requisitos para extender un informe de vulnerabilidad.

Ambas instituciones integrantes del Consorcio de La Mina aseguran que han denunciado casos de supuestas reventas y realquileres ilegales de los domicilios tomados. Por su parte, el ocupante opina que “a los que sean vulnerables se les debería ofrecer un alquiler social" para quedarse en los pisos. “Y los que hayan realquilado y los que se aprovechen, podemos ayudar a sacarlos”, sugiere. Mientras tanto, da por seguro que, a medida que se los eche, los desalojados y los que están pendientes de expulsión desmontarán cada puerta que se tabique y volverán a hacerse con las viviendas. Anticipa que “va a ser el juego del gato y el ratón”.

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