El Parlament avala la reforma para agilizar la creación de vivienda en 590 municipios rurales de Catalunya

El Parlament de Catalunya ha convalidado este miércoles el decreto ley de medidas urgentes para adaptar la normativa urbanística y de contratación pública a las necesidades específicas de los municipios rurales. La iniciativa, impulsada por el Govern, busca facilitar la creación de vivienda, favorecer el arraigo de población y dotar a los pequeños municipios de herramientas más ágiles para impulsar proyectos y actividad económica.

La cámara catalana ha dado así luz verde definitiva a una norma que afecta a los 590 municipios considerados rurales en Catalunya y que pretende corregir las dificultades derivadas de la aplicación de un marco legal diseñado para municipios de mayor tamaño y capacidad administrativa.

Durante la celebración de la Hèsta d'Aran en Vielha, el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha destacado que la aprobación del decreto supone un "paso adelante para favorecer el arraigo en el mundo rural". "Uno de los compromisos de esta legislatura es facilitar el arraigo de la población en el conjunto de los municipios rurales de nuestro país", ha señalado Dalmau. La novedad urbanística está vinculada con la aprobación, en julio de 2025, del Estatuto de municipios rurales, que reconoce la singularidad de estos territorios y prevé medidas de discriminación positiva en ámbitos como el urbanismo.

Dalmau ha defendido que la nueva normativa permitirá "poner las cosas fáciles para que se pueda construir vivienda" y también "poner las cosas fáciles para que pueda haber actividad económica", adaptando los instrumentos urbanísticos a la realidad de los pequeños municipios. El conseller ha subrayado además que la medida responde a una demanda histórica del territorio, ya que "recogemos una reivindicación de los alcaldes y alcaldesas de todo el país", y ha puesto en valor el amplio consenso alcanzado para sacar adelante la iniciativa.

El nuevo POUM rural

Según datos de la Generalitat, más de la mitad de los municipios de menos de 2.000 habitantes disponen de un planeamiento urbanístico aprobado hace más de quince años, mientras que solo el 45% cuentan con un Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) adaptado a la legislación vigente. Esta situación, sostiene el Govern, dificulta la respuesta a los retos demográficos, residenciales y económicos que afronta el territorio.

Una de las principales novedades del decreto es la creación del denominado POUM rural, una nueva figura de planeamiento destinada a aquellos municipios que prevean crecimientos moderados. Este instrumento mantendrá la misma validez jurídica que un POUM ordinario, pero reducirá la documentación exigida y permitirá una tramitación más rápida mediante procedimientos simplificados, incluida una evaluación ambiental menos compleja.

La norma también contempla una tercera vía para aquellos municipios que no prevean crecimiento urbanístico. En estos casos podrán aprobar normas de planeamiento con vigencia indefinida para ordenar tanto el suelo urbano como el no urbanizable.

Nuevas herramientas para recuperar edificaciones

El decreto incorpora además medidas específicas para facilitar la rehabilitación de inmuebles situados en suelo no urbanizable. Entre ellas destaca la creación de un inventario de edificaciones susceptibles de ser recuperadas para usos residenciales, artesanales, profesionales o de equipamiento social, aunque no tengan un valor patrimonial singular.

Las actuaciones sobre estos inmuebles podrán autorizarse mediante licencia municipal, sin necesidad de informe previo de la comisión territorial de urbanismo, lo que permitirá agilizar los trámites. Asimismo, se autorizarán ampliaciones de hasta 150 metros cuadrados siempre que se garantice su integración paisajística.

La nueva normativa también regula por primera vez la figura de los vecindarios rurales, núcleos históricos situados en suelo no urbanizable que hasta ahora carecían de una regulación específica. Las edificaciones existentes podrán rehabilitarse, ampliarse e incluso dividirse horizontalmente bajo determinadas condiciones.

Menos trámites en la contratación pública

Junto a las medidas urbanísticas, el decreto introduce cambios en materia de contratación pública para reducir la carga administrativa de los ayuntamientos rurales. Entre otras cuestiones, permitirá licitar conjuntamente la redacción de proyectos y la ejecución de las obras, tanto en actuaciones de obra pública como de edificación.

Además, Infraestructures de la Generalitat podrá actuar como medio propio de los entes locales para facilitar la ejecución de equipamientos y obras municipales, aportando apoyo técnico y de gestión a los consistorios con menos recursos.

La norma incorpora también medidas para acelerar la transición energética en el ámbito local. En este sentido, prevé que L'Energètica, la empresa pública de la Generalitat, pueda actuar como medio propio de los ayuntamientos para impulsar proyectos de energías renovables y actuaciones de eficiencia energética.

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