Municipios con urbanizaciones sin legalizar exigen cambios normativos para revertir males endémicos

Un centenar de municipios con urbanizaciones sin legalizar impulsan una iniciativa para exigir a la Generalitat medidas que permitan revertir los males endémicos que se arrastran desde hace décadas. Las principales reivindicaciones tienen que ver con cambios legislativos para que estos "barrios" se puedan acoger a subvenciones o líneas de financiación específicas a través del Institut Català de Finances (ICF). En un encuentro que ha tenido lugar este jueves, han denunciado que las leyes suponen una "losa" a la hora de impulsar actuaciones para acabar con los déficits urbanísticos. Se trata en muchos casos de urbanizaciones que nacieron con los "sueños" de las segundas residencias de los años 50 y 60 del siglo pasado: "Han pasado los años y no se ha sido valiente desde las administraciones", han lamentado.

La iniciativa reúne ya a un tercio de los alcaldes de los cerca de 300 municipios con urbanizaciones sin legalizar. En el conjunto de Catalunya hay más de 1.500 urbanizaciones, de las cuales cerca de la mitad, unas 700, tienen déficits urbanísticos. De estas, además, unas 400 se encuentran en las comarcas de Barcelona. Un grupo de los alcaldes impulsores se han reunido este jueves en Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) para valorar los últimos encuentros con la Generalitat y fijar la hoja de ruta para el futuro más inmediato, que pasa por la constitución de una mesa de trabajo bilateral entre la Generalitat y los Ayuntamientos afectados.

Este, de hecho, es uno de los primeros compromisos palpables que ha conseguido este grupo de alcaldes, que lidera el edil de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme), Albert Pla. A partir de ahora, explican, trabajarán para dar nuevos pasos con efectos directos sobre las urbanizaciones, como la investigación de líneas de financiación.

De hecho, una de las principales preocupaciones de los alcaldes es que actualmente la normativa existente hace que "toda la presión económica y la responsabilidad recaiga sobre la mesa de los vecinos". Además, los ayuntamientos aseguran que la realidad socioeconómica "no permite hacer cumplir la ley", que obliga a adaptar estos entornos a la normativa urbanística.

Falta de alumbrado, alcantarillado o asfaltado

Pla detalla que estas urbanizaciones tienen déficits en infraestructuras básicas como alumbrado, alcantarillado o asfaltado. Muchas ni siquiera disponen de todas ellas y las que sí lo hacen necesitan de una "renovación total" que no es asumible por los vecinos. "Esta ley no es justa y trabajamos juntos para modificarla", ha indicado el alcalde de Palau-solità i Plegamans.

El alcalde Pla recuerda que esta problemática no es nueva y que ya se arrastra desde hace décadas por la inacción de la Generalitat. De las segundas residencias de los años 50 y 60 con propietarios con poder adquisitivo se ha pasado, relatan los alcaldes, a espacios donde han ido a vivir pensionistas, jóvenes o familias que se alejan de Barcelona por cuestiones económicas.

Así, los ediles aseguran que no es hora de buscar culpables, sino soluciones. Según ha sostenido Pla, las administraciones no pueden seguir con los "ojos tapados", de manera que ha hecho un llamamiento a buscar fórmulas para cambiar de paradigma: "Queremos la mejor financiación posible para que la losa de la normativa sobre los hombros de los vecinos sea la menor posible o inexistente".

El primer encuentro de la mesa de trabajo conjunto con la Generalitat será en julio, según detallan los alcaldes, y entre sus reivindicaciones destacará la financiación o la elaboración de un plan director urbanístico específico de urbanizaciones que establezca criterios homogéneos para el conjunto del país.