La Barcelona metropolitana blinda el futuro de los ejes verdes reformando la norma con la que los jueces tumbaron las 'Superilles'

La norma urbanística que la Justicia enarboló para tumbar las 'Superilles' de Barcelona está siendo actualizada por primera vez en medio siglo. Una modificación del Plan General Metropolitano (PGM) acaba de ser aprobada provisionalmente —falta su aprobación definitiva— por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Se trata de la regulación del entramado de arterias y calles metropolitanas, el denominado 'sistema viario', inmutable desde que se aprobó en 1976 el PGM, que en global sí ha sido objeto de 1.200 modificaciones. Es precisamente la parte del PGM en la que los tribunales han basado sus reveses a las polémicas reformas urbanas que lideró Ada Colau en la capital catalana.

La reforma metropolitana dispara a la línea de flotación del conflicto judicial sobre los ejes verdes barceloneses. La nueva base legal del sistema viario metropolitano busca "fomentar la movilidad sostenible y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, favorecer la mejora ambiental y las relaciones entre las personas", según rezan los informes técnicos a los que ha accedido EL PERIÓDICO. La argumentación, de la que han bebido las 'Superilles' de Barcelona, blinda urbanísticamente futuras reformas de ejes verdes a lo largo y ancho de la metrópolis que desarrollen esa misma lógica urbana.

Los dictámenes técnicos del AMB enfatizan que el propósito de su remodelación pasa por adaptar el viejo PGM al nuevo Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM), y sobre todo a la también nueva Ley de Movilidad Sostenible estatal. La tramitación metropolitana comenzó el 25 de marzo del 2025, cuando el Consejo Metropolitano del AMB aprobó el avance de la modificación del PGM. Unos pocos días antes, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) había ratificado el varapalo a la pacificación de las calles Consell de Cent y Enric Granados. En el origen de las reclamaciones judiciales están Foment del Treball Nacional, Barcelona Oberta y la Associació Amics del Passeig de Gràcia, que ahora aseguran que esta nueva reforma metropolitana es ilegal.

El director del área de Políticas Urbanísticas del AMB, Xavier Mariño, contextualiza la reforma en la nueva mirada urbanística que promueve el PDUM. "Antes, la función del sistema viario era esencialmente la movilidad. Ahora se añaden otras dos: la renaturalización y la relación social entre las personas", explica a este diario. El responsable precisa que "el interés general debe dar cobertura al modelo que el PDUM defiende". Pero advierte: "Lo que debe pasar concretamente en las calles no depende del urbanismo [del PGM], sino de la planificación sectorial como los planes de movilidad". Mariño descarta, eso sí, que la reforma del PGM equivalga a una reacción a los pronunciamientos judiciales, como señalan las patronales contrarias, aunque sí admite su conexión con el ADN urbanísico que vertebra a los ejes verdes barceloneses.

La circulación de coches, el fondo del asunto

La discusión de fondo en torno a la regulación urbanística es análoga a la de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): hasta qué punto se ajusta a la legalidad vetar el paso a los vehículos privados, en este caso por pacificaciones de calles. La única sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que existe por el momento sobre los ejes verdes barceloneses se basa precisamente en el sistema viario del PGM para reprender la reforma urbana y priorizar a los coches.

Específicamente, porque el PGM categoriza a la calle Consell de Cent como 'vía local', tipología que tiene atribuida la funcionalidad de "enlazar con las vías básicas". Tanto el juzgado contencioso en primera instancia como el TSJC sostienen que esa función "es de imposible cumplimiento", ya que la pacificación "limita la circulación de los vehículos, extremo que evita que se haga realidad el enlace con las vías básicas". Está por ver qué futuro judicial le depara a eventuales ejes verdes de la Barcelona metropolitana en caso de que la reforma del PGM salga definitivamente adelante, una decisión que le corresponde ahora al Departament de Territori de la Generalitat.

Lo que sí resulta palmario son las críticas de los tribunales antes de esta reforma a los ejes verdes barceloneses. Sin ir más lejos, la jueza que ordenó desmantelar el eje verde de Consell de Cent imputó a las obras "una modificación encubierta del Plan General Metropolitano, en la medida en que convierte un vial en un espacio libre". La mencionada sentencia del TSJC, de marzo del 2025, ahonda en esa tesis al considerar que el proyecto ejecutivo de reurbanización del cruce entre Consell de Cent y Enric Granados es nulo de pleno derecho, "dado que las obras ejecutadas han supuesto la modificación del PGM sin que se haya observado el procedimiento legalmente previsto".

El balance de sentencias hasta la fecha

Durante el próximo año se esperan nuevas resoluciones judiciales del TSJC que se pronuncien sobre los ejes verdes barceloneses. Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Barcelona ha recibido una única sentencia en primera instancia favorable, la cual confirma la legalidad del eje verde de la calle Girona tras un recurso de Foment del Treball. Por contra, otras siete resoluciones —seis en primera instancia y la del TSJC, que confirma una de ellas— son desfavorables a los intereses del consistorio: dos tumban el eje verde de la calle Enric Granados; otras dos, el de la calle Comte Borrell; y otras dos, el de la calle Consell de Cent. Todas ellas han sido recurridas por el Ayuntamiento de Barcelona.

La administración local, de hecho, ha llevado el caso hasta el Tribunal Supremo, que ya ha admitido a trámite un recurso de casación del consistorio contra la mencionada sentencia del TSJC. La posición municipal defiende la legalidad de las actuaciones sin observar necesaria una modificación del PGM, atendiendo a la competencia del Ayuntamiento en materia de "actuaciones en una vía urbana secundaria con el objetivo de limitar la circulación de vehículos a motor privados priorizando otras formas de movilidad más sostenibles".

Por si la maraña urbanística no estuviera ya suficientemente enrevesada, el Supremo tendrá sobre la mesa un último elemento de valoración: el voto particular de una magistrada del TSJC que se adhiere a la posición del Ayuntamiento de Barcelona para defender la legalidad del eje verde de Consell de Cent. Un extracto del tenor literal de la jueza aclara su postura: "En mi opinión, el problema de la obra para la actora [Barcelona Oberta] es que se trata de una obra inteligente en relación con el tráfico y circulación [...] La obra pretende, en esencia, preparar y adaptar la ciudad a los cambios climáticos que los científicos ya consideran una realidad actual", rubrica el voto discrepante de la magistrada Isabel Hernández Pascual.

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