El TSJC anula un plan urbanístico de Colau que fuerza más vivienda pública en Gràcia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado este mayo un plan urbanístico del Ayuntamiento de Barcelona que fuerza la creación de más vivienda pública en el distrito de Gràcia. Fue aprobado en 2022, en el segundo mandato de Ada Colau como alcaldesa, y el sector empresarial lo llevó a tribunales. Formalmente, se trata de una modificación del Plan General Metropolitano "para la mejora urbanística y ambiental de Gràcia". La sentencia no es firme, por lo que el plan sigue vigente. El consistorio prevé interponer un recurso de casación al Tribunal Supremo.

En un comunicado conjunto, cinco entidades representativas de la promoción y construcción en Catalunya valoran positivamente la decisión judicial. La Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya; la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona; el Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida; el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya aseguran que el fallo considera insuficiente el estudio económico y financiero que acompaña el plan.

Una prueba pericial determinó que el nuevo planeamiento para Gràcia generaba "pérdidas de rendimiento relevantes" y cuestionó la viabilidad de medidas como convertir locales comerciales en pisos de protección oficial o la imposición de este régimen si se dividen viviendas de más de 160 m². Por todo ello, las patronales reclaman "un urbanismo viable" en el futuro para evitar más reveses.

"Las medidas que persiguen objetivos legítimos, como el incremento de la vivienda asequible o la recuperación del uso residencial, han de ser jurídicamente sólidas, económicamente viables y concebidas desde el diálogo con los agentes que han de hacer posible su ejecución", señalan. Más concretamente, piden que "las futuras modificaciones de planeamiento incorporen, desde el inicio, una análisis rigurosa de viabilidad económica y un reparto equilibrado de las cargas entre sector público y sector privado". También ven "imprescindible" la apertura de "espacios reales de diálogo con el sector" para "diseñar políticas urbanísticas que no solo respondan al interés general, sino que sean efectivamente aplicables".

Urgencia de vivienda pública

La opinión del alto tribunal tiene especial peso en un momento en el que los ayuntamientos tratan de aterrizar la consigna de 'densificar' Catalunya, lanzada por Salvador Illa. Precisamente, el gobierno de Jaume Collboni advertía en una entrevista a EL PERIÓDICO este abril que si las administraciones estimulan la producción de vivienda y generan plusvalías para los propietarios del suelo o de inmuebles, estas deberán ser compartidas a través de la ampliación del parque de pisos públicos. Uno de los ejemplos mencionados era precisamente la división de grandes pisos, que genera dos unidades con valor de mercado superior al de la vivienda preexistente.

Por otro lado, la Gran Barcelona con una urgencia habitacional manifiesta. La demanda de techos protegidos está desbocada en Barcelona ciudad, donde más de 100.000 personas esperan un piso de protección oficial en Barcelona, un 63% más que hace cinco años. También ha crecido mucho en el área metropolitana, donde se han registrado un 22% más de solicitudes en un solo año.

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