L'Hospitalet urge a la Generalitat más herramientas para cerrar bares conflictivos de ocio nocturno

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) mantiene su ofensiva contra los bares y locales de ocio nocturno que generan problemas de convivencia de la ciudad. Vecinos de los barrios del norte del municipio, especialmente, reclaman desde hace años soluciones a la administración por los ruidos, problemas de salubridad o peleas que se generan en estos espacios cada fin de semana —y algunos días entre semana—. Hace algo más de un año, el consistorio ya puso en marcha un plan para combatir este tipo de negocios y ha llegado a sancionar y cerrar temporalmente algunos de ellos. Sin embargo, el ejecutivo local reconoce las dificultades para cerrar definitivamente estos bares, que tras las sanciones retoman las malas costumbres, y ahora pide ayuda al Govern de la Generalitat para que otorgue más recursos a los ayuntamientos.

Una moción del PSC aprobada en el Pleno hospitalense de este mayo recuerda que, aunque el consistorio cuenta ya con algunas herramientas para sancionar, las órdenes de cese de actividad o cierres cautelares resultan “limitadas” a la hora de afrontar una problemática estructural y cada vez más común en el ocio nocturno irregular y a la que se enfrentan varias ciudades metropolitanas. La iniciativa contó con el apoyo de ERC-EUiA, PP y los Comuns el voto en contra de Vox.

Esto se debe a que los cierres tienen un carácter temporal y que, cuando los dueños vuelven a levantar la persiana, regresan “las mismas dinámicas que ya habían generado conflictos”. Esta reiteración, dice el texto, lleva a que los consistorios entren en un bucle administrativo de inspección-sanción-cierre temporal-reapertura que no siempre comporta cambios, además de los lentos tempos burocráticos que dilatan aún más la resolución de estos procesos.

“Todo ello genera una sensación de impunidad y una percepción, por parte de la ciudadanía, de que las administraciones locales no disponen de las herramientas necesarias para proteger de manera efectiva la convivencia”, asevera la moción. Hace pocas semanas, de hecho, un bar que ya había sido clausurado temporalmente por el ayuntamiento volvió al foco mediático después de que en su puerta se efectuaran varios tiros al aire. También colea en el recuerdo de la ciudad un incidente en otro local hace poco más de un año que terminó con un joven con la mano amputada.

El refuerzo de la autonomía local

A lo largo de los últimos meses, el consistorio ha desplegado, de la mano de la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra y distintos servicios municipales, dispositivos conjuntos que se han saldado con una multitud de sanciones por exceso del aforo, tenencia de armas o insalubridad. De hecho, la semana pasada se cerró otro bar por estar infestado de cucarachas. Pese a ello, sin embargo, todavía son una constante las quejas de vecinos y de algunos partidos d ella oposición, que reclamaba al gobierno municipal soluciones definitivas.

Por todo ello, la moción insiste en la necesidad de revisar y reforzar el marco normativo autonómico para dotar a los municipios de herramientas más eficaces y proporcionadas a la realidad urbana actual; permitir actuar con mayor agilidad ante situaciones de conflicto reiterado; incorporar mecanismos claros de revocación de licencias en casos de reincidencia grave y acreditada; reforzar la autonomía local en la defensa de la convivencia y la calidad de vida; y poder tener la posibilidad de cambiar la ubicación de los establecimientos de pública concurrencia, especialmente bares y locales de ocio nocturno, en otras zonas de la ciudad para reordenar esta actividad y adaptarla a las necesidades actuales de las ciudades.

De este modo, el texto reclama al Parlament y a la Generalitat modificaciones legislativas y normativas que den más poder a los ayuntamientos a la hora de actuar contra estos negocios, muchas veces, irregulares y conflictivos, así como desarrollar un marco normativo común que “fije criterios objetivos de reiteración e incumplimiento grave, incorpore un sistema de seguimiento de establecimientos con incidencias graves, y refuerce los protocolos de coordinación entre administraciones”.

142 expedientes entre 2025 y 2026

Según los datos del ayuntamiento, el balance de las actuaciones del Plan Nautilus durante los años 2025 y 2026 refuerza esta diagnosis. En este período, la Oficina de Sanciones ha cerrado un total de 142 expedientes vinculados al control y seguimiento de las actividades de pública concurrencia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa, la seguridad de los establecimientos y la convivencia ciudadana. Del total de expedientes finalizados, 108 corresponden a medidas correctoras y 34 a expedientes sancionadores, lo que pone de manifiesto la voluntad municipal de priorizar la corrección de las deficiencias detectadas y la regularización de las actividades antes de recurrir a medidas sancionadoras.

En los casos de incumplimientos de mayor gravedad o reiteración, se han impuesto 15 sanciones con cierre temporal y sanciones económicas por un importe global de 140.003 euros. Asimismo, se han acordado 55 medidas provisionales para garantizar de forma inmediata la protección de las personas y minimizar las afectaciones sobre el entorno, como ceses temporales de actividad, limitaciones de fuentes acústicas, restricciones sobre determinados elementos de la actividad y limitaciones horarias.

Suscríbete para seguir leyendo