Los alcaldes exigen al Govern soluciones concretas para las urbanizaciones sin legalizar: "Necesitamos financiación"

La primera respuesta del Govern de la Generalitat al problema endémico de las urbanizaciones sin regularizar no convence por el momento a los alcaldes afectados. Tanto es así que los 80 ediles que ya reclamaron públicamente soluciones en marzo vuelven a preparar una segunda comparecencia de cara a la primera semana de junio en la que trasladar la "profunda decepción e indignación" tras el encuentro con el Departament de Territori del pasado mes de abril, afirma Albert Pla (ERC), alcalde de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme, 3.855 habitantes) e impulsor de la reclamación del municipalismo catalán.

Los líderes municipales interpretan que, más allá del anuncio del Govern de querer atajar el asunto, no se les ha escuchado. "Agradecemos la intención del Govern, pero no queremos sólo titulares: necesitamos concreción, plazos, una hoja de ruta", insiste Pla, quien sí valora el rol de conexión con el ejecutivo catalán que está ejerciendo la delegada del Govern en Barcelona, la también exalcaldesa Pilar Díaz (PSC).

Desde la Associació Catalana de Municipis (ACM), que funciona como paraguas de las críticas locales, el vicepresidente Gerard Sabarich (Junts), también alcalde de Rialp (Pallars Sobirà, 651 habitantes), asegura que algunos ediles se quejan de que "el problema es peor que antes" de la declaración de intenciones para poner fin al problema del president Illa. Porque, agrega Sabarich, "los alcaldes dicen recibir ahora más presiones de la ciudadanía, ya que se ha creado una expectativa que hay que cumplir", pondera el regidor, que a su vez agradece al Executiu la voluntad de resolver "un problema extremadamente complejo y enquistado desde hace 30 años".

La inquietud de los alcaldes deriva en varias peticiones específicas que pusieron por escrito en un encuentro en Vallromanes (Vallès Oriental, 2.782 habitantes) el pasado 13 de mayo. Las principales, según consta en los acuerdos de la reunión, "constituir una mesa de trabajo alcaldes-Generalitat sobre urbanizaciones; habilitar las fuentes de financiación adecuadas; y redactar un Plan Director Urbanístico para todas las urbanizaciones con déficits de Catalunya".

"Estamos muy solos frente al problema"

El Govern anunció una línea de ayudas del Institut Català de Finances (ICF) de la cual, critican los alcaldes, no existe concreción alguna. También piden los responsables municipales "un posicionamiento claro por parte del Govern y de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) sobre las opciones alternativas a las redes de saneamiento", el servicio más deficitario de estas urbanizaciones en la provincia de Barcelona y, a su vez, el que más encarece las derramas que deben afrontar los vecinos a través de los denominados proyectos de urbanización.

El alcalde de Sant Feliu de Buixalleu (Selva, 883 habitantes), Xavier Santos (ERC), asegura que los responsables locales estan "muy solos frente el problema". "La voluntad del Govern es buena, pero no sé si se está yendo a la raíz del problema, que es que las reformas tienen costes muy elevados, quizás de entre 40.000-50.000 euros por parcela, y la gente nos dice que es imposible", asegura Santos, quien dice sentirse "muy frustrado" como alcalde ante las quejas de los vecinos.

Fue precisamente Santos quien acompañó al alcalde Albert Pla en la firma de una misiva, del 11 de marzo de 2025, a todos los ayuntamientos de Catalunya. La carta representaba un SOS a través del cual pedían "una respuesta inmediata y coordinada" al dolor de cabeza de las urbanizaciones con déficits. Esa carta fue la que acabó convertida en una reivindicación de más de 80 alcaldes este pasado mes de marzo. Antes, el 2 de enero de 2025, el alcalde Pla ya había enviado una primera epístola al president Illa para pedirle el apoyo de la Generalitat. "Más del 60% de nuestra población reside en urbanizaciones con déficits urbanísticos", lamentaba el texto.

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