Unos 70.000 vecinos viven en urbanizaciones barcelonesas con alcantarillado deficiente o inexistente

Existe consenso en el municipalismo catalán sobre que las urbanizaciones sin regularizar son el problema urbanístico más apremiante de Catalunya. Este rompecabezas legal está en el foco del mundo local desde que los alcaldes pusieron el grito en el cielo a finales del 2024, antecedente de un cambio legal con el que el Govern busca dar respuesta al desafío. Un exhaustivo estudio de la Diputación de Barcelona (DIBA) dimensiona ahora el fenómeno en la provincia de Barcelona. Y concreta, por ejemplo, que unas 300 urbanizaciones con déficits barcelonesas, en las que hay empadronados unos 70.000 vecinos, sufren la carencia de una red pública de saneamiento o adolecen de una en mal estado.

El dictamen rubrica que el alcantarillado es "el servicio más deficitario" de estas áreas de baja densidad poblacional utilizadas cada vez más como primeras residencias. La carencia golpea a ocho de cada diez (84%) urbanizaciones con déficits barcelonesas (en la provincia hay un total de 367 repartidas en 117 municipios), y se traduce en que miles de ciudadanos llevan años obligados al uso fosas sépticas individualizadas o incluso mecanismos más rudimentarios como vertidos de aguas residuales a la vía pública, con los consiguientes riesgos medioambientales.

"Mientras no haya una red pública, cada vecino usa su propia fosa séptica, incluso hemos tenido casos de filtraciones a la vía con problemas de salud pública muy costosos", lamenta Joan Galiano (ERC), alcalde de Bigues i Riells (Vallès Oriental, 10.124 habitantes). El edil está entre los cientos de alcaldes catalanes —en el global de Catalunya hay 730 urbanizaciones afectadas, equivalentes a 120.000 ciudadanos— que negocian con la Generalitat soluciones para un problema que se ha cronificado desde hace décadas.

"En los municipios se están generando guetos. Nos vemos obligados a diferenciar entre ciudadanos de primera y de segunda, porque la gente sigue pagando su IBI pero no podemos ofrecerles los mismos servicios que al resto", describe Galiano, que alude a las limitaciones legales de los ayuntamientos para financiar actuaciones en urbanizaciones que no han sido formalmente legalizadas ('recepcionadas', en el argot urbanístico). Los sistemas de saneamiento, además, son el recurso que más encarece los proyectos de urbanización que los vecinos no pueden afrontar.

Lorena Perona, técnica del área de Urbanismo de la DIBA, señala que la falta de red de alcantarillado también obstaculiza la construcción de viviendas: "Según la Ley de Urbanismo, una parcela no puede considerarse edificable si no tiene una red de saneamiento convencional, de manera que los ayuntamientos no pueden otorgar licencias". Los alcaldes piden explorar la posibilidad de que la red de saneamiento se tramite aparte de los proyectos de urbanización por tal de abaratar sus costes. El alcalde Galiano ilustra ese elevado importe con el ejemplo de Bigues i Riells: "La urbanización de nuestros tres ámbitos afectados cuesta unos 20 millones de euros, y nuestro presupuesto anual para todo el municipio es de 12 millones".

La ausencia o deficiencias de la red de agua potable

La ausencia o deficiencias de un servicio tan elemental como la red de agua potable es otra de las carencias en las urbanizaciones barcelonesas que radiografía el informe provincial. Un total de 5.515 vecinos viven a día de hoy en la provincia de Barcelona "sin aceso a una red de agua potable", mientras que otros 38.885 residentes lidian a diario con una red "en mal estado", concluye el análisis, que arroja un 57,5% de urbanizaciones de la provincia con problemas en la red de agua.

La expresión "en mal estado" hace referencia a las fugas de las que adolecen las precarias redes hídricas, aclara Perona. "Las infraestructuras son deficitarias y dan muchos problemas; habitualmente se trata de obras que realizaron los propios vecinos", detalla la técnica de la DIBA.

"Tenemos un déficit muy grande con la red de agua: nos hemos gastado 5,5 millones en estos 8 años y hemos consolidado la red en alta, pero todavía debemos afrontar un gasto en la red en baja que es imposible para un ayuntamiento con un presupuesto de 5 millones", subraya Marta Verdejo (PSC), alcaldesa de Olivella (Garraf, 4.473 habitantes).

Por si fuera poco, las urbanizaciones suelen rodearse de suelo forestal, con el correlativo riesgo de incendio que ello supone. Este escenario implica que la calidad de la red de agua se torne más acuciante si cabe. "La normativa exige que estas urbanizaciones deben tener hidrantes que, a la práctica, no pueden ofrecerse porque no hay una red de agua", asegura Perona.

El Vallès Oriental, la comarca más perjudicada

Otros servicios esenciales que registran deficiencias en las urbanizaciones son la pavimentación de viales, la iluminación pública o la red de suministro eléctrico. Según la DIBA, un 50,7% de urbanizaciones con déficits (186) de la comarca sufren una pavimentación en mal estado, y otro 26,2% (96) directamente no tienen pavimentación. El 32,2% de las urbanizaciones (118) no tienen iluminación y la de otro 48,2% (177) está en mal estado, mientras que siete de cada diez urbanizaciones (68,4%) tienen una red de suministro eléctrico deficiente.

Aunque menos palpable para los ciudadano, el desbarajuste jurídico es uno de los grandes retos de las urbanizaciones. El análisis de la DIBA concluye que 55% de ellas "no cumplen con el instrumento urbanístico vigente en el territorio". Es decir, que las urbanizaciones tienen vinculada una clasificación del suelo que no se ajusta a la que consta en el planeamiento urbanístico. "Es una anomalía: un ámbito residencial no puede ubicarse en suelo no urbanizable", pondera Perona.

Por comarcas barcelonesas, la que más urbanizaciones sin servicios básicos registra es el Vallès Oriental (58), seguida del Maresme (53) y del Baix Llobregat (39). En cuanto a mayor proporción de urbanizaciones carentes de los mencionados servicios básicos destacan el Barcelonès (2 de 2), el Garraf (37 de 40) y el Alt Penedès (19 de 22).

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