Barcelona rechaza adoptar la prioridad nacional de Vox, que obtiene el respaldo del PP

El Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado este martes una proposición que el grupo municipal de Vox ha presentado para que el consistorio adopte la “prioridad nacional”, la premisa que el partido de extrema derecha ha puesto en boga para anteponer a las personas arraigadas en España en el acceso de ayudas sociales y excluir a inmigrantes. Durante la comisión municipal de Derechos Sociales, la formación solo ha obtenido el apoyo del PP. Los populares se han avenido con matices, como han hecho al cerrar pactos de gobierno en Extremadura y Aragón con la formación de Santiago Abascal, que también le exige que adopte la idea en Castilla y León y Andalucía tras las elecciones municipales. El PSC, Junts, Barcelona en Comú y ERC han tumbado que la fórmula se implante en Barcelona.

El concejal Liberto Senderos (Vox) ha defendido que la prioridad nacional “no es odio, ni xenofobia o extremismo, sino sentido común”. “¿Debe tener la misma prioridad el que acaba de llegar que el que lleva 30 años trabajando cotizando y construyendo esta ciudad?”, ha planteado el edil, que ha postulado que “una administración debe proteger primero a quienes sostienen la ciudad con su trabajo, su esfuerzo y su voluntad de construir un proyecto de vida”.

Por su parte, Antonio Verdera (PP) ha alegado que los “recursos públicos son limitados” y el debate “se debe afrontar con realismo y responsabilidad”. El popular ha opinado que “el arraigo, los años de residencia, la vinculación afectiva, el esfuerzo contributivo y el compromiso con Barcelona han de tener un peso relevante” para resolver la concesión de ayudas, “especialmente en acceso a la vivienda y las prestaciones estructurales”, ha precisado.

A su vez, Verdera ha esgrimido que el PP no comparte “los discursos simplistas ni las políticas de confrontación social que a menudo plantea Vox en política migratoria”. “El debate sobre los recursos y la capacidad de acogida no puede convertirse en una herramienta para señalar a colectivos enteros ni alimentar discursos de división”, ha prevenido el popular, que también ha achacado “hipocresía” a la izquierda.

Repudio y acusaciones

La mayoría de grupos ha acusado a Vox de mentir y faltar al rigor. Junts ha enfatizado que cobrar el ingreso mínimo vital ya exige una permanencia mínima en España, ERC ha señalado que buena parte de las ayudas municipales exigen tres años de empadronamiento y el PSC también ha apuntado a que los auxilios están supeditados a criterios para no “dar ayudas al primero que pasa por la puerta”.

Neus Munté (Junts) ha reprochado “inexactitudes” a Senderos. Jess González (BComú) ha augurado que los tribunales se encargarán de tumbar la prioridad nacional. Eva Baró (ERC) ha afeado “frialdad e indiferencia” a la extrema derecha “con las personas en situación vulnerable extrema”.

La socialista Raquel Gil ha tachado el discurso de Vox de “poco serio” y le ha afeado que pretenda que “parezca que se atienden a unos cuando no se atienden a otros”. “Lo que las administraciones debemos garantizar es dar cobertura a todos los que están con necesidades concretas en nuestra ciudad y que cumplen los requisitos que por cada ayuda se han fijado”, ha postulado. “No cambiaremos nuestra forma de actuar ni incumpliremos las normativas de derechos humanos ni la Constitución en cuanto a los principios que recoge de igualdad”, ha remachado Gil.

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