El PSC y Junts se alían frente a Comuns y ERC para allanar tres reformas urbanísticas en Barcelona

El PSC y Junts se han aliado este martes para sacar adelante dos proyectos urbanísticos que han levantado debate en el Ayuntamiento de Barcelona y que han despertado las críticas de Barcelona en Comú y ERC. Durante la comisión de urbanismo del consistorio, socialistas y posconvergentes han unido sus votos para aprobar el plan de usos comerciales de Ciutat Vella. También se han asociado para ratificar el acuerdo que vincula la reforma para reabrir el teatro Capitol como equipamiento público con el permiso para instalar oficinas y tiendas en el antiguo edificio de Telefónica de plaza Catalunya. Aparte, Junts ha aplazado pronunciarse hasta el pleno municipal la construcción de una cuarta torre de 20 plantas en la calle Tarragona, promovida por la constructora Núñez y Navarro en las inmediaciones de la plaza Espanya y pendiente desde 1987. Si bien ha evitado apoyarlo, su posición ha evitado bloquear el proyecto.

La regulación de la apertura de nuevos establecimientos en Ciutat Vella ha contado con los únicos respaldos del PSC y Junts, suficientes para elevarla a una próximo pleno municipal para que le concedan el visto bueno definitivo. El PP se ha abstenido, Vox se ha reservado su voto y los Comuns y los republicanos han repudiado lo que han coincidido en juzgar como un “mal plan”. El concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha reprochado “incoherencia” a ERC y ha acusado a los Comuns de haber contribuido a la “expulsión” de vecinos de Ciutat Vella con el anterior plan de usos, implantado en 2018, durante el mandato de la exalcaldesa Ada Colau.

“No hacer nada nos llevaría a la situación previa a la suspensión de licencias en el distrito, en que las actividades sin valor añadido proliferaron”, ha avisado el edil. Aún mas, ha vuelto a rebatir que vayan a abrir siete discotecas, como han denunciado ERC, Comuns y entidades vecinales. "Quien lo dice o no ha leído el plan o quiere generar alarma", ha zanjado Batlle, que ha afirmado que el plan tendrá “menos prohibiciones generales”.

En todo caso, el miembro del gobierno del alcalde Jaume Collboni ha defendido que “no incrementa la presión turística” y limita la apertura de tiendas cannábicas, salones de manicura o negocios de carcasas de móviles, entre otros. Damià Calvet (Junts) se ha avenido con Batlle al sostener que “el acuerdo de 2018, lleno de prohibiciones, fracasó”. El concejal que ha avalado las limitaciones y las inspecciones proyectadas en el plan de usos. “Consolida restricciones para usos turísticos y discotecas”, ha apreciado.

En cambio, Eva Baró (ERC) ha opinado que la norma “seguirá permitiendo actividades de bajo valor añadido y dirigido al consumo turístico”. Ha calculado que podrían abrir 17 nuevos clubes o tiendas cannábicas y 200 supermercados de 24 horas, además de siete discotecas.

En paralelo, Jordi Rabassa (BComú) ha estimado que el reglamento facilitará la aparición de “cuatro o cinco” salas de fiestas. Ha apelado sin éxito a PSC y Junts para que retiraran la medida para corregirla. “Acentuará el malestar de los vecinos, inflará los alquileres y abre la puerta a establecimientos que se comerán el comercio de barrio, que nunca hablarán en catalán y solo ofrecerán oferta a los turistas”, ha augurado. La popular Sonia Devesa ha dicho no compartir el “relato alarmista” de la oposición de izquierda, pero ha lamentado que el plan se queda corto al no restringir más la venta de alcohol en súpers de 24 horas.

De la Rambla a Hostafrancs

A su vez, PSC y Junts han concedido la aprovación provisional para modificar el planeamiento para que el Capitol pase a ser de titularidad pública a cambio de conceder a su propietario, el fondo Torcalena, la rehabilitación para explotar espacios de la antigua central de Telefónica. Bonet ha enfatizado que Barcelona incorpora el teatro de la Rambla “al patrimonio municipal sin coste” y el promotor pagará cinco millones de euros para reformar la sala. Calvet ha juzgado que la operación es “beneficiosa” y ha recordado el pacto con el gobierno para que, a cambio del beneplácito de Junts, se ceda espacio para entidades de cultura popular en Ciutat Vella.

Por su parte, Lucía Martín (BComú) ha definido el intercambio entre el Capitol y Telefónica de “especulativo”. Ha advertido que generará “millones de beneficios” a Torcalena. ERC ha juzgado que se “genera una plusvalía privada sin un retorno proporcional de beneficios públicos”.

En cuanto a la torre de la calle Tarragona, el gobierno del PSC ha recordado que el proyecto ha estado sometido a un “largo y complejo proceso”, con varios litigios y sentencias en las últimas tres décadas. Con las edificaciones que Núñez y Navarro traza, se destinan más de 12.000 metros cuadrados para oficinas y un 10% del techo se podría destinar a viviendas privadas, pero el constructor no está obligado a erigirlas.

Junts ha apuntado que el plan entraña “complejidad” y se ha guardado de manifestarse a la espera de aclaraciones, sin abortar que siga tramitándose para debatirse en el pleno del ayuntamiento. A raíz de unas alegaciones de los Comuns, el gobierno municipal ha señalado que se exigirá al promotor que reserve un 30% de domicilios para el parque público en caso de que erija pisos. BComú y ERC se han opuesto, mientras que el PP ha votado a favor.

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