Más de 10 años esperando un piso de protección oficial en Barcelona: "No entro en ningún sorteo, no hay manera"

Miles de solicitantes de vivienda de protección oficial (VPO) se presentan a cada sorteo en que se reparten pisos públicos en Barcelona. El número de aspirantes es siempre desmesurado en comparación con los domicilios en juego. Solo echando un ojo a las convocatorias de alquiler asequible que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha promovido desde principios de 2025, figura que 5.515 candidatos se inscribieron para competir por 72 viviendas de la Illa Glòries, 14.569 demandantes lo hicieron por los 172 hogares de la Illa Acer y 7.421 se postularon por 44 domicilios en la Trinitat Nova. También hubo 5.285 peticionarios por 22 viviendas en la calle Diputació, 8.646 por 30 pisos en la Illa Sibèria y 10.131 por 76 hogares en la calle Bolívia.

Esos domicilios se han ofrecido por mensualidades comprendidas entre 350 y 789 euros, inferior al alquiler medio de la capital. "Somos muchos que luchamos por un piso", remarca Cristina, que tiene 54 años y hace seis que está apuntada en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial de Barcelona. Ha participado en varios sorteos, pero la suerte le ha sido esquiva. "Me decepciona un poco -reconoce-. Se juega con eso, que nos podamos desilusionar y lo dejemos, pero no pierdo la esperanza de encontrar un lugar bonito al que ir a vivir y que, como mínimo, tendré un contrato por siete años".

"No pierdo la esperanza de encontrar un lugar bonito al que ir a vivir y que, como mínimo, tendré un contrato por siete años"

Cristina

— Solicitante de vivienda de protección oficial desde hace seis años

Cristina vive sola desde el 2020 en un estudio de 25 metros cuadrados, por el que paga 550 euros. "Estuvo bien a corto plazo, pero no a largo", opina. Gana unos 1.650 euros al mes, acorde con los ingresos que se reclaman para acceder a una VPO. "Miro ofertas de pisos cada día y no hay nada que se ajuste a lo que puedo pagar", asegura.

Próximos sorteos

A falta de que los concursos se cierren, 19.514 personas se han inscrito para disputarse 36 domicilios en la avenida Vallcarca y 13.423 por 25 pisos sobre el antiguo Gimnasio Sant Pau. Adrián (36 años) es uno de los aspirantes que está pendiente de que ese último sorteo se resuelva. Apuntado desde 2021 en el registro, ha topado con varias dificultades para disponer de piso mientras aguarda uno de protección oficial.

"He estado en dos habitaciones por las que pagaba 500 euros, lo que era inviable, porque entonces tenía un sueldo de 800 euros por media jornada", detalla. Ahora obtiene unos 1.250 euros al mes y, tras ser avalado por su padre, paga unos 800 al mes por un piso de VPO promovido por una constructora privada. Dice que sus actuales circunstancias le han dificultado acceder a algunas convocatorias de vivienda pública.

Antes topó con unas retribuciones demasiado bajas para lo que se pedía en los concursos. “No entré en ninguno durante tres años, porque no pasaba de 15.000 euros anuales”, cifra.

"No tiro la toalla"

Los procesos de adjudicación de VPO del último año y medio han exigido unos ingresos mínimos a los candidatos de 15.000, 16.000, 17.000 o 18.000 euros, según el inmueble, y unos máximos en torno a 60.000 euros, variable en función del número de miembros de la familia. Luis (72 años) cobra 936 euros de pensión, insuficiente para los requisitos de las promociones de alquiler asequible: “Hace unos tres años que no entro en ningún sorteo, no hay manera. Las personas que no llegamos a 16.000 euros al año, ¿dónde quedamos? Hemos desaparecido del mapa”. Desde principios de 2025, se han sorteado un par de promociones de alquiler social, accesibles a partir de tan solo 4.000 euros de ingresos al año, pero no estaban pensadas para solteros, sino para que al menos dos personas habiten bajo el mismo techo.

“No entré en ningún sorteo durante tres años, porque no pasaba de 15.000 euros anuales”

Adrián

— Solicitante de pisos de protección oficial en Barcelona desde 2021

Luis consta en el registro de solicitantes de VPO desde noviembre de 2014. Su empresa hizo fallida y se alberga en habitaciones desde hace dos décadas. Ha transitado por una docena de pisos y ahora abona 500 euros por un cuarto en el Camp de l’Arpa. “Estoy agradecido por tener un techo, pero mi urgencia es total -analiza-. Me dijeron que buscara a otra persona para presentarnos juntos por pisos que valen de 600 a 700 euros, pero ni a través de los servicios sociales sale alguien. ¿Qué solución queda? Aún tengo ilusión, pero hace mucho que he superado crearme expectativas que luego no se cumplen”.

Carlos (62 años) afirma que “muchas veces” le han denegado la admisión en los concursos, pese a que hace 15 años que consta en la bolsa de solicitantes. “Dicen que no cumplo las condiciones, pero los que menos cobramos somos los que más necesidad tenemos”, defiende. Percibe 628 euros de una pensión no contributiva y fue desahuciado hace poco de un piso en que se alojaba en un dormitorio. Los servicios sociales del Eixample le han encontrado una pensión en Barberà del Vallès, donde convive con un compañero.

Confiesa que, desde que se apuntó en el registro, ha pasado por habitaciones y pensiones. “He estado de okupa, incluso he vivido en la playa”, revela. Declara que su necesidad de conseguir una VPO es “máxima”. “Tengo un tumor y no quiero morir en una pensión o en la calle, sino en una casa que sea mía -plantea-. Hace muchos años que ya va siendo hora. Siento frustración, pero no tiro la toalla y no voy a borrarme de la lista”.

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