La Sindicatura pide retirar una multa de aparcamiento a un hombre en silla de ruedas cuya tarjeta cayó dentro del coche

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona que retire una multa impuesta a un vecino de 71 años, usuario de silla de ruedas y con movilidad reducida, después de que la tarjeta que acreditaba su derecho a estacionar en una plaza reservada cayera accidentalmente al suelo del interior del vehículo.

El caso, hecho público este jueves por la propia defensoría, se produjo cuando el afectado aparcó en una plaza destinada a personas con movilidad reducida y dejó visible en el parabrisas la correspondiente tarjeta de estacionamiento. Según explicó posteriormente, el distintivo habría caído al suelo mientras sacaba la silla de ruedas del maletero, una maniobra que puede mover el vehículo y desplazar objetos del interior.

Cuando regresó, el coche ya había sido retirado por la grúa municipal.

El ciudadano tuvo que abonar 173 euros para recuperar el vehículo y, posteriormente, recibió además una multa de 200 euros, pese a que presentó alegaciones y aportó la documentación que acreditaba que era titular de una tarjeta plenamente vigente. En total, asumió un coste de 373 euros.

La Sindicatura señala además que el afectado, una persona jubilada, nunca cuestionó la retirada del vehículo ni reclamó el importe pagado por la grúa, sino únicamente el mantenimiento de la sanción una vez demostrada la validez de la tarjeta y el uso legítimo de la plaza reservada.

La tarjeta no era visible, pero estaba en vigor

Tras analizar el expediente y la documentación aportada por el ciudadano, la defensoría concluye que la actuación municipal se ajustó formalmente a la normativa vigente, ya que para utilizar este tipo de plazas la tarjeta debe estar visible desde el exterior del vehículo.

Las imágenes tomadas el día de los hechos y los informes municipales confirmaban que la acreditación no podía verse, motivo por el cual la Sindicatura considera procedente tanto la retirada del coche como la apertura del expediente sancionador.

Sin embargo, la institución discrepa de que el ayuntamiento mantuviera posteriormente la multa pese a que el afectado acreditó de manera documental que disponía de la tarjeta en vigor y que cumplía los requisitos para utilizar la plaza reservada.

En opinión de la defensoría, el caso debía haberse valorado teniendo en cuenta las circunstancias personales del ciudadano, su condición de persona mayor con movilidad reducida y el hecho de que no existiera ninguna voluntad fraudulenta.

“La existencia y vigencia de la tarjeta de aparcamiento, así como la voluntad clara de hacer un uso legítimo de ella”, son elementos que, según la Sindicatura, podían haber permitido llegar a una resolución distinta.

Críticas a una aplicación “poco proporcional” de la norma

La Sindicatura recuerda en su resolución que el derecho a una buena administración obliga a las administraciones públicas a actuar de manera “imparcial, equitativa y atendiendo a las circunstancias personales de cada caso”.

Por ello, considera que convertir “un error involuntario” en una consecuencia no corregible, pese a los esfuerzos del afectado por justificar su situación, puede resultar contrario a principios básicos de proporcionalidad y buena fe administrativa.

La institución subraya además que el ciudadano presentó documentación, acreditó que la tarjeta estaba vigente y abonó el coste de la grúa, por lo que entiende que existía margen para una respuesta administrativa más flexible.

Aunque la defensoría admite que la actuación del Instituto Municipal de Hacienda y de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) estuvo amparada por la legalidad, sostiene que fue “poco respetuosa” con principios como la proporcionalidad, la buena fe y la confianza recíproca entre administración y ciudadanía.

Por este motivo, pide ahora al ayuntamiento revisar el caso, dar audiencia al afectado si fuera necesario aportar más documentación y proceder a la revocación de la sanción.

La Sindicatura defiende que esta sería una solución “más justa, humana y coherente” con los principios que inspiran las políticas públicas de la ciudad.