Condenas de hasta tres meses de prisión por falsedad documental para tres de los diez acusados de la pieza 21 del 'Cas Mercuri'

La sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a tres de los diez acusados en la pieza número 21 del 'Cas Mercuri' por irregularidades en la ampliación de un concesionario en Sabadell en el 2009. El juez concluye que hay tres autores de delitos de falsedad documental: el propietario de la nave, Antoni Sitjas; el asesor de contabilidad, José María Caballero; y el presidente del Gremio de Constructores comarcal y tío del exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. A este último impone tres meses de prisión y una multa de 900 euros. En los dos primeros, un mes y 16 días de cárcel y 360 euros de multa. El resto de acusados han quedado absueltos, entre ellos la ex teniente de alcaldía y ahora directora territorial de Educación, Montserrat Capdevila.

La sentencia considera probado que el concesionario y taller S. Motor SL -propiedad de Sitjas- se amplió en el 2009 con unas obras realizadas por la constructora de Garrido, amigo del empresario "y entonces tío del alcalde de Sabadell", indica el tribunal, que recuerda que las obras se realizaron sin facturas. También señala que la empresa no estaba dada de alta en el impuesto de actividad económica (IAE) en 2009 ni tampoco comunicó la ampliación de superficie a la Agencia Tributaria.

A partir del 2011 sí empezaron a pagar el impuesto, pero la Agencia Tributaria detectó que faltaban los recibos de los años anteriores y que la superficie que estaba declarada en el IAE era inferior a la real. El tribunal indica que el empresario y su asesor de contabilidad, José Maria Caballero, pidieron al constructor que les hiciera una factura "donde se hiciera constar falsamente" que las obras se habían realizado en el 2011, lo que Garrido aceptó.

Ahorro de 2.000 euros en impuestos

Con todo, relata que la secretaria de la empresa y al mismo tiempo hija del constructor se negó, por lo que Garrido respondió a las peticiones de Sitjas buscando la forma de presentar unos albaranes falsos. Pidió a Montserrat Capdevila -vicepresidenta de la Agencia Tributaria de Sabadell- que fueran aceptados. El tribunal precisa que no ha quedado acreditado que el constructor le revelara a Capdevila que las obras se habían realizado dos años antes. También presionó al coordinador de Urbanismo de Sabadell para que le aceptaran los albaranes, pero el juez indica que él tampoco sabía que se estaban burlando los tributos de dos años atrás.

Por último, la sentencia recoge cómo Garrido logró la redacción de una factura falsa emitida por otro empresario -ahora ya difunto-, quien desconocía que el documento implicaba un importante ahorro económico para el concesionario. La factura fue admitida por la Agencia Tributaria y S. Motor SL se ahorró aproximadamente 2.000 euros en impuestos.

La Audiencia de Barcelona apunta a que las condenas a Sitjas y Caballero están atenuadas por dilaciones indebidas -el caso se juzgó este pasado marzo por unos hechos ocurridos hace más de quince años- y también por confesión, y recuerda que el Código Penal prevé conmutarlas por una multa. En este caso, el mes y 16 días de prisión puede sustituirse por 552 euros. En el caso de Melquíades Garrido, el juez también señala que la pena está atenuada por dilaciones indebidas.

Rebaja de penas de la acusación popular

Aparte de los meses de prisión, también les condena a los tres a pagar de forma conjunta y solidaria 2.029,53 euros a la Agencia Tributaria de Sabadell en concepto del IAE que no abonaron correctamente en el momento de los hechos. También tendrán que pagar los intereses de los años 2010 y 2011.

La sentencia rebaja sustancialmente las penas que pedía la acusación popular al inicio del juicio, ejercida por la Plataforma Sabadell Libre de Corrupción (SBDLC), que consideraba a los tres ahora condenados como autores de delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación. La entidad solicitaba que a Garrido se le condenara a tres años de cárcel y 28.000 euros de multa. Para Sitjas y Caballero pedía un año y ocho meses de cárcel y una multa de 24.000 euros. A su vez, la fiscalía los consideraba sólo autores de falsedad documental, mientras acusaba también a Garrido de tráfico de influencias.

En cuanto a los acusados que han quedado absueltos, SBDLC pedía que se condenara a un año y cuatro meses de cárcel y una multa de 4.000 euros a Montserrat Capdevila. Era la segunda teniente de alcaldía y vicepresidenta de la Agencia Tributaria de Sabadell en el momento de los hechos y ahora es directora de los Servicios Territoriales de Educación en el Vallès Occidental.

Para el resto de personas que han quedado absueltas pedían también penas de algo más de un año de cárcel. En los casos de dos acusados con responsabilidades en la Agencia Tributaria también solicitaba inhabilitaciones en el funcionariado de 7 y 12 años. La sentencia no es firme y puede recurrirse.