Durante este 2026
Las ZBE se extienden a cuatro ciudades del área de Barcelona con nuevas moratorias de sanciones para residentes
El veto a los vehículos contaminantes se amplía a Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern
Los aplazamientos de multas ya se han activado previamente en Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma de Gramenet o Castelldefels
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CONTEXTO | Grandes ciudades catalanas se arriesgan a perder millones para su transporte público si no activan sus ZBE este 2025
MORATORIA | Cerdanyola, primera ciudad del área de Barcelona que exime de multas por ZBE a sus residentes hasta el 2028

Las ZBE se extienden a cuatro ciudades del área de Barcelona con nuevas moratorias de sanciones para residentes / MANU MITRU / VÍDEO: EL PERIÓDICO

Este 2026 le llega el turno de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a las ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Una vez superada la errática fase de implantación en las grandes urbes, la polémica medida de veto a vehículos contaminantes para mejorar la calidad del aire aterriza en los municipios medianos. En el perímetro del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), donde nació de forma pionera esta regulación medioambiental, las ZBE se extenderán este año a Sant Vicenç dels Horts; Molins de Rei; Sant Feliu de Llobregat; y Sant Just Desvern. Las cuatro ciudades del Baix Llobregat suman conjuntamente unos 124.000 vecinos.
Como viene siendo habitual, la concreción de estas nuevas ZBE no estará exenta de letra pequeña: los ayuntamientos trabajan para ponerlas en marcha con nuevas moratorias de sanciones para residentes. Los consistorios de Sant Vicenç y Sant Feliu, sin ir más lejos, ya han aprobado inicialmente sus ordenanzas en los Plenos municipales a condición de no multar a sus vecinos empadronados hasta el año 2030 y 2028, respectivamente. Es decir, que los coches sin etiqueta ambiental de estos vecinos podrán entrar en el área de las ZBE sin riesgo a ser multados pese a ser los vehículos más contaminantes.
Por su parte, fuentes municipales de Molins de Rei aseguran que el Gobierno municipal "es partidario" de establecer una moratoria de cara a una ordenanza cuya aprobación está prevista para antes de verano, aunque todavía está en estudio. Y desde el Ayuntamiento de Sant Just explican que el consistorio "no tiene por el momento un proyecto de moratoria sobre la mesa", augurando así que la ordenanza se apruebe inicialmente de cara a verano para implementar una ZBE que cubra toda la superficie municipal.
"Hemos aprobado una moratoria porque la mala calidad del aire no es culpa de los vecinos de Sant Vicenç, sino que el origen está en las infraestructuras que nos atraviesan, como la A-2 y la B-23, con polígonos industriales cercanos", afirma Miguel Comino Haro, alcalde de Sant Vicenç. El edil garantiza la defensa de medidas para mejorar la calidad del aire, pero apunta también a la "falta de respuestas" del servicio de bus y la "la situación económica compleja" del municipio para justificar la moratoria.
El 'modelo Cerdanyola' para moratorias
La fórmula de las nuevas moratoria sigue el modelo de Cerdanyola del Vallès, municipio metropolitano que abrió en el área de Barcelona la veda de las moratorias con el beneplácito del AMB. Al municipio vallesano se han sumado posteriormente otros como Castelldefels o Santa Coloma de Gramenet. El principal argumento para justificar los aplazamientos de multas se basa en las carencias del transporte público para suplir al restringido vehículo privado, muy especialmente en localidades con concesiones no asumidas aún por el AMB. Sin olvidar que, a un año de las elecciones municipales, los alcaldes no se hallan precisamente ávidos de activar una delicada medida que no se caracteriza justamente por ser recibida con los brazos abiertos por la ciudadanía.
Esta nueva hornada de ciudades de entre 20.000 y 50.000 habitantes que activan ZBE parten de un año de retraso, ya que el decreto catalán que las regula exige que las restricciones se apliquen "antes del 1 de enero del 2026", cosa que no ha ocurrido. Ante los sucesivos retrasos, el acelerón de los ayuntamientos está vinculado con que el Gobierno español supedita ahora las ayudas estatales al transporte público a la activación de ZBE. El AMB, por ejemplo, recibe unos 52 millones.
También ejerce como palanca de la medida un anexo de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat que a finales del año pasado se sumó al trajín regulatorio de la medida. En este documento, el Govern detalla los municipios con mala calidad del aire por haber superado los valores legales de contaminación en el periodo 2020-2024.
Sant Vicenç, Molins de Rei, Sant Feliu y Sant Just aparecen entre las que registran superaciones, mientras que hay otras 24 poblaciones que, pese a estar legalmente obligadas a implantar ZBE, quedan liberadas este año por no incumplir los límites de contaminación. "Soy un firme defensor de medidas para mejorar la calidad del aire; en el ámbito de las rondas de Barcelona ha funcionado muy bien", ratifica el alcalde Comino. Aunque, precisa el responsable de Sant Vicenç, estas restricciones deben implementarse de manera coordinada: "Nuestra moratoria responde también a que estamos rodeados de ciudades sin ZBE, como Torrelles de Llobregat o Pallejà, y esa discontinuidad no tendría mucho sentido", puntualiza el alcalde.
2028, el año del veto a los 'etiqueta amarilla'
Los plazos de implantación de las ZBE en Catalunya están muy vinculados con las restricciones a las diferentes etiquetas ambientales. Hasta ahora, el veto a la circulación únicamente se ha aplicado a los vehículos sin etiqueta. El próximo 'momentum' importante para esta política a nivel catalán ocurrirá en enero del 2028, cuando la normativa catalana aplicable prevé que las ZBE se activen también para los vehículos con etiqueta B (amarilla).
De hecho, el AMB ha incluido la previsión del 2028 en su nueva hoja de ruta de movilidad urbana de cara al 2030. Se espera que, una vez pasadas las elecciones municipales del 2027, sea Barcelona capital la que abra la lata de las etiquetas amarillas, como ya ocurrió con la originaria ZBE Rondas que compartían la capital, L'Hospitalet, Cornellà y Esplugues de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.
La singularidad del veto a los 'etiqueta amarilla', que explica las reticencias de los ayuntamientos, es que afecta a un importante segmento de vehículos en las ciudades con parques de vehículos más envejecidos. Según datos de matriculaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), la suma de vehículos sin etiqueta y 'etiqueta B' afecta a más de la mitad del parque de vehículos en grandes ciudades como Barcelona; L'Hospitalet; Terrassa; Badalona; Sabadell; o Mataró.
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