El Govern dota a la Catalunya rural de 9 millones para técnicos que ayudarán a agilizar la vivienda

El Govern ha aprobado este martes el decreto ley que despliega el Estatut dels Municipis Rurals y pone en marcha un nuevo modelo urbanístico específico para la Catalunya rural. La norma introduce herramientas de planeamiento más simples, flexibiliza requisitos urbanísticos y facilita la rehabilitación de viviendas y la contratación pública de los municipios rurales, con el objetivo de combatir el despoblamiento y reducir la burocracia administrativa.

En paralelo, el Executiu ha anunciado una nueva línea de ayudas dotada con 9 millones de euros para que los ayuntamientos de municipios rurales puedan contratar equipos técnicos externos que refuercen la gestión urbanística y aceleren la tramitación de proyectos de vivienda y rehabilitación. Esta nueva línea se suma a una primera, también de 9 millones, que el ejecutivo liderado por Salvador Illa puso en marcha en 2025 en el contexto del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC), precisan fuentes del Govern.

En esta ocasión, el secretario de Governs Locals, Xavier Amor, ha explicado que la medida responde a una de las principales dificultades estructurales de estos municipios: la falta de personal técnico propio. Según ha señalado Amor, el objetivo es que los ayuntamientos puedan incorporar apoyo especializado externo para agilizar procedimientos urbanísticos que les permitan crear vivienda. Unas tramitaciones que, en muchos casos, se ven ralentizados por la falta de recursos. Amor ha enmarcado esta iniciativa dentro del despliegue de la legislatura y del Estatut dels Municipis Rurals.

Desde el ámbito municipalista, el coordinador de Eines de Repoblament Rural y alcalde de Montgai (Noguera), Jaume Gilabert, valora positivamente el anuncio y subraya las dificultades económicas y humanas que afrontan los pequeños municipios. Gilabert explica que, al no disponer de técnicos en plantilla, muchos ayuntamientos dependen de los consells comarcals o de servicios externos, lo que genera costes difíciles de asumir.

El edil sitúa esta asistencia en torno a los 40.000 euros por municipio rural, una ayuda que permitiría aliviar la carga financiera de estos consistorios. Esta línea de financiación se dirigirá a municipios de menos de 2.000 habitantes y permitirá sufragar perfiles como arquitectos, urbanistas o ingenieros para apoyar la tramitación de licencias, proyectos y planeamientos.

Urbanismo a medida para el mundo rural

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicado que el nuevo modelo de “urbanismo rural” adapta la normativa a la realidad de los pequeños municipios y simplifica de forma significativa los instrumentos de planeamiento. La reforma introduce el llamado “POUM rural” y otras figuras específicas que reducen cargas administrativas, eliminan trámites innecesarios y evitan, en muchos casos, la necesidad de planes generales complejos.

El objetivo, ha señalado, es favorecer el arraigo de población en los más de 580 municipios rurales de Catalunya y permitir crecimientos justificados cuando sean necesarios, además de facilitar la rehabilitación de viviendas y flexibilizar determinadas exigencias urbanísticas.

Por su parte, la secretaria general de la Presidència, Eva Giménez, ha destacado que la reforma pone el foco en la simplificación real de los procedimientos, especialmente en la gestión de licencias urbanísticas. Giménez ha recordado que muchos planeamientos municipales han sufrido retrasos de hasta una década debido a la complejidad de los informes ambientales y sectoriales. Con el nuevo sistema, el Govern aspira que muchas actuaciones podrán resolverse directamente mediante licencias municipales, reduciendo la dependencia de largos procesos de planeamiento y agilizando la toma de decisiones.

Dos nuevas figuras urbanísticas

El decreto crea dos modalidades de planeamiento adaptadas al mundo rural. Por un lado, las “normas de planeamiento”, dirigidas a municipios que no prevén crecimiento y que solo necesitan ordenar su suelo urbano existente, con una tramitación mínima. Por otro, el “POUM rural”, destinado a municipios con crecimientos moderados, con menos exigencias documentales y una tramitación más ágil. El Govern deja margen a cada municipio para definir qué entiende por "crecimiento moderado" según su realidad territorial. La norma también flexibiliza el uso de construcciones en suelo no urbanizable. Los ayuntamientos podrán inventariar edificaciones rurales como masías o pajares para darles nuevos usos, incluso si no forman parte del catálogo patrimonial.

Estas edificaciones podrán destinarse a vivienda, actividades económicas o usos profesionales vinculados al territorio, siempre dentro de conjuntos edificados. Además, se permitirá su ampliación hasta 150 metros cuadrados mediante licencia, siempre que se garantice la integración paisajística. También se regulan los “vecindarios rurales tradicionales”, núcleos históricos en suelo rústico que podrán rehabilitarse mediante procedimientos simplificados.

Menos burocracia y más autonomía municipal

El Govern subraya que muchas actuaciones que antes requerían complejos procesos de planeamiento pasarán a resolverse mediante licencias municipales. El Executiu reconoce que algunos planes urbanísticos han llegado a tardar hasta una década en aprobarse. El secretario de Governs Locals, Xavier Amor, ha defendido que el decreto responde a “reivindicaciones históricas” del mundo municipalista rural y supone un cambio de etapa: de la complejidad administrativa a la simplificación y las soluciones.

El Govern confía en que la combinación del nuevo POUM rural y el refuerzo técnico permita desbloquear proyectos de vivienda, rehabilitación y actividad económica en los 587 municipios rurales de Catalunya y avanzar en la lucha contra el despoblamiento.

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