El calvario de desguazar un barco: cuesta 1.800 euros y hasta un año de burocracia

Mantener una embarcación en condiciones es una inversión constante: tasas de amarre, pupilaje y mantenimiento periódico suponen un gasto que muchos propietarios, llegados a un punto, no pueden afrontar. Cuando la nave se degrada hasta perder su valor de mercado y la venta se vuelve imposible, la única salida legal es el desguace. Sin embargo, es aquí donde comienza un segundo calvario económico y administrativo.

Desguazar una embarcación de las pequeñas, de apenas siete metros, cuesta "unos 1.800 euros", estima Femevi, empresa que desguaza cerca de un centenar de barcos al año. Advierte que la cifra aumenta considerablemente si hay que transportarla a más de 50 kilómetros. Con todo, el verdadero "cuello de botella" es la gestión administrativa ante la Capitanía Marítima, órgano dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Según esta empresa especializada, la autorización de baja puede demorarse desde semanas hasta un año entero.

Cola inmensa

“Tenemos una cola inmensa de barcos esperando completar la autorización”, afirma Cristian Moreno, CEO de Femevi. Durante este tiempo de espera, el propietario está obligado a seguir pagando el amarre o el depósito, un gasto insostenible para quien ya ha decidido destruir el barco por falta de recursos.

Ante la desesperación por los costes acumulados, muchos propietarios optan por desguazar la nave primero y entregar después el certificado de destrucción para tramitar la baja, una práctica que rechaza la administración. “No hay consciencia de que se tarda muchísimo, cuando hay mucha gente que tiene otras necesidades y no puede esperar”, señalan desde Femevi.

La situación se ha agravado en los últimos seis meses con una nueva exigencia: una vez obtenida la autorización, se debe comunicar con 15 días de antelación el desguace por si la Inspección Marítima decide personarse. La empresa asegura que en Francia, Holanda y el Reino Unido, entre otros muchos países, se achatarran los barcos sin tantos problemas: se llevan al desguace y luego se dan de baja.

Normas de 1966

El sector reclama que el procedimiento se equipare al del achatarramiento de los coches, donde un gestor autorizado puede tramitar telemáticamente una baja en cinco minutos. El diagnóstico de los profesionales es tajante: “Si no hay gente para realizar los trámites, que no pongan tantas trabas. Estas normas rigen desde 1966 y hay que ponerlas al día”, subrayan.

Cuando finalmente se logra ejecutar el desguace —ya sea en el varadero o en instalaciones especializadas—, el protocolo es estrictamente medioambiental. Primero se extraen todos los agentes contaminantes (combustible, aceites y aguas residuales) para, posteriormente, proceder a la destrucción física de la estructura y el traslado de los restos a una planta de residuos autorizada.

Los puertos asumen el problema

Ante tantas dificultades, lo que sucede en buena parte de los casos es que el propietario abandona la embarcación. Los puertos deben entonces hacerse cargo y tramitar un expediente de abandono. El proceso suele demorarse dos años —pudiendo llegar a cuatro o hasta seis si el propietario es extranjero—, y queda bloqueado si la nave tiene cargas judiciales. Para iniciarlo, la ley exige al puerto acreditar seis meses de impago e inactividad. Entonces "ya acumula una deuda considerable con el puerto", explica el abogado Eduard Solà, de BA Advocats, despacho especializado en derecho portuario.

Lentitud del procedimiento

Para los puertos "la prioridad es sacarlos de sus instalaciones", explica Solà, pero el cauce legal que establece la Llei de Ports de Catalunya es lento al ser "garantista". Debido a la lentitud de los trámites para poder desguazarla, "existe el riesgo de que, durante el procedimiento, el barco ya se haya hundido en el propio amarre", afirma Solà.

Posible solución

Su despacho propone utilizar el derecho de retención notarial, que regula el Código Civil de Catalunya, como una alternativa rápida al lento proceso administrativo actual. Esta fórmula permite al puerto disponer de la embarcación para su venta o desguace en solo dos o tres meses tras un aviso por burofax al propietario. Actualmente, los puertos deportivos catalanes están a la espera de que Capitanía Marítima valide oficialmente este procedimiento para agilizar la liberación de amarres.

Ley por delante

Pese a las dificultades en la gestión de los trámites, la ley catalana está más avanzada respecto a la estatal, que no cuenta ni tan siquiera con la opción de tramitar expedientes de abandono. Ya se está promoviendo que la ley estatal introduzca medidas similares a la fórmula de retención notarial que se está impulsando en Catalunya. La conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica confirma que en Catalunya el próximo Reglamento de desarrollo de la ley de puertos "permitirá disponer de un marco normativo aún más completo y operativo".

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